La crisis de Essal en Osorno no es todavía un capítulo cerrado. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal) buscan, por estos días, validar en tribunales un acuerdo para indemnizar a los casi 50 mil clientes que sufrieron el corte del suministro de agua potable en julio del año pasado.
Según la resolución del Sernac, que consta del 30 de diciembre, Essal se comprometió a restituir a 47.519 consumidores residenciales en Osorno afectados por la suspensión e interrupción del servicio de suministro de agua potable. Cada uno de ellos será beneficiado con el pago de $63.250, el cual será abonado en los estados de sus cuentas mensuales. El costo total de la medida es de $3.005.563.201.
En medio de todo este proceso, a finales de enero, 200 personas afectadas anunciaron por medio de un escrito al 1° Juzgado Civil de Puerto Montt que optaron por ejercer acciones legales en contra de Essal. La futura acción judicial buscará resarcir el "daño patrimonial y moral" que les produjo el corte del suministro.
"El ofensor (Essal) es responsable de una de las mayores catástrofes ocurridas en la ciudad de Osorno, esta parte ha optado precisamente a desmarcarse del presente procedimiento voluntario", acotó el escrito presentado por los abogados Leonardo Villegas y Enrique Soto. Y añadió: el acuerdo alcanzado entre Sernac y Essal "tampoco se hace cargo del daño medioambiental provocado, y lo que es más grave, el daño ocasionado por medidas alternativas negligentes de la demandada, donde se abasteció a la población con estanques de agua con presencia de coliformes fecales".
A ellos se suma un grupo de 56 personas que se hizo parte del proceso y lanzó duras críticas al acuerdo. Se trata de residentes de Osorno representados por Andrés Herrera, socio de Ander Consultores & Abogados y quien se desempeñó entre 2014 y 2018 (gobierno de Michelle Bachelet), como jefe de la División Jurídica del Sernac.
"El acuerdo no implica su reconocimiento de los hechos constitutivos de la eventual infracción. Por lo tanto, Essal ha quedado excluida de su responsabilidad infraccional comprometida en estos graves hechos, cuyas multas asociadas, en el caso vulneraciones que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores, como es evidentemente este caso, podrían haber alcanzado hasta las 45.000 UTA, esto es, más de US$33 millones", consignó el escrito.
Rol de aseguradoras
A su parecer, los montos comprometidos por Essal en la reparación directa, que alcanzan US$7,4 millones, saldrán de los bolsillos de las empresas de seguros asociadas y no de la sanitaria.
Dichos montos están "en parte importante cubiertos por seguros por responsabilidad civil general contratados por la empresa, cuya póliza principal cubre un límite indemnizable de 5 millones de euros, y otra que opera en exceso de dicha cifra". "En síntesis, esta compensación que dice pagará Essal, en rigor, la soportará en su totalidad la Compañía de Seguros Liberty Seguros", remató Herrera. En su escrito el abogado también solicitó rechazar el acuerdo, pero el tribunal desestimó la petición.
