La situación del gasto público en Chile es compleja, de eso no hay dudas. Y ante ello, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha levantado la alerta por el incumplimiento en que el gobierno ha incurrido en sus propias metas fiscales. Esa llamada de atención quedó plasmada en el Informe sobre Desviaciones de las Metas de Balance Estructural que el organismo publicó esta semana.

El vicepresidente del CFA, Hermann González, profundiza en él y pone en perspectiva la importancia de que este año el Ministerio de Hacienda sí cumpla la meta fiscal comprometida. “Lo primero que llama la atención es que es un incumplimiento de magnitud significativa. Nosotros lo calificamos como extraordinario, porque el 2024 fue un año de condiciones macro relativamente normales”, dice como primera lectura.

El déficit estructural en 2024 fue 3,2% del PIB, lo que se traduce en una desviación de 1,3 puntos del PIB por sobre la meta de déficit de 1,9% fijada por el gobierno.

¿El factor principal que explica el incumplimiento de las metas fiscales fue la mala proyección de los ingresos?

-Las explicaciones pueden venir por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos o por ambos lados. En este caso, las explicaciones vienen por ambos lados, pero principalmente, y esto es lo que se discutió harto durante el año pasado, es que hubo una sobreestimación de ingresos fiscales. Donde uno encuentra las mayores diferencias están en la estimación de la Operación Renta 2024 y también hay un desvío que mencionamos que tiene que ver con la proyección de los ingresos del litio.

¿De cuánto fue la sobreestimación de ingresos?

-De acuerdo a nuestras estimaciones hubo una sobreestimación de ingresos fiscales de US$4.300 millones. Una magnitud significativa, que es 1,3 puntos del PIB. La alerta sobre la sobrestimación de ingresos el CFA por primera vez la mencionó en su informe del primer trimestre de 2024. Si bien no sabíamos cómo iba a terminar el año, sí advertimos sobre el riesgo que se estaba generando a partir de proyecciones de ingresos que se veían mayores y finalmente eso se concretó. El segundo factor, es que el ajuste del gasto que se hizo de US$800 millones fue insuficiente para cumplir la meta.

En su informe ustedes recomiendan hacer un ajuste adicional del gasto público de, al menos, US$1.500 millones. ¿Es factible de hacer dado lo que pasó en 2024?

-Es un número que no lo inventamos nosotros, es un número que surge a partir de las metas de balance estructural que fijó el propio gobierno. Este medio punto del PIB de ajuste es el que se requiere para que el gobierno cumpla las metas que él mismo se impuso.

¿Esa meta es la que está en el decreto, de -1,1% del PIB para el balance estructural?

- Sí, esa es la meta. Es bien importante de destacarlo, porque es la única meta que importa, porque no hay que confundir proyecciones con metas fiscales.

En su informe enfatizan que es “al menos” US$1.500 millones. ¿Por qué?

-Sí, lo decimos varias veces y es porque hay una discusión teórica, que también se ha dado dentro del Consejo, de si cuando hay un desvío, como el que hubo el año pasado, es suficiente o no con cumplir la meta del año siguiente, o hay que hacer un ajuste mayor, por ejemplo, para compensar el desvío del año anterior. Entonces, la primera razón por la cual decimos al menos US$1.500 millones, es porque eso supone cumplir la meta este año y supone olvidarse de 2024. Por eso en parte decimos que al menos US$1.500 millones para cumplir la meta del -1,1%. La otra razón es porque no estamos considerando en este cálculo y en las proyecciones, la necesidad de ir recomponiendo el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), por ejemplo, para lo cual se requeriría un meta aún más exigente de balance estructural. Reconocemos que es una tarea bien difícil el ajuste fiscal que se está proponiendo.

¿Es una meta compleja de cumplir?

-Por lo mismo, planteamos en el informe que se requiere para esto consensos políticos amplios. No es un llamado de atención solo a Hacienda, sino que el sistema político tiene que apoyar este ajuste si es que hay, obviamente, un convencimiento de la importancia de cumplir las metas de balance estructural, que nosotros sí creemos que es importante que ello ocurra. También hacemos algunas recomendaciones como no postergar este ajuste en el tiempo, porque en la medida que va pasando el año se hace más difícil cumplir con este ajuste.

¿Por qué es importante que se cumplan las metas fiscales propuestas?

-Nosotros hemos tratado de hacer un trabajo en esa línea de resaltar por qué es importante que las metas fiscales se cumplan. Tanto por el lado de la credibilidad de la política fiscal, que impacta a los mercados financieros, como por el hecho de que es necesario ir cerrando el déficit estructural para que la deuda pública sea sostenible, que creemos que es importante.

Dado el escenario de estrechez fiscal y de menores ingresos, ¿no sería mejor sincerar y cambiar la meta fiscal? Porque si no se va a cumplir, ¿qué sentido tiene tener una meta que finalmente no se cumple?

-El CFA piensa que lo mejor es hacer un esfuerzo por cumplir y hacer un Presupuesto que también sea alineado con la convergencia del balance estructural. Hay que hacer todos los esfuerzos por avanzar primero en esa dirección, antes de pensar en cambiar la meta o en rebajar la meta de balance estructural. Sin bien es cierto que tenemos en juego la credibilidad de la regla fiscal que está golpeada no por este gobierno, sino por el daño de incumplimiento, es importante que se hagan los esfuerzos por ir cumpliendo las metas y no ir cambiándolas en la medida que va pasando el tiempo.

El gobierno ha dicho en varias oportunidades que ellos están siendo fiscalmente responsables, ¿cómo lo evalúa?

-En mi opinión, porque no es algo que se haya discutido en el CFA, para hacer el balance de si este gobierno fue fiscalmente responsable es necesario ver si este año cumple o no la meta fiscal. ¿Por qué? Porque en 2022, que fue el primer año de esta administración, hubo un ajuste fiscal que venía del Presupuesto aprobado en el gobierno anterior, muy significativo, y eso permitió normalizar las finanzas públicas. En 2023, no teníamos meta fiscal, entonces no podemos evaluar si se cumplió o no la meta, pero se terminó con un déficit mayor a lo proyectado. Pero es una discusión abierta ya que no había meta, y en 2024 hay un claro y significativo incumplimiento de la meta estructural. Entonces, queda este año para hacer esa evaluación.

¿Cómo analiza el debate que ha generado el tema Corfo-Hacienda?

-Si nos remontamos a 2023, el Consejo Fiscal hizo varias recomendaciones cuando estaban los ingresos extraordinarios del litio. Más allá de la discusión que hay hoy día, que tiene distintas aristas desde el punto de vista fiscal, desde un principio lo que se recomendó fue que se ahorrara al menos una parte de esos mayores recursos, puesto que tenían el potencial de ser transitorios. Eso era lo más prudente desde el punto de vista fiscal.

¿Pero desde el punto de vista de la administración financiera y presupuestaria, es correcto lo que hizo el Ministerio de Hacienda?

-Sobre la discusión de esta semana tengo bastante claridad que estos ingresos son del Estado de Chile, son ingresos que vienen de la explotación del litio, que es un recurso natural del país. No son recursos que le pertenecen a Corfo, sino que, dados los contratos que tienen las empresas de litio con el Estado, resulta que pagan una renta de arrendamiento a Corfo y también pagan impuestos. Y que, por lo tanto, son ingresos del país estos que se están retirando de Corfo. Lo importante es que la opinión pública sepa que estos son ingresos derivados de la explotación del litio, son recursos del país. Son recursos del Estado de Chile porque vienen de la explotación del litio y tienen que estar disponibles para que el Ministerio de Hacienda, que es el que está cargo de las finanzas públicas, pueda hacer uso de ellos. Ahí yo no veo problema.

¿Suscribe entonces la explicación del ministro Marcel?

-No tengo una crítica respecto del retiro de estos recursos de Corfo. Correspondía que el Ministerio de Hacienda, que es el ministerio que está a cargo de las finanzas públicas del país, haya hecho retiro de esta utilidad. Son discusiones que se han ido cerrando bastante bien después de la intervención del ministro de Hacienda. Ahora, sobre la pregunta de en qué se gastó esta plata, la respuesta es bien simple: en las prioridades del Presupuesto del año, porque se gastaron para financiar seguridad, vivienda, salud, todo lo que está en el Presupuesto. En eso se gastó. Y no podemos saber, porque el dinero es fungible, cuánto se gastó en cada uno. Por otro lado, también podemos saber que, por ejemplo, no se ahorró en el FEES.

¿Fue una fuente más de financiamiento para el Presupuesto?

-El otro punto que resalta de esta discusión es que, como país, tanto el Congreso como Hacienda, los analistas, los medios, tenemos que comenzar a prestar mucha más atención en la forma en que se financia el Presupuesto. No sólo en cuánto es el gasto, cuánto crece el gasto y cómo se distribuye el gasto, sino que cómo se está financiando el Presupuesto. Esto es especialmente importante en un escenario de estrechez fiscal como el que tenemos hoy día y en un escenario en que tenemos una regla dual, que es algo relativamente nuevo, ya que eso fija un límite prudente de deuda. Entonces, se va a hacer todo lo posible por no aumentar la deuda, pero los recursos tienen que salir de algún lado.