Tras varias semanas de reuniones entre el Ejecutivo, parlamentarios y empresas del sector eléctrico, este lunes el gobierno anticipó su propuesta para establecer un subsidio focalizado a las familias más vulnerables del país, ante el incremento en la tarifa eléctrica que comenzará a regir en 2024.

En una propuesta que el ministro de Energía, Diego Pardow, socializó con las empresas del sector detalló el diseño tanto del subsidio como del mecanismo de financiamiento necesario para allegar los recursos que serán focalizados a los grupos vulnerables. La propuesta busca entregar un subsidio eléctrico sobre la base de una canasta básica energética familiar de alrededor de 130 kWh/mes.

Para decidir el plan de subsidios, el ministerio de Energía enumeró en su presentación a las empresas varios antecedentes: entre ellos, que 6,5 millones de hogares podrían ver incrementados sus gastos en electricidad en al menos un 8%, según el último informe técnico preliminar de precios de nudo promedio emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE). El alza será de un 14% en promedio para los clientes cuyo consumo de electricidad sea menor a los menos de 350 kW al mes, pero para los clientes de mayor consumo, sobre 500 kW, podría llegar a un 48%.

Además, Energía argumentó que la brecha de pobreza energética ha aumentado en su componente de asequibilidad, en relación al impacto que tiene el gasto en suministros energéticos dentro de la economía doméstica de los hogares, y que la Política Energética Nacional 20250 se propone que los hogares tengan un gasto energético que no sacrifique otras necesidades básicas.

Entre los potenciales beneficiarios del subsidio se cuentan los hogares que se encuentren en el tramo del 40% de hogares más vulnerable del país, que de acuerdo a la calificación socioeconómica determinada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, superan los 4,2 millones de familias. De ese universo, la propuesta se focaliza según criterios de vulnerabilidad, que considera mujeres jefa de hogar, viviendas en zonas rurales aisladas, los hogares que tienen electrodependientes u otro tipo de hogares que tengan asignaciones del Estado como el aporte familiar permanente.

En el detalle, dentro de los supuestos que maneja el Ejecutivo para el diseño de su propuesta, se tiene que un subsidio de unos US$ 200 millones, con un tipo de cambio de $900, y considerando la canasta básica energética de 130 kWh. Así, el costo anual de la canasta básica ascendería a $124.800 por familia, beneficiando a 1.442.308 hogares. La cifra equivaldría al 44% de las cuentas tipo de la electricidad de ese segmento.

El mecanismo será complementario al Mecanismo de Protección al Cliente, creado por la Ley MPC, que permitió contener un alza inminente en las tarifas eléctricas a inicios del año 2022 al segmento de menor consumo eléctrico. Sin embargo, la nueva fórmula marca una diferencia notoria con dicho mecanismo, donde las estimaciones apuntan a un error de inclusión del 57% de la población de mayores recursos, y la exclusión del 1%. Se estima que 318.000 personas (55.537 hogares) pertenecientes al 40% más vulnerable del país tiene consumos sobre 350 kWh.

Uno de los aspectos cruciales para definir en la propuesta del Ejecutivo pasaba por conocer el origen de los recursos para financiar el subsidio. Según la presentación realizada por Pardow este lunes, la propuesta busca generar una aumento transitorio de la tasa del Impuesto Verde, que grava las emisiones de contaminantes de fuentes fijas. En la actualidad, las generadoras que usan carbón son las principales empresas que generan la recaudación por dicho concepto, y que establece un cargo de US$5 por cada tonelada de CO2 liberada a la atmósfera.

La propuesta del Ejecutivo busca establecer una sobretasa de entre US$ 1 y US$ 5 sobre el cargo actual. Es decir, ello dejaría el cargo a las carboníferas en hasta US$10 por cada tonelada de CO2.

De acuerdo con las estimaciones que presentó Pardow, el aumento de la tasa al impuesto verde agregaría una recaudación de hasta US$106 millones en 2024 y de hasta US$112 millones en 2025.

En la presentación, el secretario de Estado remarcó que la modificación al gravamen tiene una mera finalidad recaudatoria y que dicho diseño no supone modificaciones estructurales a la determinación del costo variable. Además, propuso el establecimiento de una nueva mesa técnica para habilitar la discusión posterior de una reforma estructural al impuesto verde.

En el financiamiento total, cerca de US$100 millones anuales provendrían del componente de Cargo al Servicio Público, establecido por la Ley MPC, el cual ya está en vigencia, por lo que su cargo no sufriría modificaciones. Sin embargo, una parte de su recaudación sería redestinada al financiamiento del nuevo subsidio. Cabe recodar que, tras las interiores leyes de estabilización de la tarifa eléctrica, se generó una deuda con las empresas de generación eléctrica, cuyas estimaciones superan los US$5.000 millones.