Fue un tema de la pasada campaña presidencial, materia de análisis de las clasificadoras de riesgo crediticias y en la actual administración, un compromiso de campaña: se trata del control del crecimiento de la deuda pública, que, entre otras cifras, fue parte de la entrega del Informe de Finanzas Públicas ayer, por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) ante la Comisión Mixta de Presupuestos.

Según la proyección de la autoridad económica, al cierre del presente ejercicio presupuestario el saldo de deuda bruta del Gobierno Central totalizaría US$75.580,5 millones, lo cual equivale al 24,8% del PIB estimado para el año, mayor al cierre de 2017 que alcanzó a 23,6% del PIB (equivalente a US$68.936 millones), y muy lejos del 8,6% que registraba la deuda bruta en 2010. De hecho, constituye su mayor nivel en 25 años, desde 1993.

Como consecuencia de lo anterior, la Posición Financiera Neta (PFN) -que mide en endeudamiento neto contrastando los Activos del Tesoro Público versus el stock de deuda al cierre de un período, considerada la medición más "ácida" o exigente para ponderar el ítem- pasa desde un nivel de -US$38.771 de 2017 (equivalente a -13,3%), hasta un nivel de -US$49,942 millones, es decir, a -16,4% para el presente ejercicio. Esto, con un déficit efectivo para 2018 que aumentó a -1,9% (desde -1,7%) por el menor precio del cobre, y uno estructural de -1,8%.

¿Buenas o malas cifras?

Lo relevante según los expertos es que existen señales concretas de recomposición del escenario fiscal.

En ese sentido, el economista jefe de Itaú, Miguel Ricaurte, explica que aunque la deuda bruta sigue aumentado, "el incremento estimado para el cierre de este año es de 1,2 puntos del PIB, por debajo de los 2,3 puntos porcentuales de incremento entre 2016 y 2017 y los 3,6 puntos el año anterior.

En otras palabras, el ritmo de aumento va moderándose y eso es ya es un avance en la dirección correcta". Desde esa perspectiva, "lo importante es mantener esta senda de moderación para lograr estabilizar la deuda en la primera mitad de la próxima década, lo que permitiría poder hablar de disminuirla".

Holguras fiscales

Cumpliendo una de las obligaciones legales para el Informe de Finanzas Públicas, la Dipres entregó la programación financiera de mediano plazo, considerando 2019 como escenario base, y proyectando hasta 2023, donde se detallan los compromisos permanentes de la administración y se agregan las necesidades de financiamiento para la implementación del programa de gobierno.

Y así como el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés acuñó el concepto de "holguras negativas" que en otras palabras era decir que los compromisos eran mayores que los recursos disponibles dados las iniciativas del programa de gobierno, el informe expuesto ayer por Dipres da vuelta el escenario.

Sobre los supuestos hasta 2023 de un crecimiento promedio de 3,6% y un precio del cobre de US$3 la libra entre otras variables, además de la recaudación esperada por la implementación desde 2020 del proyecto de Modernización Tributaria y cumpliendo el compromiso de reducción del déficit estructural en 0,2% anual, la proyección prevé a partir de 2021 holguras que parten en US$1.631 millones (2021) y terminan en 2023 en US$3.080 millones.

Estos datos generaron la reacción de la oposición que demandó una definición del Consejo Fiscal Asesor respecto de la incorporación de ingresos transitorios (los de la reforma tributaria del Ejecutivo) en la programación de largo plazo.