Gremio advierte que proyecto de concesiones marítimas “establece una fecha de defunción para los puertos que hoy operan”

Las indicaciones que permitieron retomar la discusión legislativa del proyecto sobre administración del borde costero y concesiones marítimas, una iniciativa que lleva más de 12 años de trámite en el parlamento, encendieron las alertas en el sector portuario chileno. La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) realizó una presentación ante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, donde está el proyecto en segundo trámite legislativo, identificando diez problemas en la iniciativa.

El presidente de Camport, Daniel Fernández, advirtió que el proyecto “establece una fecha de defunción para los puertos que hoy operan”. Ello, en alusión al plazo establecido para cualquier tipo de concesión otorgada en espacios marítimos, que en la propuesta del Ejecutivo. “no podrá exceder de cincuenta años, considerando renovaciones”.

Según Fernández, ello implica que cerca de 12 entidades portuarias, entre ellas Puerto Coronel, el tercero a nivel nacional en transferencia de carga general, podrían perder su permiso dentro de los próximos 25 años. “Nunca ha ocurrido en Chile que a un concesionario de una concesión marítima se le diga: ‘devuelva la concesión’. (...) Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con todos estos terminales? No sé, Puerto Mejillones de Codelco, ¿cómo hace para sacar la carga de cobre si uno le dice que se acabó la concesión?”, graficó Fernández.

Este escenario, indicó el representante gremial, genera un desincentivo a las inversiones, ya que “los puertos no se hacen para operar en 50 años”. Agregó que esto puede congelar el desarrollo de los terminales actualmente en funcionamiento.

Otro de los problemas que advierte es que la iniciativa “valida y consolida los efectos negativos de la ley Lafkenche”, dijo Fernández, en alusión a la normativa legal que permite crear los Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) para preservar usos y costumbres indígenas. Según el gremio portuario, estas solicitudes han sido duramente cuestionadas por un uso abusivo de la herramienta legal, especialmente tras episodios como el de Aysén, donde dos peticiones que buscaban administrar más 620 mil hectáreas demoraron hasta ocho años en ser desestimadas.

Una de las principales modificaciones realizadas al proyecto por el Ejecutivo es trasladar las autorizaciones de las concesiones marítimas, radicadas hoy en la subsecretaría de Fuerzas Armadas, hacia el Ministerio de Bienes Nacionales. Fernández opina que sería preferible que “el Ministerio de Defensa reserve desde ya terrenos para futuro uso portuario y que primen sobre las ECMPO, y que la ley permita que cualquier tipo de modificación se pueda presentar durante el transcurso de la concesión sin ningún requisito”. También pidió que ante una solicitud de concesión “al menos se pida a Directemar una opinión fundada”.

“Una cosa es que uno diga, esto debería ser de tuición de Bienes Nacionales; otra cosa es que no olvidemos que existe una Dirección del Territorio Marítimo que tiene una experiencia de muchos años y que va a ser quien fiscalice después, que controle la operación, por lo menos una consulta fundada”, argumentó.

En esa línea, afirmó, en forma transitoria, “se debiera permitir que las concesiones actualmente en trámite puedan terminar su actual tramitación en el Ministerio de Defensa”.