Un verdadero contragolpe. Eso fue lo que hizo el gobierno para frenar el proyecto de ley impulsado por la diputada Camila Vallejo (PC) que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas efectivas. Esta propuesta estaba teniendo una buena acogida entre la ciudadanía (con 74% de apoyo según Cadem) y ganaba terreno en el plano legislativo, ya que había sido aprobado en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Este hecho causó preocupación en el Ejecutivo, tanto así que durante la mañana de ayer en una reunión entre el Presidente Sebastián Piñera y los ministros del Trabajo Nicolás Monckeberg y de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se resolvió ponerle suma urgencia a su proyecto de adaptabilidad laboral ingresado en mayo, y además anunció que se ingresará una indicación durante la próxima semana que apunta a reducir la jornada laboral de 45 horas ordinaria a 41 horas promedio semanales. Este cambio será de carácter obligatorio y vendrá a reemplazar la actual jornada de 45 horas. Con esto, el gobierno avanza en lo que tenía el proyecto de la oposición que reduce jornada, pero incluyendo la flexibilidad horaria.
La rebaja será gradual en un plazo de tiempo que aún está en estudio, pero fuentes del Ejecutivo señalan que lo más probable es que la reducción sea de una hora por año. Asimismo, se informó que la implementación tendrá un especial cuidado con las pequeñas y medianas empresas.
"(Esta jornada) viene a reemplazar la jornada ordinaria actual de 45 horas y se aplicará a todos los trabajadores en distintas actividades de forma gradual, con especial preocupación en las pequeñas y medianas empresas", dijo el titular de la cartera de Trabajo.
Otro de los puntos que está en evaluación es el período por el cual se pueda pactar las 41 horas semanales, puesto que la idea que toma más fuerza es que el promedio sea trimestral, siguiendo lo que hacen países de la OCDE. Los pactos se realizarán de manera individual entre el empleador y el trabajador y podrá distribuirse entre 4 a 5 días.
Todo este cambio mantiene el límite de 10 horas diarias máximas y 45 horas semanales, es decir, por ejemplo, con este nuevo régimen el trabajador en algunas semanas su horario será de 45 horas, mientras que otras de 37.
Si bien el gobierno afirmó que calificaría la iniciativa con "suma urgencia" lo concreto es que el proyecto de flexibilidad no se empezará a analizar hasta septiembre. Ello porque la Comisión de Trabajo del Senado actualmente tiene en su agenda otro proyecto con "suma urgencia": el que crea la sala cuna universal.
Expertos
Desde el mundo académico, el anuncio del gobierno tuvo distintas miradas, aunque en lo central se valoró la posibilidad de que sectores tan opuestos como el gobierno y el Partido Comunista estén de acuerdo en una reducción de la jornada laboral.
En ese sentido, la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, afirmó que "esto es un acercamiento del proyecto del gobierno al de los diputados, porque reduce las horas de manera obligatoria. Se hace así, en parte, cargo de la crítica de si las partes (empleador y trabajador) de veras pueden negociar". Ahora bien, Repetto subrayó que "de implementarse, hay que pensar muy bien la gradualidad, dado que a esto se suma un alza en las cotizaciones para las pensiones y sala cuna".
En tanto, el director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Fabián Duarte, subrayó que "lo planteado por el gobierno es muy parecido al proyecto de los diputados; una hora más o menos, no es un cambio relevante. Lo que sí me parece una buena señal es que dos grupos antagónicos lleguen a acuerdo, en algo intermedio, porque quita incertidumbre a la economía". De hecho, explicó que, desde la teoría, contemplar flexibilidad es un avance, pero que no existe evidencia de si un cambio en jornada, no brusco, impacte fuerte positiva o negativamente.
En similar línea, el economista de Clapes UC, Juan Bravo, dijo que valora "el cómo empiezan a acercarse las posiciones y demuestra que es posible lograr acuerdos. Para empezar, ya hay un consenso desde los impulsores de ambos proyectos de que una reducción de jornada debe ser hecha con gradualidad, lo que permite ir monitoreando los impactos. También muestra que los proyectos en discusión no eran excluyentes, sino que pueden complementarse".
Además, recordó que en los países OCDE las rebajas de jornada han sido aplicadas con adaptabilidad.
