La firme respuesta del gobierno a las isapres: ellas “son responsables del actual escenario que enfrentan”


XIMENA AGUILERA, MINISTRA DE SALUD
FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El martes la Asociación de Isapres alertó de que la eventual devolución de US$ 1.400 millones a afiliados sería la “lápida del sector” y que equivale a toda la utilidad del sistema en 33 años. Este jueves, el Minsal y la Superintendencia de Salud le contestaron al gremio: "El gobierno cumplirá con el mandato de la Corte Suprema, la cual señala que dichos ingresos corresponden a ´cobros indebidos´ por la inconstitucionalidad de la fórmula que utilizaron. Desde el año 2020 a la fecha, las isapres han reportado ingresos operacionales de US$12.248.910.129″, afirmaron.


El gobierno no quería dar cifras públicas sobre los eventuales montos que tendrían que devolver las isapres por el fallo que dictó la Corte Suprema sobre la tabla de factores, por lo que en la reunión que sostuvieron con los parlamentarios este lunes para informarles del proyecto que están preparando para evitar la caída del sistema, les solicitaron que guardaran reserva de los montos estimados que allí revelaron, porque además, señalaron que podrían variar, dependiendo de cómo se implemente el fallo.

Sin embargo, las cifras se hicieron públicas: serían hasta US$1.400 millones los que el gobierno dijo a los parlamentarios que, bajo algunos escenarios estimados que estudiaron, tendrían que desembolsar las isapres para dar cumplimiento a la sentencia del máximo tribunal.

Y al día siguiente, este martes, llegó la respuesta de la industria. En una declaración por escrito, la Asociación de Isapres no se tomó nada bien la envergadura del monto. Allí señalaron que “se han conocido públicamente los lineamientos de la propuesta del gobierno para cumplir el fallo de la Corte Suprema, de la cual han trascendido cifras de eventuales devoluciones. Dichos montos equivalen a la utilidad total reportada por el sistema isapres en 33 años y son cuatro veces mayores al patrimonio de todo el sector, es decir, son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias”.

En ese sentido, advirtieron que “lo presentado no da viabilidad a las isapres; al revés, sería la lápida del sector. Como proyecto carece de toda factibilidad financiera y genera expectativas desmedidas sobre supuestos ´cobros indebidos´, cuya calificación resulta impropia y tajantemente rechazamos, pues la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos, regulados y fiscalizados por los órganos estatales”.

Frente a ello, este jueves desde el gobierno salieron a responder tales dichos en una declaración conjunta emitida por escrito por el Ministerio de Salud (Minsal) y la Superintendencia de Salud. Allí partieron diciendo que “las isapres son responsables del actual escenario que enfrentan y el gobierno cumplirá con el mandato de la Corte Suprema, la cual señala que dichos ingresos corresponden a ´cobros indebidos´ por la inconstitucionalidad de la fórmula que utilizaron (TC. Rol N°1.710 de 2010). Desde el año 2020 a la fecha, las isapres han reportado ingresos operacionales de US$12.248.910.129″.

En el comunicado agregaron que “hay que recordar que la Asociación de Isapres se ha negado a ser parte de la solución del problema que ellas mismas generaron y, por lo tanto, a resguardar el acceso a la atención de salud de más de 3 millones de personas que pertenecen al sistema de salud privado, al retirarse voluntariamente de la mesa de trabajo convocada por las autoridades de salud”.

Asimismo, indicaron que “el gobierno tiene el deber constitucional de asegurar atención de salud a todas las personas del territorio y bajo ese mandato está avanzando, de manera conjunta con parlamentarios y parlamentarias, en un proyecto de ley que permita dar una solución gradual y equilibrada que, por una parte protege a las personas, que son el objetivo principal, y por otro, evite el efecto sistémico que esta situación pueda provocar al sistema de salud”.

La declaración apuntó además que “la Corte Suprema también señaló que, con la entrada en vigencia, en abril del año 2020, de la Tabla Única de Factores de Riesgo, creada por la Superintendencia de Salud mediante la Circular IF.N°343/2019 (CS. roles N°16.630; N°25.570; N°14.513; y 13.979 todos de 2022), algunas personas pagaron más de lo que les correspondía por su plan de salud, y que las isapres deben restituir vía excedentes esas diferencias. El gobierno, respetando dicho mecanismo, ha propuesto que sea mes a mes”.

Por último, manifestaron que “el llamado del gobierno a las isapres es a poner a las personas afiliadas en el centro de la solución, a dar certezas a la población y los invitamos a sumarse de manera constructiva al trabajo que se está realizando para que este tenga buenos resultados para las personas y el sistema de salud”.

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