Con opiniones diversas, desde los diferentes gremios representantes de las pequeñas y medianas empresas, dieron a conocer sus puntos de vista del proyecto de la reforma de pensiones.

Por una parte, a través de un texto firmado por Unapyme, la Federación Gremial de Barrios Patrimoniales, la Asociación de Industriales y Empresarios (Asiquinta), la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines (Asof), y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), señalaron estar a favor del proyecto, a la vez que llamaron al Estado a resolver los problemas pendientes de la micro, pequeña y mediana empresa.

Por otro lado, la Multigremial Nacional se expresó en contra del proyecto, además de manifestar su preocupación por las diferentes opiniones al respecto, precisando que “cada quien ha puesto el acento en aquello que le interesa”.

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Entre sus argumentos, el grupo integrado por UnaPyme, expresaron que “La recuperación de la confianza en las instituciones depende de proyectos de reformas, que como este, pueden ser un buen punto de partida”, señalaron desde Mipymes a través de un comunicado.

De igual manera manifestaron que parte de las materias críticas está la reducción al impuesto de primera categoría, donde indicaron que se trata de una política incompleta.

“Producto de sus bajas ventas, las utilidades de la totalidad de las micro y pequeñas empresas son muy exiguas, por lo que solo a un sector incluso discreto de las medianas empresas, les puede afectar; no obstante, consideramos justo, que se llegue a una tasa menor que las grandes empresas y con un régimen de aplicación progresiva”, expusieron.

En esa línea comentaron que, “debemos reconocer que bajo el régimen transparente se beneficia al 97% de las empresas formalmente constituidas en Chile y estamos conscientes que, para la mayoría de las MIPYMES, por sus precarias ventas y utilidades, el impuesto de primera categoría será un número cercano cero”.

Para el gremio, las peticiones de la gran empresa y el sector más grande de las medianas empresas, se enfocan en puntos que sólo le favorece a ese sector, cuestionando el régimen transparente, del que ya se manifestaron a favor. “Lamentamos que pueda estar incidiendo en esta discusión objetivos de corte político que dejan a los gremios como organizaciones poco serias y manipulables”, señalaron.

Además, abordaron su petición de reducir el tiempo para el bono de años cotizados, donde indicaron que “no se ha prestado suficiente atención” a su propuesta, la que apunta a acortar de 20 a 15 años, en el caso de los hombres, y de 10 a 8 años en el caso de las mujeres.

“Muchos de nuestros asociados además de tener pocos años cotizados, tienen una edad sobre los 50 años y los años propuestos les impedirá ahorrar lo suficiente para tener una pensión digna. No podemos permitir que los dueños de micro y pequeñas empresas estén obligados a trabajar hasta el último día de sus vidas”, explicaron.

Así, por parte del gremio llamaron tanto al gobierno como al Congreso a reevaluar las categorías que definen a una pyme, señalando que la realidad de las empresas del segmento es diversa, con el 75% son microempresas con 2.400 UF de ventas anuales, mientras que el 20% son empresas pequeñas, con ventas que varían entre los 2.400 UF y 25.000 UF, y sólo el 3% son medianas, con ventas de más de 25.000 UF anuales.

“Creemos que el déficit del presupuesto público, estimado en US$ 500 millones anuales por la extensión del 12.5% de impuesto de primera categoría durante tres años, debería ser asumido por aquellas empresas con utilidades superiores a UF 25.000 anuales, y no por el total de las MIPYMES mediante ajustes adicionales en futuras regulaciones tributarias y eso requiere diferenciarnos”, comentaron.

Para finalizar, en el gremio expusieron que “sigue nuestra convicción que las AFP responden más a los intereses del capital financiero y de los beneficiados por la colocación de los fondos previsionales, entre los cuales esperamos se nos considere. Esperamos también que se sometan a una evaluación rigurosa los resultados de estas medidas para de lo contrario retomar la voluntad de un cambio profundo del sistema”.

“Las pymes, emprendedores y gremios creemos que este proyecto de reforma de pensiones debe analizarse con mucha más profundidad, sin presiones, sin atender los tiempos políticos y velando por el bienestar de Chile y toda su gente”, expresaron en su comunicado.

Para el gremio, la reforma afectaría principalmente a su sector, y “poco o nada a las grandes empresas”, por lo que sostiene, sería la razón del “silencio” del gran empresariado.

“Pese a que entendemos que todo este proceso ya está acordado a nivel político y en la elite empresarial, queremos ser enfáticos y dejar constancia de que las pymes no estamos de acuerdo en aprobar este mal proyecto de reforma de pensiones”, puntualizaron.

Desde el gremio afirmaron que los expertos y analistas que están a favor del proyecto, omiten “peligrosamente” algunos datos como que la medida de rebaja al 12,5% la tasa de impuesto al sector de las pymes no sería una medida que genere ahorro o mayores ingresos, ya que las pequeñas y medianas empresas pagarían incluso menos impuesto, añadiendo que “sólo dejarían de financiar al Estado a través del PPM porque su efecto es acotado”.

Así, también comentaron que el proyecto podría aumentar hasta en 1,5% el desempleo, y que aumenta las probabilidades de la informalidad laboral.

Entre estos puntos, señalaron que el potencial crecimiento de la reforma sólo alcanzaría un 2%, y acusaron que de acá al 2050 se deberá a los trabajadores el equivalente del 10% del PIB, y llamaron a que, frente a otras prioridades nacionales, esta reforma no agote las fuentes de financiamiento fiscal permanente a través del crecimiento económico y la eficiencia y reasignación del gasto.

Asimismo advirtieron que no existe un compromiso por evitar nuevas reformas de pensiones, que podrían aumentar la carga y a incertidumbre en el país, y tampoco se ha analizado el aumento de la inflación por el incremento de costos laborales. Además, indicaron que “las graves alertas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se quisieron arreglar a la rápida, sin abordar con la profundidad debida”.