Generó debate y múltiples reacciones la carta que este lunes envió el presidente y CEO del American Council of Life Insurers (ACLI), David Chavern, al gobierno; mostrando su preocupación por la reforma de pensiones, porque a juicio de la asociación de aseguradoras estadounidense, que agrupa a tres compañías que son dueñas de AFP en Chile, estas son, Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum), y Prudential Financial (controla AFP Habitat en conjunto con ILC); el proyecto “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”.

La misiva, entre otras cosas, señalaba que “la propuesta de obligar a una licitación bienal de afiliados de pensiones constituiría una expropiación de inversiones significativas de EEUU en Chile, y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional”.

El gobierno se desplegó este miércoles, en la previa de la votación de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados, respondiendo los dichos del gremio estadounidense. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en conversación con Tele13 Radio, señaló que desde el gobierno no comparten “esa aseveración y, por el contrario, a través de este cambio lo que se hace es introducir mayor competencia”. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en conversación con CNN Radio, dijo que el gobierno está analizando la carta y que se resolverá “en su mérito”, aunque recalcó que “el debate democrático en nuestro país se da en el Congreso Nacional”.

Sobre la advertencia que lanzan los controladores estadounidenses respecto a que la reforma constituiría una “expropiación”, dada la licitación de afiliados, Jara señaló: “Lo que pasa es que partimos de una premisa distinta, que los afiliados no son propiedad de nadie, son personas, y por tanto, en un mercado obligatorio de ahorro, si el mercado no se ha regulado para tener una mayor eficiencia en términos de los costos que cobra a los afiliados, se toman ciertas medidas como la licitación de actuales afiliados”, respondió.

Más tarde, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a este asunto en la sala de la Cámara de Diputados. “En lo que respecta al derecho de propiedad, las administradoras no son propietarias de los afiliados, no son propietarias del sistema de pensiones, no son propietarias de los ahorros, y mucho menos de los afiliados”, dijo.

En segundo lugar, Marcel recalcó que “no hay normas de protección de inversiones ni del derecho internacional que sean contrarias a la promoción de la competencia. Los acuerdos de protección de inversiones, los acuerdos de libre comercio que firma el país, que pasan por esta Cámara como parte del proceso legislativo, por supuesto que no podrían ser contrarias a la promoción de la competencia”.

Es más, el titular de Hacienda enfatizó: “A mayor abundamiento, el tratado de libre comercio de Chile con EEUU, resguarda la facultades regulatorias del Estado para alcanzar objetivos de utilidad pública, tales como introducir mayor competencia, y transparencia en el mercado financiero chileno”.

Marcel aseguró que “la licitación de cuentas de afiliados activos, va a permitir la entrada de nuevos actores a la industria de administración de fondos de pensiones, incluyendo entre ellos a inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros, en todas las áreas de actividad de la economía, son bienvenidos, por lo tanto, así como puede haber incumbentes que quisieran proteger su situación en los mercados, también hay otros que quisieran entrar, de la misma naturaleza, con el mismo origen, con el mismo propósito, y que van a tener, en virtud de la licitación de activos, mayores posibilidades de poder hacerlo”.

Por último, el líder de Teatinos 120 afirmó: “Hay que ser claro, este es un proyecto que en esta materia, su foco es la competencia, su foco es beneficiar a los afiliados, su foco es mantener la libertad de afiliación, y por esas razones, nos parece que los planteamientos que se hacen en esta carta, carecen de fundamento”.

En esa misma línea, remarcó que “lo que se señala en esta carta es incorrecto, el mecanismo de licitación no va a implicar un trasvasije masivo de activos a los mercados que afecten su precio. Además de esto, no se menciona en esta carta que hay un conjunto de disposiciones dentro de este proyecto que buscan darle una mayor estabilidad a los fondos a través de los fondos generacionales”.

El titular de Hacienda también recordó que “en el pasado hemos tenido otras comunicaciones de esta asociación, hemos tenido muchos mensajes, muchas declaraciones de esas administradoras. Ha habido comunicaciones verbales, escritas con un tono similar, aunque originalmente se dirigían a un espectro más amplio de temas de la reforma. En esta ocasión, esta carta se focaliza en el mecanismo de licitación de la afiliación de cuentas activas, el 10% de los afiliados de cada año que forma parte de este proyecto”.

En mayo de 2021 fue cuando ACLI emitió su primer pronunciamiento sobre Chile, cuando afirmó que el “retiro” en rentas vitalicias creaba un nuevo riesgo político en Chile para los inversionistas extranjeros. “La violación de los derechos legales y los daños a los activos y al patrimonio causados por este esquema en rentas vitalicias han puesto a las aseguradoras en la lamentable posición de tener que investigar todas las opciones legales disponibles para asegurar la protección de sus derechos legales ante la expropiación ilegal del gobierno”, dijo en esa ocasión.

Una carta empezó a circular en marzo de 2021 entre los controladores de AFP locales. La misiva estaba firmada por más de 100 expertos en seguridad social y economistas, entre ellos, el premio Nobel Joseph Stiglitz; exministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, y el chileno exdirector general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, entre otros.

“La política de pensiones no se establece para asegurar beneficios para las compañías de seguros privadas. Los sistemas de pensiones existen para proporcionar seguridad de ingresos en la vejez, para garantizar que las personas mayores se jubilen con pensiones adecuadas”, decía la carta abierta, donde básicamente planteaban que los países legítimamente pueden decidir cambiar sus sistemas de pensiones “en el interés de sus ciudadanos que deben ser respetadas, como parte de la soberanía de un país”.

No se referían al caso chileno, sino a lo ocurrido en Argentina y Bolivia. Aunque el derecho internacional está por sobre las decisiones que adopte el Congreso o los tribunales de un país, según señala un abogado especialista en solución de controversias internacionales, allí los expertos manifestaban su descontento por las demandas que interpusieron las compañías de seguros que operaban en ambos países ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, ya que esos países decidieron revertir la privatización del sistema de pensiones.

Si bien eso no ha ocurrido en Chile, desde hace varios años el eslogan “No+AFP” se había instalado a nivel local. Y eso lo tenían claro los controladores de AFP. Por eso mismo también desde hace tiempo miran de cerca los debates de este tipo que se han dado en los países vecinos. Es más, hay un controlador de una AFP chilena que también operaba en Argentina, y que precisamente está entre las compañías que interpusieron demandas contra el país trasandino ante el Ciadi: Metlife, dueña de AFP Provida.

Hay dos controladores extranjeros de AFP que también tienen compañías de seguros de vida en Chile y que activaron el mecanismo de resolución de controversias establecido en el TLC de EE.UU. con Chile luego de los retiros de rentas vitalicias que aprobó el Congreso en 2021. Ellas son Metlife y Principal, dueña de Cuprum.

Demandar o no al Estado es una definición netamente de los accionistas, y que aún no está tomada. Pero lo cierto es que el Ciadi siempre ha estado sobre la mesa, y por eso mismo han encargado estudios legales sobre el tema. En esta ocasión, sigue siendo uno de los asuntos que están evaluando las AFP controladas por empresas internacionales, y no solo por la licitación del stock de afiliados, sino que por varios temas que incluye el proyecto, como por ejemplo, porque estiman que habría competencia desleal del Estado, tema al que también apuntó la carta de las aseguradoras. “La propuesta de permitir que el Instituto de Previsión Social, de propiedad estatal, proporcione funciones auxiliares a los nuevos administradores de pensiones constituye un trato injusto para los incumbentes que han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura”, señala la misiva.