La Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el corazón de la nueva Ley de Pesca, se trata del proyecto conocido como la Ley de Fraccionamiento, que divide los recursos que puede recolectar el sector industrial y artesanal, y que ya tiene rechazo por parte de algunos gremios pesqueros.
Desde la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), señalaron que es un proyecto que genera incerteza jurídica en el ámbito económico, y que atasca la inversión. “En un contexto de desaceleración económica que vive el país. Esta inconstitucionalidad fue refrendada por el actual ministro de Justicia, al referirse en un informe jurídico a la duración de los derechos otorgados por la ley vigente en el gobierno de la presidenta Bachelet”, dijo el gremio.
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Asimismo, sostienen que “infringe garantías constitucionales de los titulares de las Licencias Transables de Pesca (LTP), al no respetar el periodo protegido de fraccionamiento establecido legalmente, hasta el año 2032 así como tampoco las LTP B que algunos han debido comprar en subastas organizadas por el Estado”.
El gremio afirmó que el proyecto tiene defectos técnicos, los que complicaría su aplicación, además indicaron que “se aprobaron artículos que van en sentido contrario a lo expuesto por la ciencia y de los propios estudios de la Subsecretaría de Pesca y el fraccionamiento fijado en algunas pesquerías dejará cuotas sin capturar”.
Desde Sonapesca señalaron que aún se deben resolver la sobrecapacidad de pesca en algunos sectores artesanales, y sostienen que, en general, solo la mitad de la flota artesanal cuenta con actividad. Con esto, piden determinar quienes realmente están activos, y frente a eso establecer nuevas cuotas.
“Ningún fraccionamiento será viable, si no se establecen certezas jurídicas, que aseguren aspectos constitucionales y garantías para que los acuerdos y plazos esta vez sí se van a cumplir”, comentaron en Sonapesca.
Por otro lado, la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, lamentó la aprobación del proyecto, y expresó que se trata de una iniciativa que debilitará la posición de Chile como potencia pesquera mundial, además de que se rompen acuerdos entre el Estado y la pesca industrial.
“A la pesca industrial se le ha hipotecado su futuro”, sostuvo Cepeda, para luego advertir que el proyecto detiene inversiones, daña la credibilidad del país y genera incertezas para los agentes económicos.
“Esto sin considerar los efectos desastrosos en el Biobío, donde la pesca industrial tiene una vocación hacia la elaboración de alimentos. La región queda en una posición de total vulnerabilidad y precarización del empleo y esto, lamentablemente, lo veremos cuando el Gobierno ya no esté en La Moneda. Todo por cumplir una promesa de campaña”, acusó Cepeda.
De esta manera, la presidenta del gremio llamó a que “en el Senado prime la sensatez y la responsabilidad, se dejen de lado las trincheras, el revanchismo y la ideología. Esperamos que exista un debate en que se atiendan los argumentos técnicos, sin presiones, moderado, escuchando a la diversidad de actores y poniendo en el centro el desarrollo sustentable de todo el país pesquero en su conjunto”.
El CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, también se sumó al rechazo del proyecto, y señaló que “es lamentable el avance del proyecto de ley de fraccionamiento, ya que la iniciativa atenta contra la industria del consumo humano, por lo que esperamos que en el Senado se pueda generar un debate más informado de este tema y se ponga por delante la competitividad del país, la certeza jurídica y el desarrollo sostenible de la industria de la pesca, que genera miles de empleos en distintas regiones.
