Gobierno y oposición mantienen posturas distantes en negociación para destrabar financiamiento para la Pensión Garantizada Universal

El gobierno ha intensificado las negociaciones y los llamados con los senadores durante este martes no se detuvieron. No obstante, las posturas todavía están distantes y por ende, hasta el cierre de esta edición la discusión no está puesta en tabla.

Desde el gobierno transmitieron que se está trabajando tanto con los parlamentarios de la oposición como del oficialismo, ya que también deben alinear a sus propios parlamentarios.

Si bien durante el día hubo conversaciones, los avances han sido escasos. Desde el Ejecutivo han señalado que no se cierran a ninguna opción que sirva para destrabar la tramitación, pero que esa alternativa debe cumplir con el requisito de ser razonable desde el punto de vista de impacto económico.

En ese sentido, lo que ha propuesta la oposición es principalmente incorporar nuevas exenciones tributarias en base a la propuesta que entregó la Comisión Tributario que creó el exministro de Hacienda Ignacio Briones. Junto a ello incorporar cambios al royalty minero.

Ninguna de esas opciones ha sido descartada por el Ejecutivo, aunque quienes conocen la interna afirman que por un tema más práctico de tramitación y aplicación podría ser más factible incorporar nuevas exenciones. ¿Cuáles? Esas todavía no se han socializado, puesto que no han alcanzado acuerdos.

Lo qué si está totalmente descartado es que pueda seguir adelante la indicación aprobada en la Cámara de Diputados que propone un impuesto a los llamados “súper ricos”. Se trata de una que introduce un impuesto al patrimonio con tasas diferenciadas según monto del patrimonio. Entre US$5 millones y US$22 millones se pagará una tasa de 1,5%, mientras que el patrimonio por sobre US$22 millones pagará una tasa de 2,5%. y se mantiene la visión de mantener la reserva de constitucionalidad.

De hecho, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, enfatizó en entrevista con Radio Duna que más allá de los problemas de constitucionalidad esta propuesta “seguramente no va a recaudar lo que esperan recaudar, y por lo tanto, va a quedar desfinanciado” el proyecto, dijo el secretario de Estado. No obstante, acotó que “nosotros sabemos que si es necesario ir al TC (Tribunal Constitucional) tendremos que ir al TC, pero lo que esperamos es que en el trámite que viene en el Senado esto pueda ser subsanado”, agregó.

En esa línea, la autoridad sostuvo que la evidencia internacional con este impuesto sugiere que recauda poco, recordando además que se tratan de materias que por Constitución solo le competen al poder Ejecutivo. “Hay mucha fuga de capitales fuera del país y, por lo tanto, todo eso nos lleva a pensar que no era un impuesto en el que quisiéramos avanzar”, afirmó.

En el gobierno mencionan que junto con negociar con los parlamentarios también se hará lo propio con el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric. Ellos han señalado que se le entregará una serie de medidas que apuntan a mantener ingresos permanentes. Entre ellas, la eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP), Renta Presunta, limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2, entre otros, además de aplicar una sobretasa al impuesto territorial.

Desde la oposición, el senador Carlos Montes (PS) comentó que si bien ha habido conversaciones no hay “nada concreto”, puesto que el “gobierno no tiene una propuesta concreta ni clara”, por ello es que “no se vislumbra que avance rápidamente esta iniciativa”.

Para Montes, el proyecto tiene un “problema de base”, porque dice que “se ingresó un proyecto sin financiamiento. Él mismo ( Cerda) dice que el financiamiento de las pensiones está asegurada para este año y hasta 2026, pero qué pasa después. Esta no es la forma en que se presentan los proyectos”.

En La Moneda mantiene los plazos para que se apruebe la Pensión Garantizada Universal (PGU) antes del 20 de enero para poder pagar en febrero. No obstante, la interrogante se mantiene con la iniciativa de exenciones tributarias.

En ese contexto, la presidenta del Senado y de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, sostuvo que “la velocidad de la tramitación va a depender de las respuestas que dé el gobierno. Hay acuerdo en el instrumento, pero no en el financiamiento. Antes de proponer cambios, vamos a escuchar al Ejecutivo y en eso estamos”, sostuvo la legisladora.

Agregó que de momento el Gobierno aún no despacha el proyecto de financiamiento y que, una vez que lo haga, se activará el proceso legislativo. “No ha ingresado aún el proyecto de financiamiento. Una vez que ocurra, esperamos tener reuniones con el Ejecutivo para ver cómo se enfrentará el tema y debiéramos citar jueves o viernes a sesión de comisión”, explicó la parlamentaria.

Sobre un eventual impuesto a los “súper ricos”, Ximena Rincón planteó que el tema tiene que ver con lo que ocurra con la admisibilidad y lo que hará el gobierno en el Tribunal Constitucional, lo que por cierto significa alargar el proceso de financiamiento. Por ello, la Presidenta del Senado recalcó que es necesario buscar una fórmula que resuelva el tema de los recursos.