La Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la impugnación realizada el 26 de junio pasado por la Inmobiliaria Placilla, representada por el abogado Arturo Fernandois, para impugnar la potestad legal del Contralor para emitir la resolución de noviembre de 2018 que obligó a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central a invalidar los permisos de edificación de 49 edificios de gran altura de Estación Central.

La causa ha implicado que las entidades afectadas presentaran una serie de recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del dictamen N° 27.918 que actualmente están siendo revisados por la justicia.

En paralelo, Fernandois acudió al TC para que se refiera a si la facultad utilizada por el Contralor es inconstitucional. El argumento es que suplantaría el criterio técnico y urbanístico del director de obras municipales de Estación Central. Además, plantea, la decisión del contralor Jorge Bermúdez se traduce en una orden de invalidar el permiso de edificación, sin un procedimiento legal previo y sin que se ejerza el derecha a una defensa por parte de la empresa afectada.

De acuerdo a la resolución, a la que accedió Pulso, se entregó un plazo de diez días a las partes involucradas para que den cuenta de sus posiciones de cara a la admisibilidad que le corresponderá al Tribunal Pleno para emitir un dictamen sobre el fondo del requerimiento. Por ahora, se concedió además "la suspensión inmediata del procedimiento en la causa pendiente". Es decir, el caso no puede seguir su avance en tribunales.

Consultado por el tema, el abogado Gabriel Osorio Vargas que ha encabezado las acciones en contra de los guetos verticales, aseveró que "hoy el Tribunal Constitucional se usa para dilatar los procesos judiciales. Pero es extraño el argumento de las Inmobiliarias, cuando ellas el 2017 le pidieron el Dictamen al contralor, y ahora reclaman que es incompetente. Precisamente por eso tenemos la plena confianza que el requerimiento no pasará la admisibilidad, porque el requerimiento es incoherente con las actuaciones propias de las inmobiliarias".

Como es conocido, la invalidación de permisos de edificación ha implicado este año una larga batalla, toda vez que involucra a proyectos en construcción, otros terminados y algunos incluso con recepción final. Tal como publicó Pulso, en el caso concreto de Inmobiliaria Placilla, Fernandois aseguró que se invirtieron más de $1.300 millones sólo en la adquisición de predios.