Optimista estaba en la mañana de este lunes el ministro de Hacienda, Mario Marcel: “Las reuniones van bastante bien encaminadas”, dijo luego del comité político en La Moneda. Es que el objetivo del gobierno era tener listo el proyecto esta semana para ingresarlo al Congreso y comenzar la discusión durante la próxima.
Y así fue. La reunión comenzó a las 15 horas y se transformó en una de las más extensas desde que comenzó la mesa de negociación. En varios momentos de la cita, los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezados por su presidente David Acuña, se levantaron de la reunión para ir a una sala contigua y analizar las propuestas del Ejecutivo.
La idea original del gobierno apuntaba a subir el salario mínimo de $350 mil a $400 mil en dos tantas de $25 mil. Un incremento en mayo y otro a fines de año. En cambio, para la CUT, su petitorio consideraba dar un salto inicial en mayo, superior a $25 mil y lograr los $400 mil en septiembre y otro reajuste automático en enero de 2023.
El Ejecutivo, representado por los ministerios de Hacienda y Trabajo, tomó nota de esa propuesta de la multisindical y fue incluso más allá de lo que esperaban en la CUT: adelantó la llegada a la meta y anunció que el proyecto de ley que se ingresará al Congreso incluye pasar de los $350 mil a $380 mil desde el 1 de mayo, y alcanzar los $400 mil en agosto. Esto se traduce en un incremento del orden de 14%.
Asimismo, según explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, si la inflación termina el año sobre 7%, habrá otro reajuste automático de $10 mil en enero, llegando el mínimo a los $410 mil. De alcanzar ese monto, significaría un aumento de 17%.
El acuerdo incluye, sin especificar la fórmula, una compensación transitoria a las micro, pequeñas y medianas empresas, destinada a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo mensual, sin especificar detalles.
El gobierno destacó que el aumento del salario mínimo concordado es el alza más alta en 25 años, y, además, hace 6 años que la CUT no llegaba a acuerdo con el gobierno en esta materia.
Ayuda focaliza para precio de los alimentos
Dentro del anuncio también se entregó la forma en que se ayudará a los sectores de menores recursos a sortear los altos precios de los alimentos.
Primero, se establecerá un Observatorio del Valor al Público de la canasta básica de alimentos, el que será implementado por el Servicio Nacional del Consumidor, el que reportará públicamente al Consejo Superior Laboral. En caso de detectarse anomalías en el comportamiento de estos precios, éstas serán informadas a la Fiscalía Nacional Económica o al organismo que corresponda.
Y lo segundo y más inmediato, es que se entregará un subsidio compensatorio del aumento del valor de la Canasta Básica de Alimentos, el que se calculará mensualmente con base en la variación del valor nominal de dicha canasta en los 12 meses previos. Este beneficio se otorgará por causante de Asignación Familiar o Subsidio Único Familiar y se pagará conjuntamente a través de estos instrumentos entre mayo y diciembre de 2022. El primer pago incluirá, excepcionalmente, un mes adicional por trabajador con carga.
Para este efecto se considerará la Canasta Básica de Alimentos calculada por el Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo a Hacienda, en el primer mes este bono equivaldrá a $6.410 por carga. Es decir, si en un hogar hay 4 personas que reciben bonificación por el SUF reajustado, se sumarán $25.640 al Subsidio, por lo que en total percibirá un monto de $88.028.
Otro de los puntos que incluye el acuerdo es una agenda de mediano plazo. Esta incorpora enviar al Parlamento un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de ingreso al Seguro de Desempleo de la Ley N° 19.728 e incrementa el monto de sus prestaciones.
Asimismo, se dijo nuevamente que se creará una mesa técnica de trabajo con todos los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas, para considerar su diseño y gradualidad. Y que para 2023, se enviará al Parlamento un proyecto de ley que modifica las normas sobre el derecho colectivo del trabajo, particularmente en lo referido al ámbito y nivel de la negociación colectiva.
Por último, como forma de avanzar en espacios libres de acoso y violencia de género, incluyendo al mundo laboral, se propondrá al Parlamento la ratificación del Convenio 190 de la OIT (C190).
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, detalló que el costo fiscal tanto por las medidas del subsidio a las pymes, como por los recursos destinados a la canasta de alimentos, asciende a $270 mil millones de pesos y se financiará con el Fondo de Emergencia Transitorio. Esto equivale a unos US$325 millones. Cabe recordar que, según un informe del Obsevatorio del Contexto Económico de la UDP, los recursos disponibles para nuevas ayudas sin salirse del marco presupuestario 2022 llegan a unos US$ 1.200 millones, sin considerar reasignaciones.
Primeras reacciones
Los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas no quedaron conformes con este anuncio. La molestia principal radica en que no fueron escuchados, considerando, además, que son las que más pagan el salario mínimo. “La CUT no representa a los trabajadores de las mipymes, pero el gobierno negocia con ellos”, afirmó la presidenta de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa y Empresarios, Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de Chile (Unapyme) Gianina Figueroa, quien agregó que “finalmente, los que más tienen relación con el sueldo mínimos fueron oídos, pero no escuchadas. Fuimos excluidos”, reclamó la dirigenta
Pero sus descargos no se quedaron ahí, ya que añadió que “el gobierno escuchó la opinión de las pymes una hora antes de que ellos anunciarán lo que tienen resuelto con la gran empresa y la CUT. Las pymes son las que deberán pagar al 70% de los trabajadores que tienen hoy el sueldo mínimo. Y no se sintieron consideradas en la discusión. La propuesta del gobierno que hoy día presenta es distinta de la que nos presentó hace 10 días el ministro de Economía, Nicolás Grau”.
Figueroa se refiere a la reunión que más temprano sostuvieron con la ministra del Trabajo, donde le expusieron la fórmula para el subsidio que ellos preferían.
“Lo que le propusimos a la ministra es que el alza del salario mínimo fuera de una sola vez en mayo, es decir, un incremento de $50 mil, y que nosotros pagáramos el IPC acumulado a abril, de 4,8%. Eso equivale a $16.800 y la diferencia, de $33.200, lo ponga el gobierno hasta fines de 2022″, explica el Tesorero de Unapyme, Lautaro Martínez.
¿Y cuál es la diferencia con la propuesta del gobierno? Martínez sostuvo que tal como está planteada la fórmula del Ejecutivo, haría que el costo mayor recayera en las pymes. En ese sentido, precisó que al dividir el pago en dos alzas de $25 mil, y que el gobierno se preocupara del monto sobre la inflación, haría que el subsidio fuera de $8.200, mientras que las pymes pagarían $16.800 para la primera cuota.
Martínez acota que “para la segunda alza de $25 mil, que no está claro cuándo será, a la inflación de 4,8% se le debe sumar lo que se acumule, por ejemplo, a septiembre, que seguramente estará cerca del 7%, lo que haría que casi toda el alza fuera cubierta por las pymes y con un subsidio bastante menor”.
Desde la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) tampoco les pareció positivo el acuerdo: “Rechazamos la forma de negociación de salario mínimo que se acordó entre el gobierno y la CUT, a espalda de los gremios pymes que son los que generan el 70% de los sueldos mínimos y el 53% de los empleos del país”.
Desde el mundo político, el senador RN, José García Ruminot, subrayó que “es alentador que, en medio de tanta incertidumbre, se logre un acuerdo sobre reajuste de salario mínimo entre la CUT y el Ejecutivo. Esperamos durante la discusión parlamentaria poner especial acento en el actual subsidio de Ingreso Mínimo Garantizado, de manera de asegurar mayores niveles de renta, particularmente en trabajadores de pequeñas empresas, con mayores dificultades para pagar remuneraciones más altas. Nos interesa sobremanera proteger el empleo formal y evitar a toda costa los trabajos sin previsión social”.
No obstante, indicó que “se debe estudiar con especial dedicación el anunciado mecanismo de protección frente a las reiteradas alzas en el costo de la canasta familiar, las que parecen muy débiles frente a una inflación agresiva”.
