Álvaro Jalaff Sanz (44 años) creía que su hermano cinco años mayor, Antonio (51 años), no se sinceró con su familia por completo, quizá por vergüenza o quizá porque su padre, Sergio Jalaff Escándar, entonces de 80 años, estaba delicado de salud. El patriarca de la familia, fundador hace dos décadas del grupo Patio, ahora un gigante inmobiliario, murió el primer día de julio de 2021. Entonces salió a relucir la verdad. “Antonio nos explicó su situación, que estaba muy endeudado, que lo habían estafado y todos nosotros lo apoyamos en ese momento”, dijo Álvaro Jalaff a la Fiscalía.

Hace veinte años, mientras su padre y su hermano Álvaro creaban e iniciaban la expansión de Patio, Antonio Jalaff vivía en España, invirtiendo junto a su suegro, Jorge Lería, en negocios inmobiliarias. Volvió a Chile en 2006 y ocupó diversos puestos en el grupo Patio, creando nuevos negocios y captando inversionistas. Tenía, también, un porcentaje indirecto en Patio, a través de la sociedad que fundó con su propio nombre: Inversiones San Antonio Limitada.

A los fiscales Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, Antonio Jalaff les contó en septiembre que siempre tuvo financiamiento de bancos, pero que, en algún momento, comenzó a operar con el mercado informal: era más rápido y expedito, dijo, y tenía líneas topadas en algunos bancos. Su hermano Álvaro -el cuarto de cinco- le presentó a Daniel Sauer, dueño de Factop, en 2008. Pero no operó solo con Factop, también lo hizo, con letras, pagarés o cheques, con muchas otras empresas: Tanner, E Capital, Siete Cumbres, Penta Financiero, Capital Justo, Fintrust. Entonces estaba viviendo en Estados Unidos.

En 2021, su situación se hizo insostenible. En septiembre reunió a un grupo de asesores y cercanos: su hermano Álvaro; Cristián Menichetti Pilasi (49), ingeniero comercial, ejecutivo de Patio desde 2004; excompañero de colegio de Antonio; el abogado Francisco Feres y el experto en reorganizaciones, Nelson Contador. Antonio Jalaff comprometió su patrimonio para una solución, firmó poderes para que actuaran y volvió a Estados Unidos. En abril de 2022, envió una carta renunciando a la dirección ejecutiva de Patio. Un mes después, entró a la búsqueda de una solución la gestora Larraín Vial.

Manuel Bulnes Muzard (54 años), director ejecutivo de Larraín Vial SpA, conoció a Álvaro Jalaff y Cristián Menichetti en 2016, cuando los gestores de Patio quisieron acercarse a la mayor administradora de inversiones local. Un año después, Larraín Vial y el grupo Patio se asociaron en GRI (Gestora de Rentas Inmobiliarias), un vehículo de inversiones mediante el cual controlan dos fondos de inversión.

Bulnes dice que en mayo de 2022 lo contactó Álvaro Jalaff para “evaluar la posibilidad de emitir deuda respecto de Antonio Jalaff, dejando en garantía sus acciones en sociedades que a su vez eran dueñas de forma indirecta del 5% de Grupo Patio, más el 2% de Grupo Patio que recibiría por la posesión efectiva de su padre”. En total, tenía cerca del 7%. Vía San Antonio.

Un mes después, Bulnes se reunió con Álvaro Jalaff, Menichetti y otros gestores de Patio. “Me preguntaron si Larraín Vial podía tener un rol en agrupar a los factorings acreedores de Antonio Jalaff”, recordó Bulnes. Entonces se involucró en el negocio otro Larraín Vial: Felipe Porzio Honorato (51 años), en la empresa desde 1997, hoy director de finanzas corporativas y jefe de un equipo de 18 personas.

A los fiscales, Porzio entregó, dijo, información confidencial: en junio de 2019, Goldman Sachs hizo una valorización económica de Grupo Patio: 17,5 millones de UF, proyectando una cifra de 23,5 millones de UF a 2023 y 43,2 millones de UF a 2027. Posteriores cálculos y operaciones de capitalización ratificaban cifras similares: en abril de 2022, un aumento de capital en Patio en el que entró Franco Mellafe Angelini -en el accionariado ya convivían los Jalaff, el empresario Eduardo Elberg, Óscar Lería y Paola Luksic- valorizó el grupo en 19,3 millones de UF. Las deudas de Antonio Jalaff ascendían a cerca de 700 mil UF, le dijeron a Porzio. Pero su patrimonio superaba holgadamente sus pasivos.

Los asesores de Jalaff, agregó Porzio, propusieron una fórmula: armar un fondo público en el que los acreedores aportaran sus acreencias a cambio de cuotas de inversión que les permitiría ingresar, indirectamente a la propiedad del Grupo Patio, con las acciones de Jalaff. Menichetti declaró que la idea de la creación del fondo fue de Larraín Vial Servicios Profesionales. Álvaro Jalaff dijo el 11 de diciembre que solicitaron a la gestora “evaluar alternativas de financiamiento, presentándonos una solución de mercado para un problema de mercado”.

El fondo sería administrado por uno de los brazos del grupo financiero: Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos, la que gestiona cerca de 80 fondos de inversión, con activos por más de US$ 3.500 millones. Su especialización son los activos alternativos.

A la operación, así, se fue sumando más gente: el hasta la semana pasada gerente general, Claudio Yáñez, y un directorio de cinco miembros formado por ejecutivos de Larraín Vial y cuyo presidente era el gerente de distribución de productos a terceros, Andrés Bulnes Muzard. Más todos sus asesores. “Se cumplieron todos los protocolos de Larraín Vial para este fondo, esto es a través de Barros y Errázuriz como abogado externo, la fiscalía interna, el auditor ARTL y el valorizador C&A”, deslindó Porzio.

En un chat grupal creado en mayo de 2022 por Manuel Bulnes, y en el que participaban ejecutivos de LV y los asesores de Antonio Jalaff, Claudio Yáñez propuso bautizar el vehículo de inversión como Fondo de Inversión Capital y Deuda, pero Felipe Porzio lo objetó: “Este fondo no tiene deuda, es lo que prometimos”. Menichetti propuso nombres con múltiplos de 90, como “varios de nuestros vehículos aguas arriba”, escribió en el chat al que fue agregado meses después. Yáñez entonces propuso la denominación final, un nombre, dijo, simple y autoexplicativo: Fondo Capital Estructurado.

Ese fondo tenía por objeto invertir directa o indirectamente, en títulos representativos de capital de la sociedad Inversiones Santa Teresita SpA y del Fondo de Inversión Privado 180, exaccionistas de grupo Patio. Y en deuda o capital en sociedades que participaran en ambos vehículos.

Lo resumió así Álvaro Jalaff. “Básicamente, este fondo permitiría pagar la deuda en Patio de Antonio con su participación indirecta, para lo cual los acreedores aportarían su créditos y Antonio su participación, a eso obedece lo que terminó siendo la serie A del fondo. Pero esta alternativa era insuficiente, ya que existían acreedores que no estaban dispuestos o no podían recibir esta serie, surgiendo la necesidad de la serie B. Ésta permitía levantar recursos para pagarle a este segundo grupo de acreedores, y así sacarlos de la ecuación”. Su hermano mayor complementó en su propia declaración: “Con ello, lógicamente, se extinguían mis deudas y los acreedores se deban por pagados”. E incluso quedaría con un remanente de dinero. “Alcanzaba con bastante holgura para pagar las acreencias”, recordó Claudio Yáñez, el exgerente general de la AGF Activos.

Porzio se reunió con varios acreedores de San Antonio. Algunos aceptaron la fórmula, otros no. Se juntó con Laurence Golborne, Gabriel Ruiz Tagle y Vittorio Arrigoni, pero declinaron participar: sus acreencias estaban garantizadas dos a uno y, así, la propuesta era más atractiva para otros acreedores, los valistas o los garantizados 1 a 1. Se reunió también con Tanner, con Fintrust y con Nuevo Capital. Los primeros cuatro aportantes fueron Nuevo Capital, Nanomed y Factop y STF, dijo Yáñez.

Pero la lista de acreedores era más larga. Un análisis contratado por ARTL, firmado por José Luis Muñoz, determinó que los pasivos de San Antonio sumaban $ 28.615 millones, de los cuales $ 9.286 millones correspondían a empresas relacionadas. Entre ellas figuraban Inversiones Patio SpA., una empresa donde participaban Álvaro Jalaff y Cristián Menichetti, con $ 3.151 millones.

Entre los no relacionados, el mayor era Factop, con $ 4.031 millones, la empresa de los Sauer.

El fondo, inicialmente creado para transformar deudas en cuotas, mutó a otra cosa. Y todo gracias a STF, la corredora de bolsa controlada por los hermanos Sauer y donde participaban Rodrigo Topelberg y Sebastián Somerville. Porzio declaró que en agosto de 2022 se reunió con Daniel Sauer, Luis Flores, gerente general de STF, y Álvaro Jalaff, donde le dijeron que “clientes de alto patrimonio en STF estaban interesados en invertir dineros en el fondo, para así participar de la propiedad de Grupo Patio”. Y que ellos plantearon la opción de crear una serie B para esos inversionistas. Los nuevos fondos serían destinados a comprar acreencias a otros acreedores de la sociedad de Antonio Jalaff. Todos los aportantes debían ser inversionistas calificados, que la CMF define como inversionistas institucionales, intermediarios de valores o personas naturales o jurídicas con inversiones financieras superiores a 10.000 UF (unos $ 380 millones).

Los documentos agregados en la investigación especifican que STF Capital aseguraba a sus inversionistas “un retorno equivalente a UF + 10% anual, en retorno mínimo, por un plazo de 24 meses”, se lee en una presentación. Aquello nunca ocurrió. “Por lo que entiendo, estos acuerdos privados nunca se firmaron entre STF y los aportantes”, declaró Menichetti. Lo mismo dijo todo el resto.

Los inversionistas de STF aportaron cerca de $ 7 mil millones. Otros $ 7 mil millones convirtieron deudas en la serie A. La cifra total, así, equivalía a la mitad de las deudas de Jalaff. “El fondo podía llegar hasta el monto total de la deuda. Sin embargo, solo llegó hasta $ 14.000 millones aproximadamente, monto final una vez adquiridos e ingresados los créditos”, declaró Yáñez.

Con los recursos obtenidos, el fondo creado por Larraín Vial compró deudas. Sin descuento, al 100% de su valor. Y ahí está uno de los orígenes de los reproches de la CMF y la Fiscalía. “Esos fondos terminan pagando deudas de entidades relacionadas a los mismos imputados originales”, dijo Juan Pablo Araya, fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente a Pulso, quien asegura que la serie A también tenía un contenido ilícito, ya que “permitía canjear deudas originadas en fondos provenientes de delitos por cuotas de un fondo de inversión pública”.

En su formulación de cargos de octubre, la CMF acusó que el objetivo del fondo fue “obtener recursos de los inversionistas de la serie B” para, sin una valorización adecuada, pagar principalmente deudas que San Antonio mantenía con Factop y con sociedades del propio Antonio Jalaff, su hermano Álvaro y su socio, Menichetti. La CMF dice que los hermanos Jalaff sabían que al menos parte de las deudas de San Antonio con el factoring de los Sauer “tenían su origen en la cesión fraudulenta de facturas”.

La CMF reprocha a Menichetti que el 23 de enero de 2023 instruyó a Claudio Yáñez la adquisición de créditos de Inversiones Patio, Inversiones La Vegas, de Álvaro Jalaff, y de Factop y STF. Menichetti niega cualquier ilícito: dice que Inversiones Patio, donde él tenía el 27% vía Inversiones Santa Cristina, prestó dinero a Antonio Jalaff para hacer frente a la renovación de deudas y el pago de intereses. Entre noviembre de 2021 y agosto de 2022, puntualizó, se hicieron 21 préstamos por $ 2.189 millones.

“Entre los créditos adquiridos había empresas relacionadas a San Antonio, lo cual estaba permitido y declarado en el certificado y en los acuerdos”, reconoció Claudio Yáñez.

“Ni yo ni mi sociedad personal, accionista de Inversiones Patio, recibió un solo peso del dinero que dicha sociedad percibió como consecuencia de la adquisición parcial de su crédito”, afirmó Menichetti.

Este viernes, Larraín Vial anunció dos cosas: primero, que firmó un acuerdo con 23 inversores de la serie B, que invirtieron $ 1.808 millones vía STF. Sin asumir responsabilidad en el entuerto, LV se comprometió a pagar $ 1.121 millones a todos ellos, quienes recuperan así el 68% de lo invertido.

Lo segundo, una querella por estafa contra los Jalaff, los Sauer, Flores y Menichetti. Larraín Vial acusa que, el verdadero objetivo de todos ellos, tras la creación del fondo, era “pagarse entre ellos mismos con los recursos de los aportantes, para así obtener fondos para sus propias empresas y solucionar maliciosamente sus graves incumplimientos”.

El fondo creado por LV invertía en deudas de Antonio Jalaff como una escala hacia el propósito final: una participación indirecta en el grupo Patio, la que, calcularon en un inicio, equivaldría al 3,87% como máximo, si todas las deudas se convertían en cuotas. La valorización de Patio se estableció en 19.057.059 UF (unos $ 730 mil millones). En el inicio del fondo, las partes se impusieron un plazo de 18 meses para traspasar las acciones de Patio al fondo, las que serían canjeados por su activo de “transición”: las acreencias de Antonio Jalaff. Ello porque se requería una compleja reorganización de las sociedades intermedias mediante las cuales Antonio Jalaff era accionista y que estaba detallada en los contratos del negocio.

Pero todo cambió a mitad de camino. El fondo Capital Estructurado comenzó a colocarse en enero de 2023 y terminó de hacerse poco antes de la intervención de STF por parte de la CMF, en marzo de 2023. Aquello, reclama Larraín Vial, debió ser alertado por la autoridad regulatoria al mercado. Si la CMF hubiese fiscalizado a tiempo, reclamaron los cinco ex directores de Larraín Vial Activos AGF en sus descargos a la CMF, “el fondo no se habría creado”. Tras la suspensión de la corredora, Luis Flores, de STF, visitó a LV y pidió una solución para los aportantes serie B. LV respondió que solo “habían estructurado el Fondo” y que la respuesta debía darla San Antonio, de Antonio Jalaff. Allá fue Flores, declaró a la Fiscalía. “De una forma muy violenta el señor Cristián Menichetti indicó que Inversiones San Antonio no tenía ninguna responsabilidad con los aportantes”, testificó el 9 de diciembre. Tres días antes, Menichetti había pedido declarar otra vez: “Yo no soy -ni he sido- representante legal ni de hecho, de la sociedad San Antonio Limitada”.

En la cronología sigue la caída de STF, luego la del factoring Factop y la querella de uno de sus socios, Rodrigo Topelberg, que en agosto de 2023 involucró por primera vez a los Jalaff con las facturas falsas. Álvaro Jalaff pidió un crédito de $ 5 mil millones al Banco Santander para comprar documentos falsos que, acusa, se emitieron sin consentimiento. La relación con sus socios se dañó y dejó sus cargos ejecutivos en Patio. Pero luego vino el audio indiscreto de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer donde hablaban de los Jalaff. Se activó la salida de los Jalaff de Patio y el 22 de diciembre se firmó un acuerdo de compraventa con un precio a pagar de 3.555.916 UF, a pagar en cuotas: un 45% al momento del cierre, más parcialidades hasta 2026. Pero Patio ya no valía los 19.057.059 de UF con el que nació el fondo, sino que se fijó una valorización por casi la mitad: 10 millones de UF. La empresa, como otras empresas de renta inmobiliaria, había perdido valor, dadas las alzas de las tasas de interés. Y eso dañó irremediablemente el fondo Capital Estructurado.

El negocio se cerró en abril de 2024: Inversiones Santa Teresita, donde participaban los Jalaff, Menichetti y otros socios, vendió su participación a los socios de Patio, las hermanas Paola y Gabriela Luksic, Óscar Lería y Eduardo Elberg. Luego entró Guillermo Harding. Pero el cierre lo trabó Rodrigo Topelberg judicialmente y luego LV.

Larraín Vial accedió a destrabar el negocio, pero a cambio de $ 882 millones y otros $ 2.700 millones por los pagos futuros de la venta de Patio. “Lo que se recibió a cambio de levantar la medida precautoria fue caja y también reconocimiento de deuda, cuyos deudores son sociedades ligadas a los nuevos accionistas de grupo Patio (Familia Lería, Luksic), vale decir una mucho mejor calidad crediticia que la que había previamente”, explicó Yáñez. “El fondo obtiene los mismos flujos que hubiese obtenido de haber capitalizado”, añadió. Quienes conocen el negocio dicen que, al final, al fondo le correspondía el equivalente al 2,05% de Patio.

Pero LV no ha renunciado a conseguir más. El fondo Capital Estructurado I tiene demandadas a las sociedades de Antonio Jalaff, en un arbitraje que dirige la abogada Patricia Núñez, exdirectora de Codelco y hoy en CAP y Salfacorp.

¿Y el fondo? Cuando se colocó el fondo, en marzo de 2023, el valor de cada cuota superaba los $ 35 mil. A septiembre, según los últimos balances, la cuota serie A vale $ 4.538 y la B, $ 4.511. Un 87,2% menos.