Cinco de los grupos económicos más influyentes del país rechazaron la propuesta presentada por Conadecus para reducir la concentración económica en Chile. Este jueves se realizaron los alegatos del Expediente de Recomendación Normativa, presentado por la organización de consumidores ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Los primeros en intervenir fueron los abogados de Conadecus, Mario Bravo y Francisco Agüero, quienes ofrecieron un análisis histórico sobre las críticas al nivel de concentración del mercado chileno. Asimismo, cuestionaron el rol de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y del propio TDLC, señalando que, si bien este último organismo dio un impulso inicial al caso, posteriormente rechazó diversas solicitudes legales.

La audiencia comenzó a las 9:40 horas y concluyó a las 17 horas. En ella participaron representantes de Conadecus, la FNE, Libertad y Desarrollo, Inversiones Angelini, Sofofa, la Confederación de la Producción y del Comercio, Quiñenco y el Banco de Chile, del grupo Luksic, y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Inversiones La Construcción (ILC), Consorcio Financiero, Minera Valparaíso y Bicecorp (del grupo Matte), Falabella y Empresas Juan Yarur.

Por la mañana, después de Conadecus expuso el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, quien destacó el rol activo de la FNE en la fiscalización de conglomerados empresariales y defendió la institucionalidad vigente para abordar riesgos a la libre competencia.

Grunberg explicó que, en el marco de este proceso, la FNE llevó a cabo una investigación que incluyó solicitudes de información a organismos como el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, así como contactos con entidades internacionales como la Autoridad de Competencia de Israel y la OCDE.

El fiscal reconoció que existen riesgos asociados a estructuras piramidales y a la participación cruzada en actividades financieras y productivas, pero aclaró que muchas de las medidas adoptadas en otras jurisdicciones -como Israel, caso citado por Conadecus- han respondido a criterios prudenciales más que a preocupaciones netamente competitivas.

Grunberg planteó la necesidad de contar con un registro completo y actualizado de los grupos empresariales, que incluya no solo a los controladores finales, sino también a socios con participaciones relevantes, vínculos societarios y de administración entre empresas, y vehículos jurídicos como sociedades por acciones o fondos de inversión. Este registro permitiría a la Fiscalía identificar con claridad las estructuras y relaciones de poder económico, facilitando la detección de riesgos para la libre competencia como la coordinación entre empresas o el uso estratégico de información privilegiada, y mejorando la eficacia de la fiscalización sin depender de investigaciones largas o solicitudes de información dispersa.

Más tarde vinieron las réplicas de los grandes grupos.

Los Luksic y los Angelini

Ricardo Riesco, exfiscal nacional económico, abogado y representante de Quiñenco, la matriz del grupo Luksic en Chile, cuestionó con dureza los fundamentos de la solicitud de Conadecus y sostuvo que la idea de una economía completamente dominada por unos pocos conglomerados no es más que “una leyenda urbana en nuestro país, y que no resiste el análisis de los datos duros”.

Además, criticó las fuentes en las que se apoya Conadecus, indicando que la solicitud “cita biografía antigua, por no decir obsoleta, como es la tesis del ex Presidente de la República Ricardo Lagos”, en la cual, según Riesco, se postulaba casi “la estatización de los medios de producción” y concluyó al respecto: “Me parece que quedó un poco pasada de moda.”

“Conadecus creemos que ha caído en lo que es parte del imaginario colectivo nacional, que Chile es el país más desigual del mundo, con la economía más concentrada del mundo, el país más neoliberal, etcétera, etcétera, lo cual no es verdad conforme a la información empírica”, acotó.

Julio Pellegrini, en representación de Inversiones Angelini, comenzó su intervención solicitando el rechazo de la petición presentada por Conadecus, argumentando que es “improcedente, injustificada y totalmente innecesaria”. En un análisis crítico, cuestionó fuertemente los fundamentos de la solicitud, acusando que se basa en “fuentes sacadas de contexto y obsoletas”.

En cuanto al fondo, Pellegrini sostuvo que Conadecus no logra demostrar un problema real de competencia, como exige la ley. Según él, la petición se basa únicamente en hipótesis y escenarios hipotéticos. “La consulta no se refiere a una industria determinada, no se refiere a un mercado relevante en concreto”, afirmó, y recordó que incluso el propio presidente de Conadecus reconoció que la solicitud va más allá de lo que suele tratarse en estos procedimientos.

Los Matte

La intervención del abogado Alfredo Alcaíno, en representación de Bicecorp y Minera Valparaíso -empresas controladas por el Grupo Matte-, comenzó señalando que la solicitud de Conadecus “eleva una discusión inexistente en una sede que no procede para ideologizar una discusión”. A juicio del abogado, la propuesta impulsada por la organización no se basa en fundamentos técnicos ni económicos sólidos, sino que en una visión ideológica que busca cuestionar la existencia misma de los grupos empresariales. “Aquí no hay una verdadera discusión económica seria”, afirma, agregando que “el germen, aquello que detona esta cuestión, no es serio”.

Alcaíno también puso en duda la competencia del tribunal para abordar una materia de esta naturaleza, señalando que “este disparo a la bandada… es un cañonazo a la nada” y dijo que el TDLC debe pronunciarse sobre “mercados o actividades determinadas”, y que aquí “no se ha determinado nada”, por lo que la solicitud excede las atribuciones del tribunal e incluso “invade atribuciones que son de la competencia propia de los ministerios, del Presidente de la República, de las agencias de carácter sectorial”. Sostuvo que aceptar esta solicitud significaría “un rediseño del modelo económico chileno” que no corresponde canalizar por esta vía.

Asimismo, destacó que la institucionalidad actual es suficientemente robusta para prevenir y corregir eventuales conflictos de libre competencia, como ya se ha demostrado con figuras nuevas como el interlocking. Alcaíno apeló a la experiencia reciente de la fusión entre Bicecorp y Grupo Security, donde la FNE realizó un análisis exhaustivo y concluyó que no existían riesgos anticompetitivos. “Ese es el test más ácido, señores”, dijo, solicitando finalmente que la petición de Conadecus sea rechazada por carecer de fundamentos reales y por pretender alterar profundamente un sistema económico vigente por más de 40 años.

Los Yarur

El abogado Ignacio Larraín, en representación de Empresas Juan Yarur, manifestó ante el TDLC que “hay una disputa de carácter ideológico, de carácter político, que no es parte de la competencia del tribunal abocarse a una disputa de esta naturaleza.” Afirmó que la solicitud presentada por la organización desborda los márgenes técnicos del derecho de la libre competencia y pretende transformar al tribunal en un espacio de deliberación política.

“Esta sede cumple un rol fundamental: velar por el cuidado y la preservación de la libre competencia en los mercados. Por ello, no puede convertirse en una especie de tribunal popular, abierto a recibir presentaciones de cualquier naturaleza, ajenas a su competencia técnica y especializada”, agregó Larraín, advirtiendo que admitir solicitudes sustentadas en criterios ideológicos abre paso a un uso instrumental del tribunal. Enfatizó que esta instancia no está llamada a pronunciarse sobre controversias de carácter político o económico general, sino únicamente sobre situaciones fundadas en antecedentes técnicos verificables que justifiquen su intervención.

El abogado recalcó que la estructura societaria y los beneficiarios finales de Empresas Juan Yarur es información pública, disponible en las memorias del BCI y demás entidades del grupo. En contraste, criticó a Conadecus por no publicar sus memorias desde el año 2021, incumpliendo su obligación legal de difundir balances semestrales.

El grupo Falabella

Nicole Nehme, en su intervención ante el TDLC en representación de Falabella, cuestionó la necesidad de nuevas medidas regulatorias sobre los grupos empresariales, subrayando que la información requerida ya está disponible para las autoridades competentes. En sus palabras: “la circular número 6 del Servicio de Impuestos Internos del 16 de enero del 2025 imparte instrucciones sobre la fiscalización unificada de los grupos empresariales”, y que bajo dicha normativa “el SII tiene extensísima capacidad de pedir información a los grupos empresariales”.

Nehme también destacó que la FNE tiene acceso directo a esta información sin necesidad de crear estructuras adicionales, gracias a convenios existentes: “la Fiscalía Nacional Económica tiene un convenio de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos para poder solicitar información a ese organismo”. Asimismo, mencionó otros instrumentos recientes, como la “circular 62 en marzo del 2025 de la Unidad de Análisis Financiero”, que eleva los estándares de transparencia al exigir la identificación del beneficiario final de estructuras jurídicas. En este sentido, sostuvo que “toda la normativa que se ha dictado en los últimos meses cumple con creces con los objetivos solicitados”.

“No hay una razón de libre competencia que justifique una supervisión tan intrusiva del curso regular de los negocios de las empresas sin una razón, sin una sospecha de infracción, sin una denuncia, sin el contexto de una investigación abierta”, afirmó. A su juicio, aceptar la solicitud implicaría “una duplicación de funciones y una interferencia de funciones contraria a la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado”.