Tal como lo comprometió la semana pasada el ministro secretario general de Gobierno, Giorgio Jackson, el gobierno ingresó este lunes al Congreso una reforma constitucional que establece explícitamente que los fondos de pensiones que están en la cuentas individuales son de propiedad de los afiliados y que no se pueden expropiar por ley.

La iniciativa indica además que las prestaciones de seguridad social se financiarán con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias en la forma en que establezca la ley, y que los fondos que se acumulen producto de las cotizaciones obligatorias solo podrán destinarse a fines previsionales. Eso sí, dentro de la categoría “fines previsionales” también se contempla la administración de los fondos y el pago de pensiones alimenticias.

En concreto, la reforma constitucional del Ejecutivo agrega dos párrafos nuevos al artículo 19 Número 18 de la Constitución Política de la República.

En primer lugar, dice que “las prestaciones de seguridad social se financiarán con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias, en la forma y condiciones que establezca la ley. Los fondos originados en las cotizaciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales. Para estos efectos, también se entenderán dentro de los fines previsionales la administración de los fondos y el pago de pensiones alimenticias, en la forma que determine la ley”.

Y agrega que “sin perjuicio de los componentes propios de la seguridad social que integren el sistema, se garantizará siempre la propiedad del afiliado (a) respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros”.

En los antecedentes que enseña el proyecto, la reforma dice que desde hace años hay consenso en que hay que reformar el sistema de pensiones, pero hasta ahora solo ha habido reformas fallidas. Así las cosas, “con ocasión de algunas de las alternativas de reforma que se han promovido en los últimos años, en el debate público se ha levantado una preocupación respecto del destino de los fondos previsionales de las y los trabajadores (as) que corresponden a sus cuentas de capitalización individual y la propiedad sobre ellos”.

Es por esto que en los fundamentos de la iniciativa, se detalla que esta reforma constitucional “busca hacerse cargo de la preocupación existente por los fondos ahorrados al día de hoy por las y los trabajadores (as) en sus cuentas de capitalización individual frente a una futura reforma de pensiones”.

Y añade que “establecer expresamente el derecho de propiedad sobre los fondos ahorrados en las cuentas de capitalización individual en la Constitución implica dotarlo de un nivel de protección adicional, excluyendo además la posibilidad de expropiarlos por ley. Esta restricción, de carácter absolutamente extraordinario en nuestro ordenamiento jurídico, se incorpora de manera explícita con el fin de otorgar completa certeza a las y los afiliados (as) sobre la inexpropiabilidad de sus ahorros previsionales”.

También dice que “como consecuencia de esta garantía, la heredabilidad de estos fondos se seguirá rigiendo por las reglas antes descritas”.

Previo al ingreso de la iniciativa del gobierno, la ministra Camila Vallejo indicó que ni el Ejecutivo, ni la Convención ni los parlamentarios oficialistas buscan expropiar los fondos de los trabajadores.

“Ni el gobierno, ni la Convención, ni los parlamentarios de las coaliciones de gobierno están buscando la expropiación de los fondos. Eso no está en nuestra agenda, no está en nuestras intenciones, no está en nuestra voluntad ni en nuestra imaginación. Y eso lo ha demostrado tanto la Convención como lo estamos demostrando con esta medida”, dijo la ministra Vallejo en La Moneda.

La reforma constitucional del gobierno se da a conocer en detalle el mismo día en que la Cámara de Diputados someterá a votación los proyectos de retiro de fondos previsionales, uno que propone un quinto retiro en condiciones similares a los tres que se han aprobado previamente, y otro del gobierno que busca ser más acotado.

Esta reforma constitucional para declarar inexpropiables los dineros en cuentas de AFP había sido uno de los temas que pusieron como condición varios parlamentarios de oposición para rechazar el quinto retiro propuesto por diputados.