A paso rápido avanza el proyecto de ley que busca postergar el pago de servicios básicos para el 40% de la población vulnerable, mayores de edad, personas que se hayan acogido a la ley de protección del empleo e independientes con problemas financieros. Se trata de una iniciativa impulsada por senadores de oposición, que va en paralelo al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y las empresas eléctricas, sanitarias y de telecomunicaciones, para ayudar a los clientes con problemas para pagar sus cuentas debido a la emergencia.

En la jornada del miércoles, la Comisión de Economía -con participación activa del ministro de Energía, Juan Carlos Jobet- aprobó unánimemente este proyecto, que en su fondo es similar al acuerdo entre empresas y gobierno. A grandes rasgos, los nuevos aspectos son la inclusión de los segmentos gas por red e internet fija. Además, en el servicio sanitario se definió como límite un consumo mensual de 12 m3 de agua para acceder al beneficio.

Otro aspecto, es que se aumentó el universo de beneficiaros, donde se incluyen hospitales, cárceles, bomberos, organizaciones sin fines de lucro, microempresas, hogares de menores en riesgo social y abandono o compromiso delictual.

Sin embargo, esos no son los aspectos que causan incomodidad en los privados. En la industria energética -que se divide en los segmentos de generación, transmisión y distribución-, hay cuestionamientos a que, según el proyecto, solo las distribuidoras y cooperativas de electricidad sean las que asuman el costo financiero de los clientes que se acojan al beneficio.

En el proyecto se sostiene que “a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en este inciso, hasta el monto de 10 UF para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad; y de hasta un monto de 5 UF para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones”.

¿El problema? En la industria se está generando un conflicto pues, según diversos actores, la menor recaudación financiera debiese ser para los tres segmentos y proporcional a lo que cada uno asume en la actual cuenta de luz, es decir, las generadoras un 70%, transmisoras un 10% y distribuidoras 20%. Esto, pues al solo tener que asumir las distribuidoras se podría romper la cadena de pago. Es decir, como las distribuidoras recaudarán menos, no tendrían fondos para pagarle a las empresas de los otros dos segmentos, afectando sobre todo a pequeñas generadoras renovables.

Lo que viene

Este jueves el proyecto se vota en la sala del Senado. Paralelamente, hace unos días se aprobó un proyecto similar en la Cámara con más beneficios para los clientes, lo que incomodó al Ejecutivo en un principio, pues había un inciso que buscaba la gratuidad. En esa instancia el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, sostuvo que el “proyecto generará un daño muy grande a las pequeñas empresas de energía renovable, que son las que queremos fomentar en el futuro (...). Si ponemos en riesgo a estos pequeños prestadores, vamos a poner en peligro la continuidad de los servicios de los clientes de esas compañías”.

El ministro además precisó que “vamos a hacer reserva de constitucionalidad de este proyecto, hay varios elementos que son contrarios a la constitución.

El acuerdo voluntario entre empresas y gobierno, en tanto, sigue vigente mientras permanezca declarado Estado de Catástrofe. Así, el proyecto que avanza en el Congreso beneficiará a los clientes durante los noventa días siguientes a la publicación de la ley.