Gremio de la construcción estima que se necesitan más de 30 años para resolver el déficit habitacional de las familias allegadas en el Gran Santiago

Considerando el actual ritmo de ejecución de la política habitacional y suponiendo que el nivel de allegamiento en el Gran Santiago se mantiene constante respecto del registrado el 2017, según la última cifra oficial, aunque con toda probabilidad este ha aumentado, se necesitarían más de tres décadas (31 años) para satisfacer las necesidades habitacionales de las 84.000 familias allegadas de ingresos bajos que residen en la capital.

Esto de acuerdo al estudio “Desafío para el acceso a vivienda y entorno urbano” realizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) el cual establece que se entiende que está en situación de allegamiento toda familia que comparte una vivienda con otro hogar y que adicionalmente presenta algún nivel de hacinamiento medio o crítico, no pudiendo cambiar su condición habitacional.

En el caso de las 104.000 familias allegadas de ingresos medios que viven en el Gran Santiago, y considerando los mismos supuestos antes mencionados, se necesitarían 17 años para solucionar por completo su demanda por vivienda.

Javier Hurtado, gerente de Estudios del gremio, explicó que “el 95% de estos hogares necesita el apoyo del Estado para acceder a una vivienda”.

Por eso, añadió las familias de menores ingresos tienen a su disposición el programa DS 49 y, para las familias de ingresos medios, existe el DS 01, DS 19 y subsidios de arriendo.

Pero, indicó “si observamos la evolución de estos en los últimos cinco años, vemos que en el período se materializaron, en promedio cada año, menos de 3.000 subsidios DS 49 y poco más de 6.000 subsidios para familias de ingresos medios”.

Al problema de acceso a vivienda que afecta a las familias allegadas de ingresos bajos y medios se suma que casi la mitad de estas se concentra en comunas con menores oportunidades urbanas, las cuales presentan altos porcentajes de barrios en condiciones críticas al considerar aspectos como infraestructura, equipamiento, medio ambiente, seguridad y vialidad, señala el estudio.

El estudio también hace un análisis preliminar de la situación en las 15 principales ciudades del país, llegando a la conclusión de que el fenómeno es de alcance nacional.

El ejecutivo indicó que “cruzando los datos de allegamiento y ejecución de subsidios en estas ciudades, se obtiene que, a nivel agregado, el requerimiento de viviendas para familias allegadas de ingresos bajos y/o medios no tendría una solución en menos 10 años e incluso 20 años, aunque es necesario ahondar con más detalle en estas cifras y lo que representan”.

Hurtado sostuvo que el objetivo del estudio es aportar nuevos antecedentes para el análisis del déficit habitacional y de los entornos urbanos y optimizar la política pública y el uso de los recursos.

“Por ejemplo, otro de los fenómenos que destacan es que el programa diseñado para familias de bajos ingresos contempla viviendas de dos a tres dormitorios, en circunstancias que el 60% de los hogares de este grupo que viven allegados en el Gran Santiago son unipersonales o uniparentales, para los cuales se podrían identificar soluciones más adecuadas a su realidad”, afirmó.

En tanto, el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, señaló que “estamos ante una crisis habitacional y muchas personas sufren a diario la mala calidad de los barrios donde viven. Las 20 propuestas surgidas del ‘Diálogo nacional por la vivienda y la ciudad’, convocado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, son un excelente punto de partida para avanzar en soluciones concretas. Por nuestra parte, uno de los mayores desafíos que nos hemos propuesto como gremio es trabajar con todas nuestras energías para que el país alcance el ‘déficit cero’ en el menor plazo posible”.

En este contexto, el gremio llamó a buscar nuevas fórmulas para financiar la demanda y ampliar los mecanismos para generar soluciones habitacionales, con énfasis en el arriendo, diseñar una política que aborde integralmente el problema de vivienda y ciudad, fijándose, por ejemplo, estándares urbanos mínimos, y promover la cooperación entre el sector público, la sociedad civil y la iniciativa privada.