Hoy la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), realizará la votación que establecerá si se acogen o no las dos normativas propuestas de la Ley Lafkenche, que pretenden entregar más de 600 mil hectáreas de zonas marítimas en Aysén a comunidades indígenas.
Desde los gremios de Sofofa entre Arica y Coquimbo, enviaron un comunicado donde expresaron su preocupación por el tema. “Hacemos un fuerte llamado a que prime la cordura, ya que, de aprobarse, sentaría un precedente que podría implicar un fuerte desincentivo a la inversión en todo el borde costero de la macrozona Norte”, indicaron.
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El primer punto donde pusieron alerta fue acerca de la “dimensión desproporcionada”, donde se les entregará a las comunidades indígenas más de 621 mil hectáreas. “Más allá de promover y mantener las costumbres de un grupo de 59 personas, priva a la gran mayoría de las personas y trabajadores de una región de una propuesta de desarrollo sostenible de nuestro espacio costero”.
En segundo lugar, los gremios mostraron preocupación por la “generación de un conflicto”, esto, según lo que sostienen, porque se puede generar una división entre quienes resulten beneficiados con la medida con el resto de los habitantes de la zona “que quieren y aspiran a tener un desarrollo común”.
La tercera inquietud fue sobre la “política de espacios de borde costero”, donde indican que la exclusividad que tendrá un pequeño grupo de personas, sobre terrenos extensos, se contrapone con el " principio de desarrollo sostenible y armónico con el medio ambiente”
El cuarto punto que acusan es acerca de la “falta de diálogo”, señalando que el proceso no ha contado con espacios para generar acuerdos o informar a las comunidades acerca de las medidas que se van a incorporar.
“Como Gremios de la Macrozona Norte nos preocupan las consecuencias de un proceso que no genera acuerdos en un momento en el que el país requiere urgentemente de señales que promuevan unidad, empleo, crecimiento y una mirada de futuro”, declararon.
El último tema que abordaron fue sobre el “alcance”, a lo cual advirtieron que la medida puede provocar una tendencia de bloqueo descomunal de espacio costero, algo que terminaría generando una “parálisis de inversión e incertidumbre a cualquier actividad productiva, industrial y artesanal a lo largo de más de 6.000 kilómetros de costa”.
“Hemos visto cómo otras medidas bien intencionadas son mal diseñadas y aplicadas, lo que ha generado la lamentable pérdida de miles de empleos de calidad en regiones donde la actividad económica costera es muy relevante para sus habitantes”, explicaron desde el gremio, quienes también compararon la situación con la discusión de una nueva Ley de Pesca.
“Las implicancias para la gran mayoría de las personas pueden ser muy dañinas a lo largo de todo el territorio nacional si no se corrige a tiempo con el objetivo de promover una adecuada política de desarrollo marino sostenible.”, concluyeron.
