Sin invitados. Sin otros ministros o subsecretarios. Solo el titular de Hacienda, Mario Marcel, estuvo en escena para presentar unos de los proyectos centrales del pacto fiscal. Se trata de la propuesta de cumplimiento tributario y que formó parte de la rechazada reforma tributaria en marzo de 2023.
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El gobierno hizo este anuncio a solo horas de que se comenzara a analizar y votar en general el proyecto de reforma de pensiones. Es que esta propuesta tributaria es el insumo principal para financiar el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y por ello, el anuncio está estrechamente unido a esta reforma.
De los 1,5% del PIB que presente recaudar, 1,2% irá a financiar las pensiones. El resto se orientará al financiamiento de materias de seguridad ciudadana. “De acuerdo a las estimaciones de costo que están contenidas en el informe financiero del proyecto PGU, es de 1,2% del producto, que se divide más o menos la mitad en el aumento del valor de la PGU y su universalización, y la otra mitad corresponde al costo fiscal del incremento de la cotización de los empleadores, tanto por el costo directo que asume el Estado empleador, por sus funcionarios, como por el efecto que tiene sobre el pago del impuesto a la renta, el hecho de que el resto de los empleadores del país asuman una cotización previsional adicional”, explicó Marcel.
En la presentación de este proyecto, el ministro dijo que el objetivo era tenerlo aprobado en mayo, para poder pagar el aumento de la PGU a partir de diciembre.
“En el Congreso mencioné el caso de mayo porque nos parece un plazo razonable para poder aprobar estas iniciativas. Esto tomando como referencia el tiempo que se tomó para votar los componentes de evasión y elusión en el proyecto de reforma tributaria anterior. Eso no lo podemos imponer, porque depende de la voluntad de los parlamentarios y parlamentarias, pero hasta el momento, lo que hemos escuchado es una coincidencia para mejorar la fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, argumentó el titular de las finanzas públicas.
Sin embargo, luego en la sala de la Cámara de Diputados, en la discusión del proyecto de pensiones amplió el plazo a junio. “En la medida en que ese proyecto sea aprobado dentro del primer semestre de este año, lo mismo que la reforma previsional, entonces el incremento de la PGU va a poder iniciarse en diciembre de 2024″.
Esta propuesta tiene siete ejes, pero algunos desde ya se anticipan más conflictivos en el trámite legislativo. Entre ellos están la creación de la figura del denunciante anónimo, el nuevo peso de la prueba de la norma antielusión y una nueva ventana para repatriar capitales.
Antes de comenzar a detallar uno a unos los ejes, el ministro hizo mención a los últimos escándalos de incumplimiento tributario: Factop, Primus y al “fraude más grande la historia”. “Todo eso da cuenta del daño que se produce a la economía y al país cuando hay brechas de cumplimiento muy altas”, sostuvo el secretario de Estado.
1.- Modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros
Entre las medidas que propone Hacienda está que la notificación por correo electrónico será la regla general en la relación entre los contribuyentes con el SII, Tesorería General de la República, Aduanas y Tribunales Tributarios y Aduaneros. Asimismo, habrá un nuevo procedimiento para el levantamiento del secreto bancario. Ahora será el contribuyente quien deberá presentar una acción judicial para oponerse al levantamiento y además el nuevo procedimiento es más ágil para cautelar debidamente los derechos del contribuyente y el interés fiscal. Y una modernización de los procedimientos judiciales creando el expediente electrónico y permitiendo mayores espacios para la conciliación.
2.- Control de la informalidad
Se impulsarán medidas como modificar el delito que sanciona el comercio clandestino y obligar a bancos e instituciones financieras a alertar cuando un contribuyente reciba más de 50 transacciones de distintas cuentas en un mes. Además, los proveedores de POS, las plataformas que permitan la venta de bienes o servicios de terceros y los organismos públicos deberán exigir el inicio de actividades. También se termina con al exención tributaria para bienes importados que tienen un valor menor a US$41.
3.- Delitos Tributarios
Para fortalecer la persecución, se incorpora la figura del denunciante anónimo “a partir del éxito en otras jurisdicciones”, y siguiendo el modelo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Asimismo, se incrementan sanciones a quienes faciliten o utilicen documentos tributarios falsos.
4.- Planificación Tributaria Agresiva
De acuerdo a Hacienda, con este proyecto se mejora la norma general antielusiva permitiendo una mejor aplicación e interacción con las normas especiales antielusión. Sobre este punto, el ministro afirmó que “junto con trasladar a sede administrativa la iniciativa para abrir un caso de norma antielusión se establece la obligatoriedad de que el Servicio consulte a una comisión técnica de siete integrantes que emitan una opinión sobre esa conducta y la acción que realizará el SII”.
De acuerdo a Marcel, “esto recoge experiencia de países como el Reino Unido, y nos parece que da garantía a los contribuyentes de mayor rigurosidad de la norma antielusión, pero, por otro lado, mayor agilidad a este procedimiento que actualmente se realiza en los TTA”.
De acuerdo al último borrador del pacto fiscal se trasmitió que la calificación en sede administrativa o judicial quedaría para la discusión parlamentaria, sin embargo, en la presentación del proyecto no fue así.
Consultado por esta modificación, Marcel dijo que eso se mantenía: “Estamos cumpliendo con lo que se señaló en el pacto fiscal. La calificación de la norma antielusión si es en sede administrativa o no, tiene que resolverse en proceso legislativo, pero para que eso funcione tiene que haber una propuesta. No podemos mandar una hoja en blanco al Congreso, y lo que hemos hecho es enviar una propuesta que no solo tiene referentes en la experiencia internacional, sino que buenos fundamentos”.
Sobre este punto, Marcel citó un reciente informe del CEP-Deloitte donde se muestra que experiencia internacional va en la dirección de la propuesta de Hacienda.
En cuanto a la creación de la comisión de expertos consultivos, Marcel precisó que estará integrado por profesionales del ámbito académico que no tengan conflictos de interés.
De acuerdo al coordinador tributario de Hacienda, Diego Riquelme, sostuvo que “los consejeros serán propuestos por el Coordinador del Consejo Asesor Consultivo, previo concurso público, y luego deben ser ratificados por el director del Servicio de Impuestos Internos”.
Con respecto a la posibilidad de que la opinión de este consejo sea vinculante, Riquelme afirma que “la experiencia internacional es clara: la participación de consejos o comités externos es siempre no vinculante para la administración tributaria”.
Se eliminan, además, espacios de planificación tributaria agresiva en donaciones a relacionados.
5.- Nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente
Otro eje apunta a la entrega de nuevas facultades para realizar acompañamiento a los contribuyentes y además educar sobre cumplimiento de obligaciones tributarias. Además, se incluye dentro de su rango de acción representar a los contribuyentes ante Tesorería o Aduanas.
6.- Regularización de obligaciones tributarias
Para que los contribuyentes puedan saldar sus deudas tributarias, se modifica el cálculo de la tasa de interés y se flexibilizan las condiciones para la suscripción de convenios de pago. También se permitirán tres medidas transitorias: repatriar capitales, término anticipado a juicios previo pago de deuda y la posibilidad de acceder a convenios de pago con condonación de intereses y multas.
7.- Fortalecimiento institucional y probidad
El fortalecimiento institucional tiene un impacto directo en la recaudación tributaria pues los recursos destinados a esta materia terminan generando un mayor incremento en la recaudación fiscal. Se fortalecerá la administración tributaria, la Defensoría del Contribuyente y se exigirá a los funcionarios encargados someterse a un alto grado de probidad.
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