Como un importante desincentivo a la inversión productiva catalogaron desde algunos sectores empresariales el proyecto que tipifica los delitos ambientales, propuesto por expertos y cuya idea de legislar se aprobó durante la semana pasada en el Congreso.
La iniciativa legal, que es un refundido de distintos proyectos presentados en los últimos años (incluso el del gobierno), incluye entre sus medidas penas de cadena perpetua y multas de casi $1.000 millones en ciertos casos, así como también sanciones a funcionarios y ejecutivos de primera línea.
"Cuando se legisla centrándose en la magnitud de las sanciones, llegando a cadena perpetua o montos que solo llevan a una empresa a la quiebra, deja de ser atractivo para un inversionista. Debe primar la sanción racional y lo suficientemente fuerte, orientada al aprendizaje empresarial, pero evitando que no se desarrollen determinados proyectos por medidas excesivas", señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, añadiendo que "el proyecto tal como lo conocemos, representa un importante desincentivo a la inversión productiva".
Desde la Sociedad Nacional de Minería, en tanto, su presidente, Diego Hernández, apuntó que el gremio está a la espera de ver cómo avanzará el proceso legislativo. "No cabe duda que significará un costo adicional para las empresas, porque tendrán que preocuparse de la gobernanza y de establecer seguros para los ejecutivos que eventualmente pueden ser sujeto de una pena. Como gremio estamos disponibles para hacer nuestra aporte", dijo, añadiendo que pese a ello, "no creemos que sea una materia fundamental en la política de medioambiente".
"Al sector le preocupa la agilidad para obtener los permisos y, en ese sentido, vemos con una materia de importancia una reforma al SEIA, que permita otorgar mayor certeza jurídica a los inversionistas", dijo.
Por su lado, el gerente de Asuntos Regulatorios de Generadoras de Chile, Jaime Espínola, sostuvo que "si se logra un debate serio y desvinculado de situaciones coyunturales, es probable que se obtenga como resultado una legislación que no termine afectando las inversiones".
"Una mala legislación puede generar fugas de talento y dificultades en el reclutamiento. Eso es evidente, pero todo dependerá de la regulación resultante. Por ello, debe tenerse especial cuidado en no tipificar como delitos ciertas acciones o consecuencias que tengan que ver con el desarrollo de actividades que por su propia naturaleza sean un riesgo para el medioambiente y que no necesariamente tengan que ver con un actuar doloso o culposo", afirmó.
A su turno, el abogado y socio de Vergara Galindo Correa Abogados, Mario Galindo, catalogó la iniciativa como "excesiva", por lo que será necesario alcanzar un equilibrio durante su tramitación.
"El proyecto elaborado por esta comisión de expertos parece ser una respuesta al proyecto presentado en su oportunidad por el gobierno, considerado insuficiente por algunos. Este proyecto, por el contrario, parece ser excesivo", apuntó.
"Habrá que buscar un equilibrio en que, asumiendo que es inevitable que se apruebe una legislación penal ambiental, ésta quede reservada para la responsabilidad penal de la persona natural que haya contribuido de manera decisiva a la generación de una afectación del medio ambiente de particular gravedad, con tipos penales que den certidumbre acerca de que conductas son o no constitutivas de delito", añadió.
Asimismo, puntualizó que para sancionar a personas jurídicas y generar incentivos al cumplimiento de la normativa ambiental, "es mejor instrumento la regulación administrativa".
