Era una promesa que estaba en el programa de gobierno. Fue mencionada en la primera Cuenta Pública que el Presidente Gabriel Boric dio en 2022. Luego en la de 2023 no estuvo dentro de las prioridades de la agenda laboral, pero desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se apuraron en decir que ese compromiso seguía vigente y que el gobierno ingresaría un proyecto antes del 1 de mayo de este año. Eso no llegó.
Sin embargo, los ministerios del Trabajo y de Hacienda la reactivaron en el marco de un nuevo acuerdo que tuvo este martes con la CUT: “Se desarrollará durante el tercer trimestre, un diálogo tripartito sobre la regulación de la negociación colectiva multinivel. Concluido este proceso, el gobierno formulará una propuesta legislativa que se presentará en lo que resta de 2024. Esta propuesta buscará garantizar plenamente la libertad sindical ajustándose a los estándares internacionales que buscan fortalecer, a través de mayor diálogo, la democracia laboral y promover desarrollo económico justo y equitativo, enfoque que también busca mejorar la productividad a través de la participación directa de las organizaciones sindicales y empresariales”, dice el documento firmado entre las partes.
Este tema volverá a estar nuevamente entre los que anunciará el Presidente Boric este sábado 1 de junio, cuando entregue su tercera Cuenta Pública al país. De esta manera, el Ejecutivo espera relevar este compromiso con el mundo sindical y que ha sido un constante demanda por parte de la CUT.
Desde el Ejecutivo, afirman que la idea es que en la mesa tripartita participen los empresarios, trabajadores y la CUT con el propósito de llegar con una propuesta consensuada y que sirva de base para la elaboración del proyecto de ley que se ingresará en el último trimestre de este año.
Quienes conocen del tema afirman que la implementación será gradual y que hay sectores más preparados para una negociación colectiva ramal, puesto que cuenta con sindicatos más consolidados y representativos y con empleadores están bien organizados. Entre esos sectores está la minería, el comercio y los bancos.
La experiencia de las negociaciones colectivas ramales en otros países apuntan a fijar un piso mínimo por sector productivo, según la realidad económica que cada uno de ellos tenga. Desde ahí comenzar a elevar los estándares con nuevas negociaciones que tiene cada empresa en particular. En ningún caso se busca que no reemplace la negociación por empresa.
Si bien el presidente de la CUT, David Acuña, valoró el compromiso del gobierno, afirmó que el avanzar “la conversación con el gobierno sobre este tema no ha sido fácil y ha habido resistencia por parte del Ejecutivo para enviar un proyecto de ley. Uno de nuestros intransable para firmar el acuerdo era poner una fecha para el ingreso del proyecto de negociación ramal, y por eso queda acotada dentro de este año. Ya se había anunciado para el 1 de mayo, pero no se presentó nada. Ahora con este trabajo previo con las organizaciones empresariales esperamos que el gobierno ingrese el proyecto para ir a discutirlo al Parlamento”.
Acuña evita entregar cuál es la propuesta que está planificando la CUT, ya que “queremos preparar nuestra propuesta antes de plantearla. Estamos esperando los resultados de los estudios que se están haciendo, porque surgen algunas preguntas también entre ellas, como quiénes son los que van a negociar o si será de manera similar para las grandes, medianas y pequeñas empresas. Todas esas preguntas debemos ir respondiéndolas en estas mesas de trabajo tripartita”.
En ese sentido, añadió que “tenemos que ver nuestros lineamientos que ya conversamos de manera sindical y tener una opinión más concisa de lo que entendemos como negociación ramal entendiendo que esto es también un cambio cultural que tiene que ir de la mano con las organizaciones sindicales, pero también con las organizaciones empresariales”.
La visión empresarial
Entre los representantes del sector privado consideran que esta no es la agenda laboral que necesita el país dada la situación económica y de empleo. Por ello manifiestan desde ya sus reparos.
Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) afirman que si bien desconocen los alcances específicos que tiene esta propuesta, “preocupa avanzar en medidas que rigidicen la relación entre trabajadores y sus empresas. Sin un sistema laboral flexible, las negociaciones multinivel tendrán efectos contraproducentes en una mayor participación laboral formal”.
También mencionan que “pueden dificultar un diálogo que incluya las distintas realidades de los trabajadores y sus empresas, complejizando las relaciones laborales”. Por ello, a subrayan que “es fundamental pensar en un sistema laboral que incremente la confianza entre las partes para sostener un diálogo efectivo”.
Para el gremio industrial, “el gobierno debe priorizar y poner sus esfuerzos en aquellos que tienen impacto en mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad de las empresas, y con ello impulsar el crecimiento económico, como por ejemplo la reducción de la informalidad laboral y el incremento de la participación laboral femenina”.
Una línea similar es la que entregó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien sostuvo que “me parece que avanzar en una agenda laboral entre el gobierno y los trabajadores es importante, sobre todo en momentos en que nuestro país enfrenta desafíos críticos, como el desempleo y la alta tasa de informalidad que tiene a miles de persona trabajando sin ningún tipo de protección”.
Por eso, para el líder gremial “sería más adecuado priorizar en esta agenda aquellas materias que apunten hacia estos objetivos de más y mejor empleo, como son mejorar la productividad laboral o avanzar en mecanismos de reconversión preparando a los trabajadores en las habilidades que exige la transformación digital y la inteligencia artificial”.
