Un nuevo capítulo en la disputa en Clínica Las Condes (CLC) se vivió el pasado lunes 15, luego que un grupo de médicos acudiera a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para solicitar un pronunciamiento.

El escrito, firmado por Daniel Hinzpeter, José Luis Troncoso, Lina Ortiz, Pedro Daza, Óscar Fielbaum y Vicente Gutiérrez, relata que el 29 de marzo el grupo Auguri adquirió el 8,1% de Clínica Las Condes, por lo que habría alcanzado 27,37% de la propiedad de la compañía.

Ante dicha operación, los médicos, indica la carta, "solicitamos a esa Comisión para el Mercado Financiero, su intervención y pronunciamiento, respecto a si es que se ha producido o no una toma de control de Clínica Las Condes", y si existen consecuencias, como "haber sometido dicha adquisición de acciones al proceso estipulado en el título XXV de la Ley de Mercado de Valores", el que precisamente regula la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

La petición a la CMF se produce pues, a juicio de los médicos, Ley de Mercado de Valores establece de forma precisa el cómo alguien puede ser controlador de una compañía, una de las cuales es tener influencia decisiva en la administración o gestión de la sociedad, lo que se traduce en toda persona o grupo de personas que tengan al menos el 25% del capital con derecho a voto, exceptuando algunos casos específicos, como el que haya un accionista con una número de acciones mayor.

Y según la carta en cuestión, las excepciones establecidas en la ley, y mediante diversos oficios, no se dan en Clínica Las Condes.

Adicionalmente, Hugo Caneo, en representación de Yasson Triantafilo Vladilo, accionista de CLC, presentó una demanda ante los tribunales aludiendo también a que Auguri debió lanzar una OPA sobre CLC.

"Resulta incontrovertible que la infracción de las normas del Título XXV de la LMV en que ha incurrido la demandada me produjo un daño patrimonial efectivo y determinable, que oscila entre $6.000.000, en el caso de un premio por control de 30% y $14.000.000, en el caso de un premio por control del 70%", se argumenta la demanda.

Cecilia Karlezi mantiene una dura disputa contra la administración de Andrés Navarro y Jaime Mañalich a raíz de la negativa a realizar una auditoria forense.