Inquietud es lo que se está generando en los últimos meses en el sector eléctrico. La pandemia amenaza al rubro que desde octubre ha estado enfrentando diversos cambios legales y administrativos, al punto que hoy, aseguran, peligra la cadena de pagos.
En los últimos días de marzo, el Ejecutivo anunció que los clientes de distribución eléctrica más vulnerables pueden postergar el pago de sus cuentas de luz para alivianar la carga. El debate que se ha generado es sobre cómo y en qué proporción cada segmento -generación, transmisión y distribución- deberá asumir la menor recaudación resultante de eso. Por ello, se instruyó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para que fiscalizara la medida y para que las eléctricas presentaran sus planes de acción.
En mayo, dos gremios de generadores acudieron a la autoridad para mostrar su preocupación por la cadena de pagos. En concreto, los máximos ejecutivos de Acera se reunieron con el Superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila para tratar la materia: “riesgo en la cadena de pagos del sector eléctrico”, según se publicó en la página web de Ley Lobby. Por otra parte, de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM-AG), acudieron donde el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas.
Según se desprende del mismo portal, GPM-AG pidió reunirse para plantear sus inquietudes respecto de proyectos de ley y comportamiento de algunas distribuidoras que, a juicio de ellos, “podría poner en riesgo la cadena de pagos”.
Al ser consultados, el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat, señaló que el cumplimiento de la cadena de pagos de todos los actores del sector eléctrico es fundamental para garantizar el suministro a los clientes. “Debido a la actual contingencia sanitaria, ese es un riesgo que hemos planteado desde que se anunciaron las medidas de no corte de la luz y el diferimiento de pagos”, dijo Finat.
En esa misma línea, agregó que dada la gravedad de la situación sanitaria, agudizada aún más por la crisis social de octubre, todos los actores del sector deben liderar la búsqueda de una solución que aliviane a los consumidores y que permita mantener la cadena de pagos. “En el caso de las empresas distribuidoras, uno de sus roles más importantes es el de la recaudación, para lo cual tiene diversas herramientas para mitigar dicho riesgo. Y finalmente, los generadores cumplen el rol de garantizar que la energía siga fluyendo a todos los consumidores”, aseguró el máximo ejecutivo de Acera.
Desde GPM-AG, su director ejecutivo, Danilo Zurita, señaló que la decisión unilateral de una empresa de no cumplir dichas obligaciones implica un detrimento de dicha confianza. “Es temprano para dimensionar si esto puede afectar significativamente el resto de los mercados del sector y sus transacciones, pero lo que es incuestionable es que este tipo de comportamientos no pueden suceder”, manifestó Zurita.
Agregó que se han estado comunicando con las autoridades, donde saben de que es un tema que les preocupa y que están monitoreando constantemente. “Es necesario que dichas acciones se mantengan para que este problema no crezca. De todas maneras, el tema no es que tan grande es el incumplimiento, sino que solo el hecho de que éste ocurra no es aceptable”, indicó el director ejecutivo del gremio.
En mayo se dio a conocer el primer conflicto entre compañías, que tuvo como protagonistas a dos grandes: Colbún (generadora y CGE (distribuidora), donde la primera acudió a la SEC para exponer sus discrepancias contra la distribuidora respecto a cómo va a operar la postergación de los pagos, advirtiendo que CGE ya avisó que descontará de la factura de energía aquellos pagos equivalentes a los consumidores que no pagaron sus cuentas.
