La inédita apertura de un expediente de recomendación normativa sobre la participación de grupos empresariales en distintos ámbitos de la economía por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), a fines de septiembre del año pasado, convocó a los principales conglomerados privados del país, autoridades de gobierno y del Banco Central, y gremios empresariales, quienes acompañaron extensos oficios con antecedentes.

El plazo para hacerlo vencía este lunes y en el expediente, abierto a petición de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), ahora constan documentos de los tres mayores conglomerados empresariales del país: si el viernes lo hizo el grupo Angelini, este lunes ingresaron dos documentos de sociedades matrices de Luksic y Matte. Todos se oponen a las peticiones presentadas por Conadecus, que, entre otras medidas, solicita la imposición de restricciones a estructuras societarias piramidales de grupos empresariales que superen un determinado tamaño y restricciones a la participación cruzada de grupos empresariales entre mercados financieros y otros. También han hecho llegar su opinión gremios como la Sofofa, la Cámara de la Construcción y la Confederación de la Producción y el Comercio; ministerios como Hacienda y Economía y organismos públicos como el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El grupo Luksic presentó este lunes un escrito de 107 páginas. La matriz principal de sus negocios, Quiñenco, sostuvo que “una desintegración -no justificada empíricamente- de los grandes grupos empresariales (que representan el 75% de las ventas anuales en nuestro país), entregaría una poderosa señal a los inversionistas de que en Chile las políticas públicas se basan en ideologías e hipótesis no comprobadas”.

A su parecer, las propuestas de Conadecus “significarían cambios radicales en el mercado sin beneficios estimables, pero con efectos negativos ciertos, que serían soportados por toda la ciudadanía, especialmente quienes más sufren con precios más altos y productos de peor calidad”.

“Chile ha estado marcado los últimos cuatro años por una incertidumbre económica, política y social, que ha llevado entre otras cosas a una reducción significativa en la inversión mermando la recuperación económica tras el estallido social y la pandemia y haciendo de Chile un país más pobre”, dice en parte el texto suscrito por el gerente legal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, y en el que participó también el exfiscal nacional económico, Ricardo Riesco.

“La solicitud y la eventual adopción de modificaciones estructurales al mercado local no tienen fundamentos sólidos y su adopción traería una serie de problemas de orden mayor para nuestra economía y para los consumidores”, acotó

Quiñenco tiene su origen en la creación de la empresa Forestal Quiñenco, en 1957, cuyo objeto era la explotación de bosques de eucalipto para la producción de soportes de madera para túneles de minas de carbón. Durante sesenta años, el conglomerado creció a través de adquisiciones, fusiones y aumentos de capital. Hoy participa en ocho sectores de la economía nacional: financiero (Banco de Chile); bebidas alcohólicas y analcohólicas (CCU); manufacturero (Nexans); transportes (CSAV y Hapag-Lloyd); servicios portuarios (SM SAAM); servicios aeroportuarios (SAAM Aéreo); energía (Shell) y retail (Enex), describe. Además, tiene otra matriz de negocios, Antofagasta Plc. el que tiene participación en empresas de los sectores minería y de transporte.

Según Conadecus, la concentración económica agregada afectaría gravemente la competencia en los mercados, limitando el acceso al capital de empresas competidoras de los grupos económicos que cuentan con bancos y haciendo más probable la ocurrencia de ilícitos anticompetitivos como carteles, debido a los múltiples puntos de contacto que existirían entre los distintos grupos empresariales.

“Parte neurálgica de esta hipótesis de Conadecus descansa en el supuesto que los bancos que forman parte de conglomerados discriminarían a empresas que no son parte de su grupo empresarial, entregándoles créditos en condiciones menos ventajosas, o derechamente negándoles acceso a ellos, para efectos de privilegiar a sus propias empresas. Esto es absolutamente falso respecto de las empresas del Grupo Quiñenco”, explicó Quiñenco.

“Resulta perfectamente legítimo que existan créditos entre partes relacionadas, dado que por lo demás nuestra legislación, como se explicará, tiene controles suficientes para resguardar que la regularidad de dichas operaciones se realicen en condiciones de mercado, el Banco de Chile en la actualidad representa el 1,3% de los créditos vigentes bancarios de las empresas del Grupo Quiñenco que actúan en la economía real a nivel local (0,3% si se consideran bonos y préstamos), tales como CCU o Enex”, acotó.

El Grupo Matte, a través de Minera Valparaíso y Bicecorp, también cuestionó la presentación que dio origen a la apertura del expediente: “La solicitud de Condecus pretende una reconfiguración integral del entramado institucional económico del país”, dice un escrito de 67 páginas que trabajó Alfredo Alcaíno, histórico asesor del grupo.

“Un déficit insubsanable de la solicitud de Conadecus es la falta de consideración del marco normativo chileno que respalda la libre competencia, sin justificar adecuadamente por qué podría considerarse insuficiente. En contraste, la legislación antimonopólica actual y otras leyes especiales tienen la capacidad de proteger y, en última instancia, corregir problemas de competencia derivados de una posible concentración”, señaló la presentación.

“La solicitud de Conadecus utiliza términos que, hasta el momento, carecen de existencia en la legislación chilena, tales como grupos empresariales significativos, concentración económica agregada y estructura piramidal. Estos conceptos, además, no están debidamente definidos en la solicitud, lo que añade una capa de ambigüedad que dificulta la comprensión precisa del objetivo específico de la recomendación normativa”, consignó.

Minera Valparaíso y Bicecorp destacaron que que la solicitud planteada al TDLC “no aborda los posibles beneficios que la existencia de conglomerados empresariales podría aportar al desarrollo económico y en particular a la libre competencia, según lo sugerido por la literatura especializada”.

“Es particularmente relevante considerar estos posibles beneficios en el contexto del mercado chileno, con sus características propias. La falta de un análisis detallado de las potenciales ventajas de la concentración económica deja una brecha en la evaluación integral de la propuesta de Conadecus, ya que no se exploran completamente todas las facetas y consecuencias de las medidas recomendadas”, acotó.

Minera Valparaíso es una de las matrices del grupo Matte: fundada en 1906, tiene participaciones indirectas en Bicecorp (grupo financiero) y Empresas CMPC y Colbún (economía real), a través de filiales o sociedades coligadas pertenecientes al denominado Grupo Matte, describe la presentación.

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) también cuestionó la solicitud de la organización de consumidores, sumándose así a las objeciones que el viernes había planteado la Sofofa.

“Conadecus pretende someter al conocimiento de este Tribunal una solicitud que versa sobre un problema aparente, construido sobre una premisa errada que carece de sustento, y que, de cualquier manera, dice relación con una discusión que excede del ámbito de la libre competencia, todos elementos que por sí solos resultan suficientes para su rechazo”, adujo la multigremial.

La CPC, representada por el estudio Cariola, Diez, Pérez Cotapos, argumenta que “los conglomerados han sido y seguirán siendo un elemento de gran relevancia en el desarrollo económico nacional. De la mano de estos se han desarrollado y consolidado diversos negocios, permitiendo a inversionistas y empresarios -que alguna vez fueron Pymes- canalizar sus esfuerzos de manera eficiente. Por eso es que muchas empresas, independiente de su tamaño, han decidido organizarse como conglomerados; y lo han hecho porque existen garantías de rango constitucional que lo permiten”.

También acudió al TDLC el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, Inversiones La Construcción, que maneja los negocios que comenzaron a gestarse hace 43 años: AFP Habitat, Isapre Consalud y Empresas Red Salud.

“El Proyecto de Ley propuesto en la Solicitud tendría como principal objeto la consagración de una política pública de carácter industrial para el fomento de la innovación y el surgimiento de emprendedores, lo cual se aleja de las razones de competencia que deberían motivar una recomendación normativa”, sostuvo la presentación de ILC, asesorada por Benjamín Grebe, de Prieto y Cia.

“La recomendación de un proyecto de ley como el propuesto en la solicitud debe ser ponderado en términos tales que los beneficios superen los probables efectos y costos gubernamentales asociados a su implementación. Esto, con el objeto primordial de que el exceso de regulación -o una regulación inadecuada- no termine afectando los principios que se querían proteger con ella”, agregó.

Otra rama de la CPC que presentó un escrito fue la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la que sostuvo que la petición de Conadecus “carece de fundamento”.

“La solicitud busca iniciar un proceso de modificaciones sustanciales en nuestro ordenamiento jurídico sin entregar antecedentes suficientes que la justifiquen, y basándose en aprensiones que no cuentan con evidencia empírica. En ese sentido, tampoco hay evidencia de los supuestos beneficios que acarrearía la separación del negocio bancario respecto del sector real, por lo que la solicitud carece de fundamento”, consignó la ABIF.

Otra entidad gremial que acudió al TDLC fue la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), que resumió así su posición: “el hecho de que existan grupos económicos con un mayor o menor tamaño no constituye, por sí solo, un problema desde la perspectiva de la libre competencia, de manera que sea necesario recomendar la dictación ex ante de leyes genéricas que restrinjan el libre desarrollo empresarial, y mucho menos que sean aplicables a toda la economía”, dice el texto presentado por el abogado Cristián Reyes.

Por último, Consorcio Financiero, asesorado por el abogado Marcelo Giovanazzi, también criticó la propuesta de Conadecus, señalando que “el sistema de libre competencia en su conjunto cuenta con diversas herramientas para mitigar cualquier riesgo derivado de la concentración económica”.

A su parecer, “institucionalidad de defensa de la libre competencia ya se hace cargo del problema planteado por la Conadecus, con soluciones que siguen criterios legales, jurisprudenciales y doctrinarios que se han elaborado desde la implementación de la legislación antimonopolio en Chile, y con medidas de mitigación menos gravosas que las propuestas por la organización de consumidores”.