Este lunes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que la reforma del impuesto a la renta se postergaba de manera indefinida para darle prioridad a otros proyectos prioritarios.

“No habiendo apoyo de una parte importante del Congreso y, al mismo tiempo, habiendo una serie de otras materias que sí requieren prioridad, tenemos que ser pragmáticos y concentrarnos en aquello en lo cual necesitamos avanzar con mayor rapidez y donde ese avance es más probable”, dijo el titular de Teatinos 120.

De acuerdo al Ministerio de Hacienda, esa agenda prioritaria está conformada por 10 iniciativas, las que se encuentran en distintas etapas legislativas. Allí incluyó el proyecto de permisos sectoriales; la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas; cabotaje; reactivación del turismo; la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo (Afide); concesiones marítimas y borde costero; patrimonio cultural; sistema notarial y registral; simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, y la ley que establece subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas.

Sin embargo, según lo anterior, no consideró dos proyectos que hasta ahora también formaban parte de las prioridades del gobierno en materia económica. Se trata de la iniciativa que reformula el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la de rentas regionales. Ambas eran parte del pacto fiscal anunciado a mediados de 2023 y también estuvieron dentro de los 21 proyectos de la agenda económica fast track lanzada en mayo de 2024.

Evaluación medioambiental

La reforma al SEIA se presentó al Congreso en enero de 2024 y comenzó su discusión en la Comisión de Medioambiente del Senado en marzo. Después de un año de debate, esta instancia legislativa lo despachó en enero pasado. Si bien su siguiente paso es la Comisión de Hacienda, esto todavía no se concreta.

Un aspecto central de esta iniciativa es la nueva institucionalidad que reemplazará a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) y al Comité de Ministros, que tenía como objetivo despolitizar el proceso, no obstante, las distintas propuestas del Ejecutivo no han logrado generar consenso.

La primera fue radicar las decisiones de ambas instancias en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), recayendo la tarea de la evaluación y la calificación de los proyectos en el director regional o nacional del SEA, según correspondiera.

Esa propuesta fue rebatida por expertos y el sector privado, que cuestionaron que, para eliminar el criterio político, no debía dejarse la decisión de las reclamaciones en manos de la dirección ejecutiva del SEA, designada por el gobierno de turno.

Dado ello, el gobierno ingresó una serie de modificaciones que apuntaban a consensuar ese aspecto clave del proyecto. La fórmula escogida fue incorporar un Consejo de Reclamación Ambiental, órgano colegiado que resolvería las controversias sobre los proyectos evaluados en el SEA, en tiempos acotados. Los integrantes de ese consejo serían elegidos por Alta Dirección Pública. Pero esa idea tampoco fue bien vista por los senadores de oposición, quienes la rechazaron.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente explican que están a la espera de que la iniciativa sea puesta en discusión por la Comisión de Hacienda del Senado, que tuvo en tabla otras materias como el proyecto de Ley de Fraccionamiento. Y agregan que la reforma al SEIA sí “está dentro de sus prioridades legislativas”, por lo que enfatizan que “vamos a trabajar para que sea aprobado en este gobierno, porque existe consenso en que el país lo necesita”.

Más autonomía para regiones

De rentas regionales, a regiones más fuertes. El gobierno le cambió el nombre al proyecto para darle un mayor impulso a la autonomía presupuestaria de los gobiernos regionales. En abril del 2023 se ingresó a la Cámara de Diputados y su discusión comenzó en mayo de ese año en la Comisión de Hacienda. Si bien avanzó en su tramitación, en agosto de ese año estallaron los problemas de financiamiento de las regiones con las fundaciones, lo que paralizó la discusión y poco a poco la iniciativa se fue quedando rezagada.

Pese a que Hacienda no puso a este proyecto dentro de sus prioridades, el presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera (PC), afirma que “respetando las urgencias que puedan llegar a la comisión, es un tema importante que se debe retomar y avanzar lo más que se pueda” durante este año legislativo.

Entre los ejes centrales que tiene esa iniciativa está el modificar las actuales fuentes de ingresos de los Gobiernos Regionales, particularmente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otras transferencias del Gobierno Central.

También se entrega una mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los Gobiernos Regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria.

Otro punto que se incluye en esta iniciativa es una mayor responsabilidad fiscal, junto a la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, y la participación ciudadana para resguardar la probidad en la función pública regional.