Una larga explicación entregó a la Cámara de Diputados el ministro de Hacienda, Felipe Larraín sobre la razones para ir recortando el gasto público y así bajar el déficit fiscal tanto estructural como efectivo.

Indicó que este factor incide directamente en los niveles de deuda pública, que es uno de los elementos que evalúan las clasificadoras de riesgo.

"Nosotros no tenemos ningún interés en satisfacer a las clasificadoras pero un peldaño de una nota de estas entidades, significan US$360 millones adicionales de intereses" precisó al manifestar que una mejor posición en el rating implicaba mejorar condiciones de financiamiento tanto para el gobierno central como para las empresas estatales y privadas.

En este sentido, el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, recalcó que "lamentablemente el pago de intereses como Estado ha ido aumentado significativamente y de pagar US$1.200 millones hace unos años, estamos pagando US$ 2.400 millones. Eso nos quita espacio para ocuparlo en otros programas, y por esa eso razón hay que contener el gasto".

Ambas autoridades asistieron ayer a una sesión especial en la Cámara de Diputados para "analizar la constitucionalidad, legalidad, mérito, oportunidad y conveniencia de las millonarias reducciones presupuestarias fijadas" por el último Decreto.

Cerda indicó que el ajuste por US$1.100 millones realizado a principios de año es similar a los efectuados en anteriores gobiernos, ya que sin incluir los US$363 millones reducidos al Fondo de libre disponibilidad, el ajuste llegó a US$750 millones, equivalente a un 0,25 como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto), lo mismo que el recorte realizado en 2016.