Tras largas negociones entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y parte de la oposición, se logró un acuerdo respecto a al reforma previsional entre el Ejecutivo y los senadores de Chile Vamos. Sin embargo, las indicaciones que se presentaron de manera consensuada no encontraron respaldo en los gremios empresariales.

Los reparos del mundo empresarial se enfocaron en la cotización adicional a cargo del empleador. Las indicaciones plantean que un 4,5% de la cotización adicional se destine directamente a las cuentas individuales, y que exista una cotización de 4% al Seguro Social, que según las indicaciones, se destina al llamado Fondo Autónomo de Protección Previsional.

En total esa es una cotización de 8,5% con cargo al empleador, pero no significa que se esté introduciendo todo eso como un extra, ya que una parte de eso actualmente los empleadores ya lo aportan. De es esta forma, se plantea una cotización adicional de un 7% con cargo al empleador, donde habrá un plazo de nueve años de gradualidad.

“Hubiéramos esperado mayor gradualidad del alza de cotizaciones a lo largo del tiempo, para efectos de mitigar el impacto que esto pueda tener en el mercado laboral”, dijo la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Además, el gremio del gran empresariado, a diferencia de las otras agrupaciones, extendió sus críticas a otros puntos del acuerdo entre el Ejecutivo y los senadores de Chile Vamos en materia de pensiones.

“Creemos que es importante haber logrado la compensación entre hombres y mujeres, pero la propuesta implica un costo demasiado alto para el empleador, que no refleja el costo real de la compensación”, comentó la líder de la CPC, Susana Jiménez.

Otro de los dardos apuntó al préstamo rembolsable, con el que se busca financiar la garantía por años cotizados para mejorar las pensiones de los actuales jubilados; aporte que a futuro se destina íntegro a la cuenta individual. “Es una herramienta que podría adolecer de problemas de sostenibilidad y, por tanto, es muy relevante que se transparente en la contabilidad fiscal y se tomen los resguardos para evitar perjuicios a los cotizantes”, comentó la CPC.

La CPC también tuvo reparos con la licitación de cartera de cotizantes propuesta, que busca una baja en las comisiones. “Creemos que la propuesta no es adecuada para promover la competencia, y llevaría a decisiones de inversión que no benefician la rentabilidad de los ahorros, que es lo que realmente se debiera buscar para no perjudicar a las personas”, estimó el gran empresariado.

La CPC también llamó a considerar “la opinión ciudadana respecto de mantener el mecanismo de capitalización individual, incluyendo la propiedad de los fondos por parte de los cotizantes”.

“Este sistema ha logrado resguardar y multiplicar los ahorros de los trabajadores, junto con fortalecer un mercado de capitales transparente y competitivo, que ha beneficiado al país y a sus habitantes”, añadió.

“El proyecto implica un alza significativa en los costos de contratación, con un incremento del 7% en la cotización del empleador”, lamentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), José Pakomio, en un comunicado.

El líder de la CNC también estimó que la cotización en cuestión afectaría “gravemente a las empresas de menor tamaño, que ya enfrentan desafíos de liquidez y competitividad, y aunque existe gradualidad, podría no ser suficiente”.

“Este cambio puede empujar a más empresas a la informalidad, debilitando el mercado formal y afectando la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Es una medida que debemos reconsiderar seriamente”, agregó.

En esa línea, Rosario Navarro, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), dijo le preocupa el aumento de la cotización: “Puede aumentar la informalidad laboral, si es que no va asociado a una mayor productividad”.

“En este espíritu de acuerdos para enfrentar desafíos nacionales, llamamos a generar un clima favorable para el crecimiento y nuestra competitividad. No hay mejor recaudador que el crecimiento económico ni mejor política social que el empleo”, agregó.

Por su lado, el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, valoró el acuerdo, pero con matices. “El aumento de las cotizaciones es un desafío considerable, y el período de implementación propuesto resulta insuficiente para absorber este cambio sin afectar el empleo”, comentó.

Walker pidió que sus observación se “evalúen detenidamente”. “El impacto que la implementación de esta reforma podría tener en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas, junto con la posibilidad de que promueva la informalidad laboral”, agregó.

En esa línea, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos (Asimet) también criticó el acuerdo. “Las empresas nuevamente tendremos que estar disponibles para aportar, pero necesitamos reciprocidad por parte del Estado para ser más competitivos y poder financiar estos mayores costos”, dijo el gremio en un comunicado.

El líder del gremio metalúrgico, Fernando García, estimó que la reforma tendrá un impacto en el empleo, afectando principalmente a las pymes. “Quien piense que las empresas pueden absorber estos aumentos de costo sin que ello afecte el empleo está realizando un análisis simplista y de corto plazo”, agregó.

“Tenemos dudas si tendremos las espaldas para poder solventar estos mayores costos, en un contexto de estancamiento de la economía y, principalmente, de la productividad, factores que no nos permiten competir en igualdad de condiciones con las importaciones”, agregó.

Mientras que, Juan Pablo Swett , presidente Multigremial Nacional, también criticó el acuerdo: “El gobierno y la oposición tienen que entender que en Chile no solamente hay grandes empresas, también hay micros, pequeñas y medianas, que muchas de ellas no son capaces de solventar este aumento en las cotizaciones”.

“¿El gobierno y la oposición están considerando algún tipo de ayuda para micros y pequeñas empresas para aumentar estos costos laborales?”, agregó Swett tras su reparos al acuerdo.