Gremio de salmoneras por Ley Lafkenche: “El proceso ha sido mal llevado y se tiene que retrasar de manera total”

A pocas horas de que la Comisión Regional de Uso del Bosque Costero (CRUBC) decida si aprueba o rechaza la creación de los Espacios Marítimos Costeros para Pueblos Originarios (ECMPO) para las comunidades de la Reserva Nacional Las Guaitecas, el director territorial de SalmonChile, Tomás Monge, sostuvo que el proceso ha sido mal llevado e insta a que se retrase de manera total.

De aprobarse las solicitudes, contempladas en la denominada Ley Lafkeche (N°20.249), que entregan por un tiempo indefinido la administración del espacio costero a las comunidades que consigan aprobar sus peticiones, los territorios en cuestión, que suman poco más de 621 mil hectáreas de mar, pasarían a manos de dos comunidades indígenas, constituidas por alrededor de 30 personas.

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En esa línea, Monge indicó que “cualquier ordenamiento territorial, cualquier decisión que se tome, tiene que ser mucho más consensuado, tiene que ser en un proceso largo, de cara a toda la gente. Pero lo que estamos viendo acá, si es que se llegarán a proponer estas modificaciones, al no tener tiempo de poder conversar, vemos que no hay garantías. Entonces por eso es que existe una gran preocupación, no solamente de la industria salmonera, sino de la comunidad en general, de los alcaldes, de los vecinos, de la pesca artesanal, de colectores de orilla. Entonces, por eso que nosotros creemos que el proceso ha sido mal llevado, y creemos que esto se tiene que retrasar de manera total”, dijo en Radio Infinita.

Con respecto a los dichos, por parte de las comunidades indígenas, de que el proceso no afectaría a la industria salmonera, el director territorial señaló que “eso no es verdad. Lamentablemente estas comunidades cuando hicieron estas solicitudes, señalaron en su declaración de principios que lo hacen para obstaculizar o para sacar a la industria salmonera. Entonces, una vez que se entregue en estos espacios la administración, ¿qué garantías tenemos que futuros procesos que tengamos que hacer, relocalizaciones, actualizaciones, movimientos de jaula, vamos a poder hacerlo si la declaración de principios abiertamente señala que es para obstaculizar o para sacar a esta industria? Entonces, eso es lo que nos complica a nosotros”.

Y agregó que, “efectivamente esta ley respeta los derechos adquiridos. Pero hay muchos procesos que están paralizados, por ejemplo, las relocalizaciones, que es un tema altamente deseado por la industria de poder irte a lugares más profundos, lugares en el fondo con mejores condiciones. Eso está paralizado hace 12 años, precisamente por la Ley Lafkenche y también por otras regulaciones. Entonces ese es el punto, al ellos tener la administración, las garantías de que podamos seguir operando y poder seguir realizando todas estas regularizaciones pendientes para el futuro de la industria”.

En cuanto a la falta de tiempo, trasparencia e instancias de dialogo a lo largo del proceso, Monge señaló que “nosotros hemos participado en muchas comisiones de uso del borde costero y hemos apoyado muchos de estos procesos cuando se hacen de forma transparente, cuando hay buena fe desde un comienzo, y donde se hace un trabajo técnico. Acá nosotros lo que hemos echado de menos en un trabajo que se haga con tiempo. Nosotros hemos participado en negociaciones con pueblos originarios, pesca artesanal, industria marítima portuaria, pero son procesos de muchos años de generar confianza, de poder ver dónde aprieta el zapato, en el fondo, cuáles son los intereses que tiene cada sector productivo y las propias comunidades. Pero en este caso, recién a un par de semanas antes de la votación, se empezaron a hacer estos talleres de información”.

En esa línea, Monge apuntó a los gobiernos regionales como los responsables al no haber propiciado un cambio oportuno en el proceso.

“Yo creo que quienes son los que lideran y los que llevan estos procesos a nivel local son los gobiernos regionales, pero también hay una falla estructural de los servicios públicos. Nosotros hemos venido recalcando hace muchos años que la ley, pese a su fin noble, su implementación ha sido deficiente porque no existen los recursos. Conadi tiene grandes deficiencias para acreditar los usos consuetudinarios, sus pescas, Fuerzas Armadas. Entonces, participan muchos servicios públicos, pero existen pocos recursos”, sostuvo.

Y finalizó detallando que “nosotros hemos apoyado muchos de estos procesos cuando nos hemos sentado en la mesa con todos los actores y también participan los servicios públicos, poniendo todos los antecedentes técnicos para poder llegar a un buen consenso. En este caso han transcurrido 8 años y la verdad es que esa instancia de participación no la hemos visto, incluso hay muchas críticas por parte de las propias comunidades solicitantes o comunidades locales, donde se habla de un proceso opaco, poco trasparente. Incluso eso ha generado que comunidades solicitantes se han ido bajando de estas solicitudes. Entonces, eso habla de que el proceso ha sido muy mal llevado desde un comienzo”.