¿Cuál ha sido el rol del Estado en materia de equidad de género?

La agenda de género o revolución feminista irrumpió con fuerza en la actual administración. De hecho, el gobierno de Sebastián Piñera reaccionó con prontitud a las demandas que movimientos mundiales como Me Too y su versión chilena instalaban sobre la mesa y a tres meses de iniciada la administración, el propio mandatario lanzó la Agenda Mujer, con 12 medidas para impulsar la equidad de género, a concretarse durante su gestión.

En ella aparecen medidas como la reforma constitucional para establecer como deber del Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre el hombre y la mujer, sanciones a la violencia en el pololeo, igualdad de derechos en la administración del patrimonio de la Sociedad Conyugal y bienes propios, Sala Cuna Universal, la no discriminación arbitraria contra la mujer en las FFAA, universidades estatales y empresas del Estado, y tratamientos contra la infertilidad para promover y apoyar la maternidad deseada, entre otras.

En el libro recién lanzado por excolaboradores del gobierno de Michelle Bachelet, "Apurando el paso. 10 experiencias de Reforma y Modernización del Estado en Chile", se relatan los sabores (y sinsabores) de las políticas de género que constituyen el piso a partir del cual se podrá seguir construyendo.

El Servicio Nacional de la Mujer fue creado en 1990, durante la administración del presidente Patricio Aylwin. Y 24 años después, se envió a tramitación el proyecto que creaba el respectivo ministerio.

Según explican en la publicación Andrea Betancor (encargada de equidad de género en el Ministerio de Hacienda, y Patricia Orellana de Dipres, integrantes del grupo técnico que desarrolló el proceso) "la tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional se destacó por el alto consenso alcanzado entre los parlamentarios sobre la idea de legislar para la creación del Ministerio, lo cual permitió avanzar en esta materia".

De hecho, reconocen que "que no siempre la creación de institucionalidad pública genera tal nivel de acuerdo". A poco andar, se abrió el concepto desde "ministerio de la mujer" a los conceptos de "equidad de género".

Destaca, además, el aporte de distintos actores de la Sociedad Civil, como son las ONGs, la academia y las organizaciones gremiales. La norma se convirtió en Ley en 2016.

Según las autoras, "contar con la voluntad de múltiples actores fue un facilitador estratégico esencial en el despliegue de la agenda de género del Ministerio de Hacienda", lo que plasmó en la Coordinación de Género del Ministerio de Hacienda, dado el rol estratégico de dicha cartera en la elaboración de las políticas públicas.

Se definieron para esta Coordinación los objetivos de:

• Fortalecer la autonomía económica de las mujeres;

• Incrementar la representación femenina en posiciones directivas tanto en el ámbito público como privado; y

• Mejorar las condiciones de empleo público, incorporando perspectiva de género en los procesos de diálogo social con las asociaciones de funcionarios y funcionarias.

• Las autoras señalan que "los procesos de transversalización de la perspectiva de género contengan metas medibles y evaluables, conocidas por todos los actores".

• Que el tema de la equidad de género no puede quedar circunscrito solo al ministerio respectivo. "Sería un fracaso de la institucionalidad creada", plantean.

• La dimensión temporal de gobiernos: Las autoras recomiendan la "continuidad de las políticas, en el sentido de no pretender partir de cero con cada nuevo gobierno, no solo por el costo en tiempo que ello implica".

• "No puede obviarse que el gran desafío de cambio cultural en la sociedad está lejos de quedar resuelto por la creación de nueva institucionalidad", explican. A este respecto, "el nuevo ministerio debe ser capaz de plantear una agenda de equidad de género con visión de largo plazo, pero que pueda ir mostrando avances y logros concretos más cercanos

en el tiempo".