Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura: “La nacionalización de las AFP sería catastrófica para los trabajadores”

El abogado Gonzalo Pérez es uno de los hombres fuertes del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), también conocido como Sindicato Antioqueño, una suerte de conglomerado ligado a distintas familias de negocios de esa zona del norponiente de Colombia, que entre sus más de cien compañías completan en ingresos el equivalente a alrededor del 6% del PIB de su país.

A nivel formal, el holding controlado por los empresarios antioqueños se llama Grupo Sura, donde tres cuartas partes de su negocio es el financiero -AFP, compañías de seguros, banco y administradoras- y una última parte se diversifica en otras compañías industriales, como Argos (infraestructura y construcción) y Grupo Nutresa (alimentos y bebidas). En la última década decidieron expandirse en la región, con lo cual están presentes en 11 países, comprando en Chile la AFP Capital a ING en 2011, Tresmontes Lucchetti a Pedro Ibáñez en 2013 y los negocios de la aseguradora RSA en 2016.

Pérez, quien asumió en abril reciente la presidencia del Grupo Sura, ha estado vinculado por 38 años a la compañía de seguros del holding, Suramericana, y desde 2003 ha sido su presidente. Asimismo, es miembro de las juntas directivas de Bancolombia, Grupo Nutresa, Grupo Argos y de las principales filiales del Grupo Sura: Suramericana y Sura Asset Management.

En las empresas del ámbito financiero que maneja el conglomerado colombiano en nuestro país, Sura Asset Management Chile tiene 2.142 trabajadores; 2,1 millones de clientes y un manejo de activos en ahorro e inversión por unos US$ 4.000 millones. Solo en AFP Capital tienen 1,62 millones de afiliados (15% del mercado) y activos bajo administración mandatorio de US$ 32.775 millones. En Seguros Sura Chile cuentan con dos millones de clientes, 595 trabajadores y primas por US$ 564 millones.

En entrevista con Pulso Domingo, Pérez asegura que pese a los vaivenes económicos, sanitarios y sociales, siguen “con una visión de largo plazo en Chile”, y entra de lleno a las discusiones que están en la agenda de las empresas que preside en nuestro país.

¿Han desvinculado trabajadores en Chile?

-No señor, no señor. Nuestro mayor esfuerzo está en conservar los empleos de todos nuestros trabajadores, incluyendo los alrededor de 3.000 que tenemos en Chile entre Sura Asset Management y Seguros Sura. En términos generales, tampoco estamos mandando a gente de vacaciones. El 90% de los trabajadores del grupo están haciendo teletrabajo. Tampoco hemos suspendido contratos.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que las empresas que suspendan contratos no puedan repartir dividendos?

-Creo que la responsabilidad de todos los empresarios en un momento como este es conservar el empleo. La distribución de dividendos depende de cada tipo de industria. Sería muy difícil juzgar con un solo rasero, porque hay personas que viven de los dividendos y la distribución de éstos pueden mover economías. Con un solo parámetro decir que se puede o no se puede distribuir dividendos me parecería bastante básico, porque esto podría atentar contra la sostenibilidad de ciertas industrias.

Es importante que si acudimos a beneficios de empleo, deberíamos, en términos generales, reducir un poco la distribución de dividendos y proteger más el empleo. Así estamos mirando esta ecuación nosotros.

¿Si se prohibiera el reparto de dividendos en empresas que se hayan acogido a la Ley de Protección al Empleo, se incentivarían los despidos?

-Lo claro es que nosotros no deberíamos acudir a subsidios que no necesitamos. Eso corre para pequeñas y grandes empresas. Si se hace eso, se le quita capacidad al Estado, que somos todos. Si acudimos a un subsidio que no necesitamos, independientemente que legalmente se pueda hacer, ética y moralmente no lo debemos hacer, porque sería quitárselo a otro que lo pueda necesitar.

¿Cuál es el impacto de esta pandemia en términos de ingresos y utilidades en sus negocios?

-Aún es muy temprano para saberlo, pero estamos modelando que no tendremos problemas de solvencia. Lo que es claro es que los ingresos de todas nuestras compañías se reducirán y no será el año de las utilidades. Esto pondrá en juego la capacidad de transformación y adaptación de las compañías, que permitirá mayor competitividad, eficiencia y sostenibilidad a futuro.

¿Cómo les afectó el estallido social de Chile?

-Nos afectó, sobre todo en nuestra compañía de seguros en Chile. El estallido social tuvo un impacto en el negocio asegurador, porque se aumentó la siniestralidad en un período amplio, por lo que las coberturas catastróficas se afectaron. No logramos tener en 2019 las utilidades que pretendíamos en Chile, pero eso es parte del riesgo y las coberturas que asumimos. Lo importante es que con el estallido social comprobamos el porqué y el para qué de la industria aseguradora.

¿Cómo están cuidando la liquidez y asegurando la solvencia del grupo? ¿Contemplan hacer aumentos de capital o emitir nueva deuda?

-La prioridad del grupo ha sido la salud física, mental y financiera de nuestros empleados, conservando sus trabajos. Esto lo hemos podido hacer porque la compañía ha manejado conservadoramente su esquema patrimonial y de solvencia, lo que ha hecho que hoy sea posible mantener la liquidez de nuestras compañías sin perder capitalizaciones. Manejamos márgenes de solvencia más altos de los que nos piden regulatoriamente los países donde estamos presentes. En una época como esta, es premiada nuestra visión de solidez y el haber hecho modelaciones que nos mantienen de buena forma en medio de una pandemia y una crisis del petróleo, con patrimonio y reservas, por lo que no necesitamos capitalizar las compañías. No prevemos emitir nueva deuda y tampoco vamos a refinanciar la deuda que tomamos para comprar los activos de la aseguradora RSA en la región.

¿Le preocupa el tono de ciertas propuestas parlamentarias que buscan derogar el decreto de ley que sostiene a las AFP o que buscan nacionalizarlas?

-Claro que sí, nos preocupa, fundamentalmente por los trabajadores, porque tenemos claro que antes de las AFP los trabajadores no participaban de las creaciones de mercados. Cuando se tiene un sistema nacionalizado, yo, como trabajador, no participo de las dinámicas del mercado. Las AFP, en representación de todos los trabajadores, son inversionistas institucionales. A través de las AFP un trabajador que tenga el salario mínimo está participando en la inversión y es dueño de muchísimas compañías y el día que nacionalicemos, hasta ese día se llega, porque el Estado no es un inversionista institucional, no es su rol. Si ocurriera esto, nos quitarían a todos los trabajadores la oportunidad de participar en la generación de riqueza en el mercado, ser dueños de las compañías. Por ejemplo, en Grupo Sura los grandes accionistas son los fondos de pensiones, que son los trabajadores. La nacionalización de las AFP sería catastrófica para los trabajadores. Está probado que la creación de valor a largo plazo de las AFP es mayor a lo que se pueda hacer con una nacionalización.

¿Cómo fundamenta el reparto de dividendos de las AFP en medio de esta pandemia, en su caso en AFP Capital?

-Los dividendos son el salario de muchos inversionistas. Se reparten dividendos, pero no los fondos. Los fondos se siguen invirtiendo y los dividendos son del patrimonio de personas que apalancan la posibilidad de estar en esos fondos. Quienes ponen patrimonio para la administración de los fondos obviamente que tienen que tener una remuneración, porque si no fuera así, pondrían el patrimonio en un banco que les daría rendimiento sin ningún riesgo. El patrimonio de los inversionistas justamente responde ante las desviaciones de los fondos, hay un riesgo superior, por lo que ese patrimonio tiene que ser remunerado.

¿Cómo valora que desde ahora las AFP puedan invertir en pymes?

-Eso es una maravilla, porque significará una mayor democratización de las inversiones. Obviamente que hay un mayor riesgo -más disperso-, pero también una mayor mutualidad dado el alto número de pymes. Esto facilitará mucho la reactivación económica y del empleo. Si hubiera fondos especiales para invertir en pymes, lo miraremos con muy buenos ojos, porque podremos aportar a la generación del empleo, la sostenibilidad de las pymes y a crear una clase media empresarial, que es muy necesaria en nuestros países.

Hoy las voces del empresariado chileno coinciden en que sería mejor aplazar el plebiscito de una nueva Constitución para priorizar la estabilización de la economía. ¿Cómo ve usted esto?

-El miedo es un mal consejero. Creo que el debate abierto es necesario y la democracia implica esto. Hoy eso está más relegado porque la prioridad está en la salud de las personas. Paso siguiente, estará el plebiscito, que tiene que ser un debate abierto y que no implique violencia. Creo que eso es posible.

¿Pero cree que ese debate constitucional pueda conversar al mismo tiempo con un periodo de recuperación económica, o bien hay que esperar que se levante la economía?

-Creo que no hay que esperar por ese debate, que el presente no nos deje atrapados.

¿El que “el presente no nos deje atrapados” también aplica para la reforma al sistema de pensiones? ¿Se puede llevar a cabo inmediatamente acabada la pandemia y en paralelo con el plebiscito constitucional?

-Claro, esa es una discusión que lleva mucho tiempo. Si los fondos están en el Estado, hay que pagarlos con impuestos. Si están en los privados, habrá una mezcla, con pilar solidario del Estado, el ahorro individual y el voluntario para los que pueden.

Ojalá que Chile pueda liderar en la región la profundización del acceso de las pensiones en más personas dentro de la población. Uno de los grandes problemas que tenemos en la seguridad social es la informalidad del trabajo. Ojalá en América Latina todo el mundo asegurara acceso a una pensión como el salario mínimo o mayor.

¿Está abierto a las ideas de que las AFP no puedan recoger utilidades o cobrar comisiones en caso de rentabilidades negativas?

-El debate tiene que ser abierto y con principio de equidad. Las AFP viven de las comisiones, que son las que pagan a los empleados de las administradoras. El patrimonio no lo ponen los trabajadores, sino que los accionistas, y eso requiere una remuneración.