Hacienda anuncia incorporación de deuda pública a meta fiscal y expertos lo ven como un avance hacia un objetivo dual

La situación fiscal del país es compleja y, por ello, es clave para el mercado conocer cuál es el marco que definirá el gobierno en cuanto a las proyecciones de convergencia hacia el balance estructural.

Y si bien el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había anticipado que, junto al Informe de Finanzas Púbicas del primer trimestre, que se conocerá el 3 de mayo, se iba a presentar la trayectoria de reducción del déficit fiscal estructural, este martes entregó nuevas pistas ante la Comisión de Hacienda del Senado.

En su exposición dijo que la estrategia fiscal que se presentará próximamente definirá “un nivel de deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB) para el final del período (presidencial). Con eso vamos a estimar el balance estructural que sea consistente con ese nivel sostenible de deuda”, sostuvo el secretario de Estado. Agregó que luego de tener previamente definido ese marco, “se dibujará o trazar el camino que tenemos que ir cumpliendo año a año para llegar a ese escenario”.

Marcel argumentó que “esto es un poco distinto a lo que se hacía antes, donde se fijaba un punto final, pero no estaba claro cómo se llegaba a ese punto final, y ahí, el problema es que es difícil de evaluar si se va avanzando en esa dirección o no”.

El ministro subrayó la importancia de mantener una deuda acotada, ya que “en la medida que aumenta, y al mismo tiempo sube la tasa de interés, el interés que se debe pagar por la misma deuda dentro del Presupuesto va subiendo y se le destinan más recursos para pagar los intereses”.

En la presentación ante los senadores, Marcel estuvo acompañado por la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y el coordinador Macroeconómico, Andrés Sansone.

La incorporación de la deuda pública ha sido parte de algunas de las recomendaciones que ha realizado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para mejorar la sostenibilidad fiscal. “Se recomienda incorporar un ancla fiscal definida como un nivel prudente de deuda neta sobre el Producto Interno Bruto (PIB). En este marco, la forma de operar de la regla dual debiera considerar metas anuales de balance estructural compatibles con un nivel objetivo referencial para el cociente deuda neta-PIB, que se ubique por debajo del nivel prudente de deuda”, indicó en uno de sus informes.

Los expertos coinciden en que el nuevo mecanismo que presentará Marcel avanza en esa dirección de tener una meta dual, lo que fue bien recibido, aunque plantean que debería institucionalizarse por ley.

En 2021, la deuda bruta del país terminó en 36% del PIB, su nivel más alto desde principios de 1991, y su trayectoria alcista comenzó a tomar fuerza desde 2011, pasando desde 11,1% del PIB al 21% del PIB en un plazo de cinco años. En 2019 bordeó el 30%, nivel que fue superado el año siguiente cuando anotó un 32,5%. En paralelo, la ruta del Balance Fiscal Estructural comenzó a ser deficitaria en 2008, con un saldo negativo de 1%, el cual se ha mantenido en ese terreno hasta la fecha: en 2021 cerró en un -11,4%.

En la última reunión extraordinaria que realizó el Consejo Fiscal Autónomo, el 25 de marzo, se acordó que el CFA compartirá “prontamente con el Ministerio de Hacienda el modelo de sostenibilidad fiscal” donde se plantean varios escenarios con meta de deuda y balance fiscal.

Los economistas consultados coinciden en que el anuncio es un buen avance, que se debe concretar cuando se presente el decreto con la nueva ruta fiscal. Además, afirman que, si bien se encamina hacia una regla fiscal dual, es decir, de deuda y balance estructural, se debería estipular bajo una ley para que sea permanente y no dependa del gobierno de turno.

La académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, afirmó que “efectivamente, se avanza a una meta que considere ambos aspectos, y en este caso con el nivel de deuda como guía del balance estructural. El CFA recomendó avanzar en esta línea y el Ejecutivo estaría tomando esta recomendación. En todo caso, ambos objetivos son sensibles al precio del cobre que se utilice para el cálculo”.

Josefina Henríquez, investigadora de Clapes UC, sostuvo que “el hecho de que el nivel de deuda pública se incorpore como una restricción al balance estructural es una señal positiva con respecto a lo que se ha vivido en el último tiempo, cuando la meta de balance estructural no se ha cumplido, resultando en un crecimiento importante de la deuda pública”. Argumentó que “estimar el balance estructural consistente con un nivel sostenible de deuda es un avance en la política fiscal”. Henríquez añadió que “sumado a esto, el hecho de que las metas sean anuales es otro factor importante, ya que esto permitirá realizar una evaluación año a año de los objetivos planteados por Hacienda, revisando que los objetivos se vayan cumpliendo”.

También Henríquez coincidió en que “se avanza hacia una meta dual de balance estructural y deuda. Sin embargo, es importante apuntar a que esto se formalice por la vía institucional y que no dependa solo del ministro de Hacienda que esté ocupando el cargo, porque no existen garantías de que esta meta dual sea de carácter permanente”.

Carolina Grünwald, economista jefa de Banchile, mencionó que “gran parte de los países desarrollados tienen más de una meta fiscal, muchos son precisamente de balance estructural y nivel de deuda”. Y planteó que “es importante sincerar el nivel de deuda que sea consistente con la situación de las finanzas públicas y el escenario macro que estamos enfrentando”.

Si bien Marcarena García, investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD), apoyó este cambio, ya que “el ancla que teníamos de balance estructural se perdió desde el momento que dejó de ser una meta y pasó a solo informarse”, planteó algunas dudas sobre esta implementación: “El problema de fijar una meta de deuda es que los gobiernos tienen incentivos a usar todo el espacio que este techo de deuda les da y terminan endeudándose por el techo permitido. Así, más que un techo, se transforma en una meta”.

Adicionalmente, la economista preguntó: “¿Qué hará el gobierno cuando necesite implementar una política expansiva, producto de un ciclo negativo? Como probablemente pasará, aumentará el gasto, disminuirán los ingresos, y la deuda superará el techo establecido. Por tanto, sin una regla fiscal que considere el retorno al nivel permitido, la regla de deuda no asegura en nada la disciplina fiscal ni la sostenibilidad de la deuda”.

Otro de los temas que abordó Mario Marcel ante la Comisión de Hacienda del Senado es la postura que tendrá el gobierno sobre el proyecto que busca un nuevo retiro de los fondos de pensiones y explicó, una vez más, los efectos negativos que esto ocasionará a la economía.

En este punto, puso énfasis en que tendrá un efecto en la inflación y agudizará el mal desempeño de los multifondos, que son administrados por las AFP. Además, el expresidente del Banco Central destacó que esta medida genera un beneficio, en el corto plazo, para un grupo muy reducido de personas, y el resto verá los efectos negativos.

“Si estamos preocupados de la inflación, cómo vamos a aprobar una medida que va aumentar los precios por sobre los valores que estamos viendo hoy”, dijo y apuntó que “del ángulo que uno lo mire, esto no ayuda al país ni va a ayudar a los chilenos. Estamos legislando para retiros que pueden hacer 10 millones de personas y cuyos efectos llegan a toda la población. O sea, son 19 millones de personas las que se ven afectadas por la inflación”, agregó el secretario de Estado.

Marcel no desconoció que existe gente que tiene necesidades, pero detalló que este tipo de medidas no es la solución, tanto por sus efectos en el corto y largo plazo.

Añadió que “hay gente que dice ‘quiero mi retiro porque me administraron mal mi plata y tuve una rentabilidad negativa de los fondos’. La rentabilidad negativa de los fondos es producto de los retiros, es por el efecto que tuvo sobre las tasas de interés. El aumento del costo de la vida es producto, en parte, de los retiros. Entonces, un nuevo retiro solo va a agravar esa situación, y si estamos argumentando de esa manera, servirá de argumento para el siguiente, y el siguiente retiro”.

Poco a poco se han ido conociendo detalles del plan de recuperación inclusiva que el gobierno presentará dentro de los próximos días. Si ayer Pulso adelantó que una de las medidas será extender el IFE laboral por tres meses, es decir, hasta septiembre de este año, considerando que ya el anterior gobierno lo había prolongado hasta junio, este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto con confirmar esa información, precisó que el plazo de postulación es el que llegará hasta septiembre, pero que el pago del beneficio será hasta diciembre.

Esto marca un cambio en el esquema original del IFE laboral que realizó la administración anterior, ya que en ese diseño tanto la postulación como el pago efectivo del beneficio tenía fecha de término en junio. También se puso énfasis que esta extensión será sólo para mujeres, jóvenes y mayores de 55 años, puesto que el diagnóstico que se hace en el Ejecutivo es que son los sectores más rezagados en cuando a la empleabilidad.

La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, explicó que la propuesta que se presentará mejorará los actuales montos que están vigentes para esos tres segmentos de la población. Actualmente, para las mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad debidamente certificada y asignatarios de pensión de invalidez, es el 60% de la remuneración bruta mensual imponible, con tope de $250.000 mensuales.

Marcel también subrayó que este mes ingresarán los proyectos de ley para frenar el precio de la parafina y el gas licuado. Serán medidas por separado. Para el primer caso, el gobierno inyectará recursos al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP), por entre US$20 millones y US$40 millones, y con ello no sólo se va a frenar el precio, sino que también se espera reducirlo, mientras que para el precio del gas se sigue evaluando el mejor mecanismo.