Grupo Suez critica al MOP por sequía: “Se necesita liderazgo y políticas de alianzas con visión global y no con una mirada cortoplacista”

Crítico del gobierno está hoy el grupo Suez. El holding francés, controlador de Aguas Andinas -matriz de Essal-, no solo enjuicia la labor que hasta ahora ha desempeñado el superintendente de Servicios Sanitarios (SISS) subrogante, Jorge Rivas, respecto del proceso que en agosto pasado levantó el organismo contra la sanitaria de Los Lagos por la interrupción de suministro que afectó a la ciudad de Osorno, sino también al propio Ministerio de Obras Públicas por las políticas que está trabajando para enfrentar la escasez hídrica que vive el país.

En la semana en que el grupo Suez exigió “la inmediata suspensión” del proceso de caducidad de Essal y amenazó con acudir a instancias internacionales, su director de Estrategia de Desarrollo Sostenible para España y Latinoamérica, Narcís Berberana, responde a las consultas de Pulso Domingo, e indica que si la decisión depende de un personero de gobierno que está en calidad de subrogante hace varios meses, “diría que, lamentablemente, no es la mejor imagen de Chile en el extranjero ni para Rivas ni para sus inmediatos superiores”.

El también director y exgerente general de la mayor sanitaria del país recalca que esperan no perder la concesión y también advierte que si se ven obligados a recurrir al Ciadi, ya ganaron un proceso similar contra el gobierno argentino. Respecto a la Ley de Servicios Básicos, subraya que más allá de entrar en la polémica sobre su inconstitucionalidad, “es socialmente regresiva y debilita los servicios públicos”.

¿Por qué Suez decidió esta semana hacerse parte del proceso que la SISS abrió en agosto pasado?

-La SISS le ha abierto a Essal dos expedientes, uno de sanción y otro de posible caducidad de la concesión de agua potable. El escrito que se ha presentado ahora se refiere únicamente a la amenaza que se cierne sobre nosotros de caducidad de la concesión que, como ya dejamos claro en los pliegos de descargos, supone la aplicación de una medida que carece de base legal en la legislación chilena y, de aplicarse, supondría poner en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras. El mensaje que se enviaría internacionalmente no ayudaría en absoluto a la confianza que se ha labrado merecidamente Chile durante décadas.

¿Qué sucedió para que Suez fuera más fuerte en sus declaraciones?

-Permítame discrepar, se trata de ser riguroso con la legislación y en su aplicación. Y creemos que en este caso en particular se han vulnerado principios básicos del debido proceso. Lo que comúnmente se reconoce como seguridad jurídica. Es un proceso que debe limitarse al campo legal y técnico y, últimamente, estaba viciado políticamente.

¿Por qué dicen que la acción de la Superintendencia de Servicios Sanitarios infringe los principios básicos del debido proceso?

-Lamentablemente, en estos momentos tan críticos nos vemos en la obligación de recordar que el rol del superintendente nunca debe ser en un proceso juez y parte. El 11 de julio, día en que se dio la falla de suministro y en declaraciones realizadas desde Osorno, Jorge Rivas ya anunció que la SISS impondría, y cito textualmente, “la máxima sanción posible que permita la ley”. Y se refirió a ello, y vuelvo a citar textualmente, como “omisión”, información errónea, “cadena de errores”, “inoperancia”, y que el plan de contingencia falló por todos lados. Está claro que el señor Jorge Rivas prejuzgó a Essal ya desde el primer día del incidente.

¿Sienten que hoy están más cerca de perder la concesión?

-Espero que no. Sería una noticia nefasta para todos.

¿Qué tan real es la alternativa de escalar el conflicto hasta el Ciadi?

-El Ciadi siempre lo hemos contemplado como la última instancia de todo este proceso. Y esperamos no llegar a ello por dos razones. La primera, porque estamos convencidos de que no hay base probatoria para caducar la concesión y, la segunda, porque confiamos en que se tomará una resolución de justicia. Chile tiene muy pocos contenciosos en este organismo, solo cinco, si mis datos no son incorrectos. Pero, si tras haber agotado todas las instancias de defensa y con la mejor voluntad demostrada de llegar a acuerdos, nos abocan a ello, nos veremos en la obligación de acudir al mismo. Ya nos vimos obligados a actuar en este sentido ante las acciones del gobierno argentino, y ganamos el contencioso a Argentina.

¿Qué sanción estima que la empresa debe recibir por los hechos ocurridos en Osorno?

-La caducidad de la concesión seguro que no. Hemos cumplido con todos los acuerdos y compensaciones dictadas.

¿Si no hubiese pasado lo de Essal y su polémico problema en Osorno, de igual forma estaría hoy a la venta?

-Las decisiones empresariales se toman en virtud de múltiples factores. La realidad es que ahora Essal es una empresa mucho mejor gestionada que la anterior de la que nos hicimos cargo. Esperamos que los acontecimientos futuros refuercen la apuesta de los inversionistas extranjeros por Chile. Nuestro compromiso con Osorno y con todo el territorio de concesión nadie lo pone en duda. Ha sido firme desde el primer día. La pregunta que puede quedar sobre la mesa es respecto a la credibilidad de las inversiones extranjeras en Chile, la confianza que internacionalmente ha transmitido este país a lo largo de décadas. Y si ésta ha de depender de las decisiones de una sola persona que ocupa el cargo como subrogante desde hace tiempo y cuya renovación alguien ha paralizado, le diría que, lamentablemente, no es la mejor imagen de Chile en el extranjero ni para Rivas ni para sus inmediatos superiores.

¿Qué esperan de ese proceso de venta y del ingreso que les pueda generar?

-Para el grupo Suez la venta de Essal es un proceso que se inició en enero y que no tiene marcha atrás. Sigue su curso y esperamos cerrar la operación en los próximos meses. Como ya dijimos en enero, el grupo quiere concentrarse en los retos que nos impone el futuro, como es el cambio climático. Y, por supuesto, explorar nuevas oportunidades para seguir prestando los mejores servicios a los ciudadanos. Tenemos diversos inversores nacionales e internacionales interesados en la operación. Confiamos en que el proceso sea un éxito. También será un éxito para el país.

¿Cuál es la evaluación que hacen al plan contra la sequía que lidera el gobierno?

-Según varios informes de la ONU, Chile está entre los países con mayor estrés hídrico. Lamentablemente, también está entre los que más sufren el mayor número de desastres naturales. Las obras, que es donde se basa con insistencia el MOP, por sí solas, no van a resolver el problema. Es decir, nos encontramos frente a un enorme desafío que comporta ineludiblemente alianzas de la administración pública, al sector privado y la sociedad civil, con políticas y medidas de largo plazo.

Entonces, ¿cuáles son las falencias que detecta en Chile?

-Afrontamos una escasez hídrica estructural que requiere nuevos modelos de gobernanza basados en los datos, la digitalización y la priorización de las actuaciones con gestión avanzada y tecnología. No es solo sequía. Afortunadamente, ante este panorama de grandes riesgos también contamos con guías de cómo debemos actuar: son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Todos interrelacionados. Para afrontar el reto del cambio climático que tanto afecta a Chile, resulta imprescindible abordar el ODS 12, un consumo y producción responsables. También, los ODS 13, 14 y 15 de cuidado de los ecosistemas naturales, terrestres, marítimos y de acción contra el clima. Pero también el ODS 3 de salud y bienestar, y el ODS 1 de fin de la pobreza y la garantía de defensa de los derechos humanos. Todos englobados en el ODS 17: establecimiento de alianzas. Confío que disculpen el baile de conceptos, pero es ahí donde se encuentra el reto. Chile ha sido ejemplo mundial en cómo avanzó y desarrolló un modelo de gestión urbana del recurso agua con esa visión, consiguiendo la universalidad del servicio de agua potable y tratamiento avanzado de aguas servidas. Para afrontar este enorme desafío del cambio climático, requiere renovar las alianzas público-privadas y de la sociedad civil.

Existe el riesgo de que la próxima temporada de verano Chile aplique racionamiento ¿Qué impacto puede tener ese escenario para el grupo?

-Lo fundamental es estar preparados para el futuro. Que no tengamos que pensar qué pasará mañana o el próximo verano, más aún cuando la meteorología sigue cambiando. Al ver la serie histórica de la Región Metropolitana, tenemos hoy la pluviometría del valle del Elqui de los años 60. Y lo mismo si continúa haciendo el ejercicio hacia más al norte del país. Un avance imparable de la desertificación. Superar esta situación no se va a conseguir con lluvias o nevadas puntuales. Las reservas son los glaciares y el agua de la napa subterránea y están desapareciendo dramáticamente. Es un escenario muy complejo. Pero, insisto, conocemos las soluciones y cómo implementarlas. Se necesita liderazgo del gobierno y políticas de alianzas con visión global y no con una mirada cortoplacista de la situación como la que mantiene el Ministerio de Obras Públicas. Las obras, por sí solas, no van a resolver el problema. Lo contrario es afrontar situaciones extremadamente complejas, como la más conocida de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, con su tristemente famoso Día 0.P

¿Cuál es el impacto que les puede generar la recién aprobada normativa que permite que los clientes no paguen sus servicios básicos mientras esté activa la pandemia?

-Todavía es pronto para cuantificar el posible impacto que sobre las cuentas del sector sanitario y sobre la economía en general tendrá la pandemia, pero será grave. Recuerde que el gobierno ha ampliado otros tres meses el estado de emergencia nacional.

¿Quedaron conformes con la normativa?

-Nos habría gustado que, frente a estos retos que nos impone el cambio climático, se hubiera establecido un límite ambiental de consumo debido a la sequía que nos afecta, para evitar el derroche de agua en este momento. Por otro lado, hay que aclarar que desde siempre Aguas Andinas ha suministrado agua potable a todas las familias en situación de vulnerabilidad que no pudieran hacer frente al pago de sus cuentas, y así seguirá siendo durante esta crisis. Y, sin entrar en los evidentes problemas de constitucionalidad de la ley, es obvio que una ley como esta, que extiende los beneficios a colectivos que no son vulnerables, por ejemplo, a la totalidad de mayores de 60 años sin distinción de su poder económico, es socialmente regresiva y debilita los servicios públicos en un momento ya de por sí muy crítico.