"Falta tener una visión más sistemática de todos los delitos ambientales que existen en la legislación", fue el diagnóstico que la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), entregó tras conocer los detalles de la indicación sustitutiva al proyecto de Delitos Ambientales que ingresó el gobierno y que, entre otras cosas, triplica las multas por daño ambiental (hasta UTM 3 mil) y deja la acción legal en manos del Ministerio Público.
Así lo comentó el director de políticas públicas de Sofofa, Rafael Palacios, quien aplaudió las indicaciones del ejecutivo catalogándolas de "ambiciosas" y "en la línea correcta".
Una visión similar, mostró el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien apuntó que lo que se extrañó como parte de la indicación sustitutiva es la coherencia entre la persecución penal de esta ley y la contenida en otras normas.
"Con esta omisión está el riesgo de originar decisiones contradictorias frente a un mismo hecho", aseveró.
En ese sentido, el socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, Martín Astorga, explicó que "al proyecto le falta aclarar si estas disposiciones van a prevalecer en relación a otros delitos similares establecidos en leyes sectoriales", entre las cuales mencionó, a modo de ejemplo, el delito de contaminación de las aguas, incluido en la Ley de Pesca.
"Esto es muy importante, debido a que el delito de contaminación de las aguas tiene requisitos menos exigentes que los que considera el actual proyecto de delito de daño ambiental, y ambos regulan situaciones muy similares", aseveró.
En tanto, el socio del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía, Jorge Canals, señaló que a su juicio, "la modificación más importante es entregarle la titularidad de la acción al Ministerio Público y no replicar el modelo que existe respecto de los delitos tributarios".
"La indicación resulta deficitaria en términos conceptuales, ya que no se hace cargo de elementos como el riesgo o la contaminación", acusó Víctor Alé, del estudio Olivares Cisternas.
