La tramitación de la reforma previsional continuó este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, pero no hubo votaciones ad-referéndum, ya que luego de la presentación que hizo el gobierno sobre el alza del tope imponible contenida en el proyecto, surgieron varias dudas de los senadores sobre esta propuesta, lo que se tomó todo el tiempo de la sesión.

En el contexto de dicho debate, el Ejecutivo se abrió a revisar que este aumento del tope imponible no aplique sobre la cotización del 7% en salud.

Actualmente existen dos topes imponibles en Chile en cuanto a las cotizaciones para seguridad social: uno que se usa para el seguro de cesantía, y otro que se utiliza para todo el resto, partiendo por las pensiones, pero también para otras materias como salud. En la reforma previsional, el gobierno quiere subir este último, igualándolo al que se usa para el seguro de cesantía, es decir, desde las actuales UF84,3 (unos $3.134.000) a UF126,6 (aproximadamente $4.757.500). Eso, con una gradualidad de cinco años.

“Lo que se ha producido es que hay un desacople entre el crecimiento de las remuneraciones y el aumento del tope imponible”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. “Este tema del tope de la renta imponible, es uno de los misterios de la reforma del 81, porque nunca quedó muy claro por qué se aplicaba. Uno puede suponer que es una especie de herencia de la época en que en el sistema antiguo había un tope de pensión. Pero por supuesto, un tope de pensión, versus un tope de imponibilidad, son dos cosas diferentes”, sostuvo, por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El gobierno enseñó que a junio había 416.448 personas que cotizaban por el tope imponible en pensiones, lo que equivale a 7,3% de los cotizantes de AFP que hubo en junio (5.712.389). Pero quienes estaban entre el tope imponible de pensiones y del seguro de cesantía, eran 356.202 personas, esto es el 7% del total de cotizantes del seguro de cesantía en marzo (5.083.291). Eso sí, a ellos hay que sumar un grupo que cotiza para pensiones, pero no para cesantía. Este grupo, detalló el Ejecutivo, tiene una remuneración imponible promedio de $4.166.079, y al subir el tope imponible, su contribución subiría 35,3%.

Jara recordó que la mesa técnica concluyó que se observa una caída de las tasas de reemplazo de quienes están en los quintiles superiores. “Esto se ha producido principalmente porque en Chile se cotiza en base a un sueldo topado”, aseguró.

En tanto, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, indicó que el estudio de tasas de reemplazo que hicieron, muestra que “el quintil más rico, que es donde están las personas a las cuales nos estamos refiriendo, tienen tasas de reemplazo que son bastante bajas, aun cuando tienen mayor densidad”. Explicó que la tasa de reemplazo autofinanciada para el total de las personas es de 17%, y sumando la PGU sube a 63%. En el quinto quintil, en cambio, corresponde a 24% y 34%, respectivamente.

“Esta tasa, por un lado, está sobreestimada, porque la remuneración está topada, pero por otro lado, tampoco considera toda la universalización de los beneficios que hubo después de la PGU que llega hasta el 90%. Hay un efecto compensado, pero lo que sí es claro, es que la tasa de reemplazo de las personas que están en el tope imponible es más baja, porque en realidad no cotizan el 10%”, explicó Macías.

“¿Qué pasa en materia de salud con esto? Porque hasta donde yo entiendo, si sube (el tope imponible) a $4,7 millones, quiere decir que lo que habría que pagar del 7% en salud, son $330 mil, y hoy día es $210 mil (para ese sueldo de $4,7 millones). Antes, eso no era tan relevante, porque uno podía mantener el plan y lo otro eran excedentes, pero con la nueva norma eso se cambia (pues ya no hay excedentes)”, planteó el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

El ministro Marcel respondió que el aumento del tope imponible en salud también significa que aumentan los beneficios por el lado de licencias médicas. Además, recordó que al menos en isapres, hay personas que cotizan más que el 7%. “Por lo tanto, el efecto neto, en el caso de esos afiliados, probablemente sería considerablemente menor, porque en el fondo, el aumento del tope imponible, lo que haría sería absorber una parte importante de la mayor cotización por sobre el 7% que está recargando el seguro de isapre”, puntualizó.

El senador Coloma coincidió en que hay que subir el tope imponible en pensiones, precisamente porque el diagnóstico muestra bajas tasas de reemplazo en segmentos medios. Pero también preguntó si es que se podría desacoplar el alza del tope imponible en pensiones versus el de salud.

Marcel manifestó que legislativamente “es posible separar salud de pensiones, quizás en parte, porque al mismo tiempo, el otro efecto que tiene esto es sobre el valor de las licencias, sabemos que en SIL tenemos un tema con el volumen, la forma en que se están usando las licencias, entonces a lo mejor por esa sola razón valdría la pena separar”. Coloma contestó: “Encuentro que es muy importante lo que ha dicho ministro, porque eso nos podría abrir un espacio grande”.

El senador Matías Walker (Demócratas) planteó que al subir el tope imponible, “el efecto va a ser en la remuneración líquida de muchos profesionales de clase media”. Sobre ello, Marcel comentó: “Por supuesto que a la gente le importa el ingreso líquido, pero cuando los policy makers, los que toman decisiones, se fijan en el ingreso líquido, terminan fijando tasas de cotización del 10%”.

El senador Rojo Edwards (ex Republicanos) dijo que sería interesante entender el efecto en el sueldo líquido, pero también el efecto económico y sobre los empleadores. Jara respondió: “No hay efecto para el empleador, toda vez que este salario ya lo está pagando. Lo que hay, es un efecto sobre el trabajador para su propio ahorro previsional”.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) consultó principalmente sobre la gradualidad de cinco años que propone el gobierno, pero también preguntó sobre los efectos que esto genera en los sueldos y sobre el mercado laboral. Coloma consultó si es que existe un efecto sobre el empleador al subir el tope imponible, dado que también se sube la cotización en 6%.

Marcel comentó que en general el proyecto está enmarcado en una gradualidad de cinco años, pero que no es necesario que todo calce exactamente con ese periodo. Sobre los costos laborales y empleo, Marcel le dio la razón a Coloma en cuanto a que el 6% de cotización del empleador incide, pero de manera modesta, explicó.

Posteriormente, en un punto de prensa, la ministra Jara dijo que una de las novedades que surgió en la sesión y que probablemente van a considerar, es que el pago de las comisiones que se hagan a las AFP, se mantengan en el tope actual y no suban producto de esta medida.