Gremios y trabajadores de BancoEstado urgen a realizar cambio a la ley de fraude con tarjetas

Un llamado a modificar la Ley de Fraudes con tarjetas es el que hicieron los trabajadores de BancoEstado, la Asociación de Retail Financiero y el gremio que agrupa a las cooperativas de ahorro y crédito, esto en el marco de la discusión del proyecto que aborda temas de sobreendeudamiento, pero el cual también plantea cambios a la mencionada ley.

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En su intervención ante la Comisión de Hacienda del Senado, el presidente del Retail Financiero, Claudio Ortiz, señaló que los mayores problemas de la ley actual son “la dificultad de los emisores para probar la culpa grave o dolo, y en segundo lugar la restitución del dinero sin investigación dados los cortos plazos para actuar. A nuestro juicio estos son los dos principales problemas de la legislación y son materias que requieren un perfeccionamiento urgente”.

La ley actual establece que a partir del momento en que el titular avisa al emisor sobre el extravío, hurto, robo o fraude del medio de pago, el emisor de las tarjetas será responsable de todas las operaciones realizadas con posterioridad al aviso, incluso de aquellas que hayan sido realizadas hasta 120 días anteriores al aviso. Ante ello, el emisor debe abonar al titular hasta 35 UF, dentro de los 5 días hábiles siguientes al aviso, y si el monto es superior a 35 UF, el exceso debe abonarse dentro de los 7 días hábiles siguientes. Pero uno de los problemas presentados es que el peso de acreditar el robo de la tarjeta recae en el emisor, quien puede eximir su responsabilidad si se acredita, mediante sentencia firme y ejecutoriada de un juez de policía local, que el titular actuó con dolo o culpa grave.

Según Ortiz, las operaciones no reconocidas por clientes “han crecido de forma exponencial, tal como los montos”, y que “la masificación de los fraudes traen problemas serios a los consumidores, a las instituciones financieras y a la economía en su conjunto”, pues son los consumidores quienes tendrán que afrontar situaciones más complejas, porque dada “esta masificación de los fraudes, lo que están haciendo las instituciones financieras es ponerse más restrictivos a la hora de incorporar personas al mercado formal del crédito”.

Alejandro Arriagada, secretario general de la Asociación, de Retail Financiero, planteó que la idea de ampliar el plazo para la restitución de los fondos desde 5 a 10 días hábiles “permite la revisión del caso reclamado, y recopilación de antecedentes que eventualmente resulten en una judicialización”, pero subrayó que el problema persiste “porque el estándar que se fijó en la ley era un estándar altísimo (dolo), la mayoría de la legislación chilena no contempla este estándar en ningún otro tipo de acreditación de responsabilidad”.

Así, el gremio propuso cambiar el estándar probatorio; que “reconocer que el cumplimento de las normas de la CMF constituye eximente de responsabilidad”, pues esto “demostraría, por parte de instituciones financieras, máxima diligencia y mayores estándares en la protección en el uso de los medios de pago”. Como tercer punto, plantearon la necesidad de “reconocer el deber de cuidado del usuario en la protección de sus claves de acceso; aumentar el plazo de la restitución dependiendo del tipo de producto; y modificar la Ley del Consumidor para casos de auto fraude, para permitir al emisor el término de contrato ante patrones de conducta sospechosos.

El sindicato de BancoEstado acudió también a la sesión, y si bien advirtió del problema patrimonial que le está general a la institución la ley de fraude con tarjetas, su exposición se centró en los hechos de violencia que están viviendo los trabajadores. Así, la vicepresidenta del sindicato de la estatal, Loreto Pinto, sostuvo que la ley en cuestión “viene a convertirse para nosotros dramáticamente en una catástrofe de nivel nacional”, pues los datos “hablan del autofraude más masivo en la historia del país”.

Al tiempo que recordó que en el caso de BancoEstado las pérdidas por este concepto son de más de US$120 millones, las que van “en desmedro del espíritu que siempre ha tenido BancoEstado, del servicio social al país y a la comunidad”, ahecho que además “pone en riesgo la capitalización de la empresa”, también alertó de que “existe un riesgo de desbancarizar, retroceder en décadas lo que habíamos avanzado en inclusión financiera. El impacto en los flujos financieros no es menor, esto seguirá sosteniéndose en el tiempo al menos que se le ponga un coto”.

El cumplimiento de la ley, según Pinto, ha implicado que “los clientes llegan a las sucursales exigiendo respuestas inmediatas ante el bloqueo de sus tarjetas”, situación que se ha traducido en “muchísimos casos de violencia física y verbal. Tenemos 400, y en cerca de 160 oficinas trabajadores han recibido agresiones de carácter físico o verbal, de las cuales en 21 sucursales se han recibido agresiones físicas, desde un simple salivazo, por llamarlo elegantemente, a golpes, manoteos y otros”.

Por último expuso la Asociación Cooperativas de Ahorro y Crédito, representada por Pedro Pablo Lagos, su gerente general; y el asesor legal del gremio, Esteban Ruiz. Éste último expuso que el actual problema de la ley es “el alto estándar probatorio, la excesiva judicialización de los mecanismos de solución de disputa, altos montos de devolución a todo evento, y una sensación de impunidad. Creemos que son los problemas que tiene la actual ley, y esto no cambia con el actual proyecto”.

Así, detalló que para las cooperativas, si bien “el primer semestre de 2022 reportaron montos por más de $345 millones, al primer semestre de 2023 esta cifra subió a $639 millones, un incremento de 85%. El 70% corresponde a montos inferiores a UF35″.

Así, Ruiz señaló que las modificaciones propuestas en la iniciativa “no disminuye incentivos para cometer autofraude, mantiene un alto estándar probatorio que es casi imposible de lograr en juzgado de policía local”, por lo que propusieron un estándar de culpa leve, así como disminuir el umbral de UF35.