La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados comenzó analizar el proyecto que dejó ingresado el gobierno anterior y que tiene como objetivo regular los juegos online. Sin embargo, durante la sesión, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, quien expuso la iniciativa, solicitó a los parlamentarios poner en pausa la discusión, ya que el Ejecutivo realizará indicaciones a la iniciativa y además explicitó que se quiere abordar en conjunto con el tercer eje de la reforma tributaria: los impuestos correctivos.
De acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, la idea si bien es tramitarlo dentro del paquete de impuestos correctivos, se haría ingresando indicaciones al actual proyecto, ya que hay varios aspectos que consideran positivos, pero se indicó que hay margen para perfeccionarlo.
De acuerdo a lo señalado por la subsecretaria en la instancia legislativa, la idea de frenar la iniciativa les permitirá “estudiar y presentar los ajustes necesarios para abordar los desafíos diagnosticados en conjunto con todas las instituciones incumbentes, además de incorporar otras propuestas que surjan en la materia como, por ejemplo, la regulación de publicidad”.
En ese sentido, Sanhueza dijo que “la reforma tributaria presenta avances en temas vinculados al proyecto. Por ejemplo, crea un registro de beneficiarios finales que vuelve innecesaria la creación de un concepto propio de beneficiario final en el proyecto”. Además, se puede “aprovechar el debate a propósito de la ley de rentas regionales en relación al destino de los recursos”.
Y también mencionó que “se podrá avanzar en la discusión respecto de las facultades de investigación e iniciativa penal de los delitos vinculados a la explotación de plataformas en línea, en sintonía con la decisión que el Ejecutivo tome respecto de otros tipos de delitos en mercados regulados”.
La comisión si bien aceptó de manera unánime la idea de poner en pausa el proyecto, estipuló que no será de manera indefinida, sino que pusieron un plazo de un mes de manera de acelerar el trabajo del Ejecutivo y el ingreso de sus indicaciones.
El presidente de la comisión de Economía, Daniel Manouchehri (PS), afirmó que “el Ejecutivo ha dicho que quiere abordar de manera integral este proyecto. Para nosotros es importante introducir temas relevantes como impuestos para las comunas y regiones con casinos. La comisión resolvió posponer por 30 días la discusión a la espera que el Ejecutivo presente una propuesta”.
El proyecto
La iniciativa permitirá a sociedades que obtengan una licencia general de una duración de 5 años, renovable, o una licencia temporal por 6 meses, no renovable, la explotación de cualquier objeto de apuesta o juego de azar, a excepción de loterías y aquellos que contengan o transmitan gráficas, mensajes o sonidos que atenten contra el orden público, la seguridad nacional, la honra de las personas, o sean dirigidos a menores de edad.
Asimismo, las sociedades deberán ser constituidas en Chile e informar el origen de los fondos necesarios para explotar el negocio, detallar sus accionistas y beneficiarios finales, además de estar obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. Todo el que tenga una cuenta de usuario -que exigirá ser mayor de edad y RUT- podrá jugar. La fiscalización recaerá sobre la SCJ que ahora pasará a llamarse Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar.
La propuesta establece un impuesto específico, sustitutivo del IVA, de un 20% de sus ingresos brutos; un pago por licencia de 1.000 UTM al año para los que tengan una licencia general y 100 UTM para los que tengan una licencia temporal. Y si las Plataformas de Apuestas en Línea (PAL) tienen por objeto desarrollar apuestas deportivas, deberán entregar un 2% de sus ingresos brutos anuales a la Federación Nacional del deporte objeto de la apuesta. Además, las sociedades operadoras deberán gastar al menos un 1% de sus ingresos brutos anuales en acciones destinadas a la promoción del desarrollo de juego responsable.
Los usuarios también se verán afectos a un tributo: tendrán que desembolsar un 15% de sus ingresos obtenidos en esta actividad, al momento de retirar dinero desde su cuenta de usuario a su cuenta personal. Con todos estos cambios se pretende recaudar unos US$ 55 millones anuales en régimen.
La subsecretaria Sanhueza valoró varios aspectos del proyecto y también expuso algunos puntos a mejores. Entre ellos mencionó “el incorporar normas que busquen evitar conductas contrarias al juego responsable, como por ejemplo ofertas promocionales”.
También señaló algunos aspectos formales con respecto del procedimiento de postulación que son fáciles de eludir, como el número de accionistas.
Otro punto que destacó es el “factor de conexión en impuesto al “usuario”, el que no distingue domicilio/residencia del mismo, porque la amplitud es peligrosa desde el punto de vista de la extraterritorialidad de la potestad tributaria”.
Asimismo, detectaron “problemas de fiscalización de gravámenes de afectación (cómo resguardar el correcto uso del 2% a federaciones deportivas y 1% a programas de juego responsable)” y un débil intercambio de información con el SII” .
Modelo holandés
Durante la sesión, la superintendente de Casinos, Vivien Villagrán, expuso su visión al respecto y entregó como sugerencia mirar la experiencia holandesa para regular esta industria. Esa misma es la propuesta que tiene Dreams y que esperan exponer una vez que les corresponda.
Carlos Silva, fiscal de ese casino detalla cómo opera el modelo holandés: “En 2019, cuando Holanda definió su marco normativo para el juego de azar en línea, la autoridad de juego estableció que las plataformas ilegales quedaban imposibilitadas de obtener licencias por 33 meses. Así, junto con crear un sistema de licencias, se impuso este período de “cooling off” de dos años y nueve meses, durante el cual las plataformas que operaron ilegalmente, es decir, todas las que entraron en Holanda antes de la ley, se tuvieron que abstener de ofrecer juegos de casinos y apuestas deportivas en los Países Bajos y sólo después de demostrar que cumplieron con dicho plazo, pudieron aplicar a las licencias. Todo ello, manteniendo como delito la oferta de juegos de azar sin licencia”, explica Silva.
De acuerdo a su argumentación, estas reglas “demostraron ser un acierto ya que permitieron que el ecosistema de juego online, lanzado el 1 de octubre de 2021, comenzara a operar respetando los derechos de los consumidores, resguardando los datos personales, previniendo el lavado de activos y evitando la competencia desleal y los abusos”.
