Luego de seis meses de discusiones, el Ministerio de Energía se puso al día con una de las tantas materias pendientes en el sector energético: el descongelamiento de la tarifa eléctrica. Un proceso para el cual el Ministro de Energía, Diego Pardow, y los senadores de la Comisión de Minería y Energía, pactaron una hoja de ruta que contemplaba la presentación de un proyecto para mejorar los mecanismos de estabilización tarifaria vigentes, antes de proceder a dictar el decreto tarifario correspondientes al primer semestre de 2023. Dicho acto, que concretará los ajustes a la tarifa eléctrica que se mantienen pendientes, podría traducirse en alzas de entre 8% y 88% para los hogares, según la Comisión Nacional de Energía (CNE).

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Sin embargo, previendo el impacto de la acumulación de decretos pendientes, las autoridades acordaron avanzar en paralelo con la creación de un subsidio focalizado en los 850 mil hogares de mayor vulnerabilidad, mientras se ajustaban los parámetros definidos previamente servir la deuda que se ha acumulado con las generadoras durante los últimos cuatro años.

Esencialmente, las cuentas de luz que pagan los clientes regulados se mantienen en los niveles de 2019, previos al estallido social, cuando se dictó una ley, conocida como PEC 1 que anuló el alza promedio de 9,2% registrada en la segunda mitad de ese año. El fondo de US$1.350 millones creado para cubrir las deudas asumidas por las empresas de generación se volvió insuficiente con la pandemia, y en agosto de 2022, otra ley creó un nuevo fondo por US$1.800 millones adicionales, denominado Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente (MPC). Pero como los decretos que debían descongelar las tarifas en 2023 no llegaron, la deuda continuó escalando -en medio alzas en los costos de las empresas, principalmente el combustible, el gas y el carbón, además del dólar-, y según estimó Generadoras de Chile, llegó a US$6.000 millones.

Todo este embrollo fue finalmente abordado por el gobierno que, con varias semanas de retraso, finalmente ingresó este martes al Senado el proyecto de estabilización tarifaria comprometido para noviembre con los legisladores. El mensaje, que ingresó con discusión inmediata y debería verse en la sesión de la comisión de este miércoles, describe los tres ejes de la iniciativa: una normalización gradual de las tarifas de energía eléctrica; certeza y simplificaciones en la operación de los mecanismos actualmente vigentes; y abordar los incrementos en el costo de la vida que este proceso tiene, enfocándose en las familias más vulnerables.

Para ello, el proyecto busca establecer cargos fijos a los clientes regulados que permitan servir la deuda acumulada con las empresas de generación. En concreto, se propone el límite para el MPC pase desde los US$1.800 millones originales a US$5.500 millones, explicitando que dichos recursos se destinarán para el pago de los saldos restantes.

Para financiar dicho fondo, se propone que desde el proceso tarifario de 2024 y hasta 2027, los clientes vean un cargo fijo adicional en sus cuentas de $22 por cada KWh consumido, el que bajará a $9 por cada KWh desde 2028 y hasta 2035, fecha en la que se espera la deuda sea extinguida.

Los montos del cargo MPC podrán variar en caso que el dólar fluctúe, tanto en una dirección como otra, en más del 10% en un período de doce meses. La CNE también podrá realizar ajustes al cargo MPC en 2026 y 2027 a fin de extinguir los saldos del PEC1, y entre 2028 y 2035 para extinguir los saldos del MPC.

“El proyecto presentado nos parece que se hace cargo de la actual realidad del sistema tarifario, no obstante consideramos que es clave para la óptima y oportuna ejecución de esta ley, una vez aprobada en el Congreso, que se emitan los decretos de acuerdo a los plazos establecidos en la ley. De lo contrario, la distorsión al sistema de tarifas y contratos seguirá mermando los recursos necesarios en el proceso e inversión en la transición energética”, comentó Camilo Charme, gerente general de Generadoras de Chile.

La iniciativa además contempla descongelar, gradualmente, las tarifas de distribución eléctrica, que también fueron congeladas en 2019. Mientas las cooperativas podrán descongelar sus cargos en forma inmediata a la publicación del próximo decreto tarifario, las demás distribuidoras deberán hacerlo en forma diferenciada. Para el primer semestre de 2024 se mantendrán los precios vigentes, pero ya para el segundo, la actualización será con un límite del 10% del cargo del Valor Agregado de Distribución (VAD). Al semestre siguiente, el primero de 2025, dicho límite subirá al 20%, para luego actualizarse totalmente.

Dado que todo lo anterior se traducirá en aumentos de las cuentas de la luz, se establece para los años 2024, 2025 y 2026 un subsidio transitorio para los hogares vulnerables. Dicho pago tendrá un efecto fiscal. Para llegar a los 850 mil hogares de mayor riesgo, se considera una canasta básica energética familiar de 130 KWh, cobertura que focaliza el mecanismo en el tramo del 40% de familias más vulnerables.

El financiamiento de subsidio contempla un desembolso anual cercano a los US$120 millones, de los cuales US$100 millones provendrán del Fondo de Estabilización de Tarifas, que se financia con cargo al Cargo por Servicio Público (CSP) –que se aplica desde 2017-, mientras que los US$20 millones restantes se financiarán con cargo al Tesoro Público.

El ministro Pardow destacó el trabajo que hubo para llegar a este proyecto. “El gobierno del Presidente Boric, a comienzos de su mandato, realizó un compromiso con las familias del país: hacerse cargo del alza del costo de la vida. Por eso, este proyecto viene a aportar a la ratificación de este compromiso ya que sabemos que las alzas proyectadas pueden impactar duramente en los presupuestos familiares y, en especial, a las familias vulnerables”.