Hacienda logra aprobar levantamiento del secreto bancario con votos de la oposición, pero se enreda en el denunciante anónimo

Hacienda llegó con una serie de indicaciones para lograr que el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias contara con el apoyo de la oposición y el oficialismo. En parte ese objetivo lo logró, ya que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó con 9 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones los cambios que propuso al secreto bancario.

¿Cuáles fueron esas indicaciones? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue quien presentó las modificaciones. En este tema fueron tres los cambios que apuntan a aspectos que la oposición había pedido en la discusión de la mesa técnica entre los asesores de los parlamentarios con Hacienda.

La primera de ellas es que el procedimiento seguirá siendo judicial en su regla general y en el procedimiento especial. De esta forma, en el procedimiento general, de tener la oposición del contribuyente, será el SII el que deba acreditar la importancia de la fiscalización de la información bancaria ante un juez.

Además, se incorpora un procedimiento excepcional, donde el SII solicitará la autorización al juez de Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), sin oposición del contribuyente. Esto, se aplicará en casos de delitos tributarios, fiscalización a grupos empresariales, precios de transferencia, exceso de endeudamiento y control de rentas pasivas. En el texto original no existía esta limitación explícita en los casos en que se podía levantar el secreto bancario, sin que medie la oposición del contribuyente.

Pero dónde no tuvo la misma suerte fue en el denunciante anónimo. El Ejecutivo eliminó la recompensa para el denunciante anónimo, tema que había sido solicitado por la oposición. A la vez, mantuvo las sanciones por las denuncias maliciosamente falsas. También prohíbe otorgar la calidad de denunciante anónimo a los abogados que prestaron servicios en los tres años anteriores a la denuncia. Esto considerando que, por sus labores, pueden tener acceso a información.

La indicación que eliminaba la recompensa para el denunciante anónimo no tuvo una buena recepción por parte de los diputados del bloque del oficialismo, ya que cuestionaron el hecho de que no hubiera recompensa. “La norma está quedando bastante aguachenta”, dijo el diputado Jaime Naranjo del PS. Los reparos también llegaron por parte de los diputados oficialistas Jaime Sáez (RD), Boris Barrera (PC) y el independiente Carlos Bianchi. El argumento que más se repitió era que no hay incentivos para que se realice la denuncia y apuntaron que podría traer sanciones. Por esta razón, el bloque del oficialismo rechazo esa indicación.

Desde Hacienda enfatizaron en que el contribuyente no es sancionado por una denuncia infundada y que la sanción penal está reducida para quién ocupe esta herramienta para causar daño a otro.

La indicación con el cambio propuesta por Hacienda fue rechazada. Así, los diputados de la comisión debieron votar el texto original, el que solo avanzó con los votos del oficialismo y el rechazo de la oposición, que estaba alineada con la modificación presentada por el Ejecutivo.

La comisión también aprobó (con tres abstenciones) una norma que busca establecer la obligación de las entidades bancarias cuando un contribuyente reciba 50 o más transferencias dentro de un mes, o más de 100 abonos de un semestre de RUT distintos. Las instituciones deberán sólo informar el abono y el titular de la cuenta corriente y no quién realizó el abono ni el monto.

Pese a los reparos de los diputados, también se aprobó la norma que apunta a la obligación de órganos de la administración del Estado y municipalidades de exigir el inicio de actividades a las personas que realizan alguna actividad económica con estos. Esto, bajo el compromiso de que se especifique que esto sea así sólo en casos de que sea una actividad económica habitual, para no perjudicar las actividades excepcionales de, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro.

Si bien se esperaba que la votación fuera hasta total despacho, los parlamentarios decidieron continuar este martes en la mañana el análisis del texto. Para la jornada, uno de los temas importantes será la norma antielusión.

En este punto, el gobierno presentó cinco indicaciones. La primera de ellas regula expresamente la carga de la prueba, de forma en que será el SII quien deba acreditar el abuso o simulación del contribuyente. Aun así, el contribuyente deberá acreditar efectos económicos o jurídicos relevantes, o que la operación se encuentra amparada por la legislación tributaria.

Las indicaciones también apuntaron al Consejo Asesor Consultivo (CAC). Respecto a esto, se establece que el contribuyente siempre conocerá la opinión de este consejo y reconoce la posibilidad de presentar en juicio la opinión del consejo tanto al contribuyente como al SII. Asimismo, se indica que sus miembros serán remunerados con 50 UTM, y que, del total de siete miembros, tres serán escogidos por organismos externos (uno por el CFA y 2 por el Consejo de Rectores) y 4 por concurso.

Además, incorporaron indicaciones de gobernanza del SII, algo solicitado por la oposición ante las nuevas atribuciones que se le otorgaría. De esta forma, la norma incluye a los subdirectores al sistema de alta dirección pública, para que tengan mayor independencia en el ejercicio de sus funciones, y se crea una subdirección a cargo de contraloría interna y otra de tecnología de información.

Adicionalmente, se crean cuerpos colegiados a nivel nacional y regional, encargados de decidir sobre materias de interés institucional como querellas por sobre 1.200 UTA, aprobación de los avenimientos extrajudiciales, y decisiones que puedan tener impacto institucional. Se suman también medidas de mayor probidad funcionarias incluidas dentro de la PDI.

Este martes también se votará la norma que termina con la exención tributaria a importaciones menores a US$41, entre otras.

El plazo que maneja el Ejecutivo es que este martes el proyecto se despache de la Comisión y el miércoles lo comience a analizar la Sala de la Cámara de Diputados.