Las negociaciones entre el gobierno, la oposición y el equipo asesor del Presidente electo, Gabriel Boric, por el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) siguen sin avances concretos. En paralelo a ello, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, defendió nuevamente ante la Comisión de Trabajo del Senado, donde se tramita la PGU, que el proyecto tiene el financiamiento asegurado, pero que se mantienen abiertos a incorporar nuevos mecanismos para destrabar la propuesta.
En ese contexto, el secretario de Estado, que estuvo acompañado por la directora de Presupuestos, Cristina Torres, y el ministro del Trabajo, Patricio Melero, anticipó que gracias al crecimiento económico que anotará la economía en 2021, habrá mayores recursos extras para el nuevo gobierno, los cuáles dan una mayor garantía de que se cuentan con los recursos para pagar la PGU en 2022.
De acuerdo a Hacienda, la nueva información disponible apunta a un mejor cierre fiscal de 2021 en términos de ingresos e implica una mejor base de proyección para los ingresos 2022. Para 2021, se revisó al alza la estimación de crecimiento del PIB desde el 9,5% proyectado en el IFP del tercer trimestre de 2021, hasta una expansión cercana a 12%, mientras que la proyección de crecimiento para 2022 se estimó en 2,5%.
Según explicó Cerda, el cambio de escenario permite adelantar mayores ingresos para 2022 por US$4.332 millones en comparación con lo proyectado en el último Informe de Financias Públicas. Con esto, los ingresos para 2022 pasan de US$63.108 millones estimados originalmente en la tramitación del presupuesto para este año, A US$67.439 millones en el ejercicio de actualización.
“Al estar creciendo más, lo que nos muestran las cifras de ejecución es que se recaudó mucho más y, por lo tanto, con ingresos tributarios más altos para el año 2022, hemos actualizado las proyecciones de ingresos para el fisco. Esto quiere decir que no solamente está disponible como fuente de financiamiento la provisión en el presupuesto, sino que además hay hoy día más de US$ 4.300 millones de mayores ingresos, que puede usar el gobierno electo para lo que desee, pero que nos entrega la tranquilidad de que el proyecto de Pensión Garantizada Universal está financiado para 2022 y que hay mayores bases de ingresos hacia adelante. Esto es muy relevante porque nos da más espacio para poder avanzar lo antes posible con esta iniciativa”, enfatizó el Ministro de Hacienda.
De esta manera, según detalló el Ejecutivo, a los US$7.500 millones de holguras fiscales que ya tendrá el próximo gobierno para sus cuatro años, se suman estos US$4.332 millones.
Pese a esta explicación, los senadores presentes como Juan Pablo Letelier (PS) y Carlos Montes (PS) mostraron su preocupación y llamaron nuevamente al gobierno a entregar nuevas fuentes de financiamiento, porque el problema que acusan es que, si bien puede haber financiamiento para los próximos cuatro años, se debe asegurar para un plazo de 50 años, y eso es lo que no está claro, afirman los legisladores. La comisión acordó votar el proyecto el próximo lunes.
Las negociaciones
Hoy la negociación está concentrada principalmente con el equipo del Presidente electo y están siendo lideradas por los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, quienes tuvieron distintas reuniones con los representantes de la oposición. Y si bien se ha incluido al resto de la oposición el foco está centrado en ellos. Por lo que de no llegar a acuerdo mañana jueves se seguirá adelante con la iniciativa.
Fuentes de La Moneda sostiene que en el comando de Boric han ido cambiando las reglas del juego. “Un día quieren royalty, nosotros exploramos esos cambios, pero al otro día quieren exenciones y nosotros las exploramos, pero quieren súper ricos y eso baja el financiamiento. Entonces no hay una postura en común”, admite un conocedor de las tratativas.
Desde el gobierno sostienen que lo que se buscará es hacer una última propuesta entre jueves y viernes, si no resulta, añaden las mismas fuentes, tomará sus propias decisiones y cada uno votará como estime conveniente.
Aseguran que, si esto no se logra votar en enero, el Presidente Piñera tiene la facultad de citar al Congreso a votar en febrero lo que se tiene considerado.
Recalcan que en el Ejecutivo se ha estado dispuesto en avanzar en exenciones y royalty para sumarlos al financiamiento, “pero ellos se cambiaron de propuestas en el camino”, dicen.
Desde el equipo de Boric sostiene que el gobierno sólo ha entregado “los titulares” de las propuestas, por lo que se “necesitamos un poco más de detalle”. En ese sentido, menciona que más que la oferta de avanzar en cambios al royalty lo que se propuso fue aumentar la recaudación por la vía de cambios a las patentes mineras. Este es un gravamen establecido por la ley, a beneficio fiscal, que anualmente debe pagar el dueño de una concesión minera, para mantenerla vigente y dentro de su patrimonio.
Asimismo, comentan que se están analizando nuevas exenciones que se pusieron sobre la mesa, muchas de ellas basadas en el informe de la Comisión Tributaria que lideró el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Entre ellas la eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP), Renta Presunta, limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2, entre otros, además de aplicar una sobretasa al impuesto territorial.