Cada cierto tiempo se toma la palestra alguna noticia relacionada al cambio climático que sacude a la opinión pública. Ejemplos como la frase “How dare you?”, de Greta Thunberg presentando en las Naciones Unidas, el informe de la ONU de agosto 2021, apuntando a un daño casi irreversible por el calentamiento global, o los -evaluados por muchos como insuficientes- compromisos adoptados en la COP26, sin duda están en el inconsciente colectivo. Pero la verdad es que día a día están apareciendo noticias e informes científicos preocupantes. En parte ya estamos viviendo los nocivos efectos del cambio climático, y si las tendencias actuales continúan, es muy probable que las emisiones globales de gases de efecto invernadero desemboquen en grandes desastres ambientales, económicos, políticos y sociales.

La urgencia y la potencial irreversibilidad de los efectos climáticos requiere de un esfuerzo global conjunto. En este contexto, el financiamiento y principales lineamientos para las iniciativas frente al cambio climático resulta clave, y allí los ministerios de Finanzas tienen un rol fundamental.

En el plano local, como país debemos dar un aporte decidido en esta batalla climática. Estudios sostienen que la carbono neutralidad a nivel nacional requiere una inversión del orden de US$ 50.000 millones. Es un monto relevante. Pero la transición a una economía verde no solo es necesaria, también puede desbloquear nuevas oportunidades económicas y de empleos. Tales oportunidades podrían traer beneficios netos directos del orden de US$ 30.000 millones, los cuales se pueden más que duplicar si se consideran los beneficios indirectos por la disminución de la contaminación local asociada a la descarbonización de nuestra matriz energética.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda de Chile ha realizado un importante trabajo con el fin de alinear los flujos financieros hacia acciones climáticas. Entre las iniciativas que se han realizado está la emisión de bonos soberanos “verdes”, la creación de una Mesa Público-Privada para las Finanzas Verdes, la firma de un Acuerdo Verde, y los inicios de un trabajo para desarrollar una Taxonomía Verde, entre muchas otras.

Con todo, para evaluar cuán eficiente está siendo la asignación de estos flujos financieros frente al cambio climático, es necesario contar con datos y metodologías que indiquen cuánto del presupuesto público está siendo realmente destinado a estas materias. Sin embargo, tan solo hace dos años esa información y esa metodología no existían.

Frente a esta carencia, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Dirección de Presupuestos (Dipres), y en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se encuentran embarcados desde el 2020 en un proyecto de identificación del gasto público en cambio climático. Esta iniciativa permitirá, junto con cuantificar dicho gasto, asegurar una mejor comprensión de la formulación de la política de cambio climático y sus vínculos con el erario fiscal, además de identificar el rol que tienen instituciones involucradas en la gestión del cambio climático.

A la fecha, ya se han publicado dos ejercicios que nos permiten tener una primera aproximación del gasto público en cambio climático. El primero analiza el Sistema Nacional de Inversiones desde 2016-2020, identificando 217 proyectos vinculados al cambio climático. El segundo ejercicio examina el Banco Integrado de Programas Sociales y No sociales, identificando 32 programas e iniciativas vinculadas al cambio climático. Estas primeras aproximaciones, llevadas a cabo mediante pilotos, serán la base para el informe de gasto público en cambio climático comprometido en el artículo 16 de la Ley de Presupuestos del presente año.

Las noticias respecto al cambio climático seguirán siendo alarmantes y cada vez más frecuentes si no se toman medidas enérgicas desde ya. Pero, como en todo, para implementar medidas eficientes se necesitan datos fiables. En lo que localmente respecta, el Ministerio de Hacienda ha dado un primer paso para disponer de una metodología de identificación del gasto en cambio climático, que permitirá al país priorizar la eficiencia y focalización del gasto en esta materia. Este importante y necesario avance requiere de continuidad. Así, podremos avanzar hacia la implementación de un marco fiscal climático que nos permita tanto cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, como alcanzar el desarrollo de una economía sostenible y resiliente en el largo plazo.