Una advertencia sobre su permanencia en el país lanzó este miércoles la compañía de capitales españoles Ibereólica Renovables. La compañía opera cuatro parques eólicos en Chile: Cabo Leones I, II y III, además del Parque Atacama. En conjunto, los proyectos generan más de 800 MW. Además, tiene en construcción un parque fotovoltaico de 540 MW, en Tocopilla, y otros dos proyectos híbridos en fase de desarrollo, ubicados en Taltal y María Elena, por 1.689 MW.

El aviso sobre el futuro del grupo español en Chile lo realizó el CEO del grupo Ibereólica Renovables en Chile, Guillermo Dunlop, ante la comisión de Minería y Energía del Senado.

“Tenemos balances negativos energéticos que están poniendo en seria duda la permanencia del grupo en el país. (...) Tenemos un pipeline de negocios por delante de alrededor de US$3.000 millones en nuevos proyectos, los cuales ahora mismo están en serias dudas y complicación, porque tenemos también proyect finance internacionales con la banca noruega, la banca española, con los cuales no estamos llegando a pagar”, dijo el máximo ejecutivo de la complicada compañía.

Las declaraciones de Dunlop se dieron en el marco de una convocatoria a la que asistió un grupo de empresas renovables que viene alertando hace meses por la delicada situación financiera que enfrentan. Además de Ibereólica, a la sesión asistieron representantes de Clean Capital Energy (CCE), Acciona Energía, Mainstream Renewable Power, EDF Renewables Chile, Pelícano Solar y WPD Chile. Todas forman parte del grupo de nueve generadoras que en febrero ya había solicitado medidas transitorias para elevar el pago de remuneraciones al segmento de generadoras renovables.

Cabo Leones II, operada por Ibereólica en conjunto con Grupo Naturgy, cayó en cesación de pagos en octubre de 2022, obligando al Coordinador Eléctrico a ejecutar la boleta de garantía por $964 millones para cumplir con sus contratos. Ello derivó en el retiro de la unidad de generación del mercado de corto plazo.

Al respecto, Dunlop señaló que “hemos inyectado US$30 millones de fondos propios para mantener el proyecto en operación, mientras esperamos una resolución por parte del gobierno a los problemas”, y si bien aceptan que el Ejecutivo “ha reconocido el problema” con su proyecto de transición energética, agregó que “los ingresos tarifarios se deben reconocer cuanto antes para seguir adelante, pero también debe haber más foco en el corto plazo para resolver nuestros problemas y para que sigamos adelante como compañía”.

Consultado por Pulso, Dunlop matizó sus palabras y reafirmó “el compromiso del Grupo Ibereólica con Chile, con sus inversiones y proyectos en desarrollo de US$3.000 millones, aunque algunos de sus proyectos estén en serios problemas financieros por la situación regulatoria”.

En la instancia parlamentaria, otra de las empresas sinceró su apremiante situación financiera y advirtió su inminente cesación de pagos. Se trata de Clean Capital Energy (CCE), firma de capitales austríacos que en Chile opera el parque fotovoltaico La Huella, ubicado en la comuna de La Higuera, y que cuenta con una capacidad instalada de 87 MW.

“Nuestra situación está siendo realmente insostenible. No vemos posibilidades en este momento de seguir invirtiendo en Chile, es una situación complicada, y hay riesgo de que podamos ser la próxima empresa que caiga en cesación de pagos”, dijo Ítalo Repetto, jefe de proyecto de CCE, ante la comisión.

Su revelación reforzó el tono con que los demás actores se presentaron ante los legisladores.

El director de producción de Acciona Energía, y también presidente de Acera, Jaime Toledo, hizo un llamado a “avanzar en soluciones urgentes y de corto plazo, porque la banca internacional está muy preocupada y queremos señales como país de que estas imperfecciones regulatorias las vamos a corregir”.

Con todo, valoró la propuesta de reasignación de los ingresos tarifarios extraordinarios contenida en el proyecto sobre transición energética del Ejecutivo, asegurando que dicho aspecto “va en una muy buena línea”, y enfatizó que “necesitamos que ese proyecto en particular sea aprobado lo antes posible para evitar problemas con la banca internacional”.

Manuel Tagle, gerente general de Mainstream Renewable Power, la principal compañía renovable que opera en el país, también solicitó a la comisión apoyar la propuesta de reasignación de ingresos tarifarios, ya que, en su visión, las modificaciones “intentan corregir parte del problema, no el problema total”, y agregó que “si se aprueba de forma urgente, sería una primera medida que va en la línea correcta, y a su vez de una importante señal a los inversionistas extranjeros, tanto a nivel de accionistas como de los bancos”.

Por su parte, Matías Steinacker, gerente general de EDF Renewables Chile, apuntó a la necesidad de que los proyectos puedan responder a los contratos de largo plazo, los que “para que operen bien, dependen también de que el mercado logre incorporar los volúmenes de transmisión necesarios para transportar la energía y logren operar de forma eficiente”, dijo.

El ministro de Energía, Diego Pardow, estuvo presente en la sesión. Allí descartó que existan incumplimientos legales por parte del Estado por el atraso de las obras de transmisión eléctrica.

“Si bien entendemos la frustración de las compañías, porque hay obras que efectivamente se han atrasado y esto pasa también en otras partes del mundo, las obras de infraestructura lineales toman cada vez más tiempo, no hay una infracción legal ni hay una obligación perentoria respecto de aquello”, afirmó, y relevó los esfuerzos regulatorios por solucionar la tensionada situación financiera de las renovables.