Sería caro pero no imposible implementar una política similar a una renta universal en Chile. Esa es la conclusión del centro de estudios Horizontal que hace más de un año ha estado diseñando y calculando una propuesta que, según sus estimaciones podría cambiarle la cara al país en términos de aumentar la formalidad y reducir significativamente la pobreza.

La medida, que detallan en un documento de 30 páginas, plantea un Ingreso Garantizado Universal (IGU) que consideraría un monto para todos los niños y adultos antes de jubilar, cuyo sueldo no supere los $500.000. Esta especie de bono universal sería de $30.000 en una primera etapa y beneficiaría a unas 13,6 millones de personas. A ello se agregaría un subsidio de empleo por hasta $70.000, que sumados a los $30.000 totalizarían $100.000.

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Este subsidio que iría variando a medida que la renta del beneficiado fuera subiendo sobre $500.000, se entregaría sólo con una declaración de remuneraciones, lo cual impulsaría la formalización laboral. Funcionaría como un suplemento para aumentar la remuneración por trabajo de modo que iría creciendo hasta llegar a su peak con un ingreso de $300.000, para ir decreciendo a medida que sube el salario teniendo los $400.000 como referencia en una fase temprana.

La primera transferencia de la propuesta tendría carácter de universal para evitar la burocracia que implica ir filtrando el acceso. “Además, con este beneficio se reconocería el esfuerzo de las mujeres que realizan labores dentro del hogar o de cuidado”, explica el director ejecutivo de Horizontal Sebastián Izquierdo. Por ejemplo, un hogar compuesto de los padres y dos hijos, obtendría $120.000 sólo por IGU.

Alto costo

Obviamente entregar un beneficio como éste significaría un alto volumen de recursos, admite Izquierdo, que estimó un costo anual de $6.953.543 millones, o un equivalente de US$9.300 millones.

Para ello propone eliminar algunos programas públicos que están mal evaluados o desfocalizados, según una evaluación realizada hace unos meses por el gobierno, y otros que tienen una lógica similar como el bono marzo, los subsidios de empleo joven y mujer, el subsidio único familiar y el Ingreso Mínimo Garantizado. “Estos últimos serían sustituibles porque esta política integraría a todo ese archipiélago de medidas, concentrando en una política pública bien diseñada y evaluada constantemente. Nuestras estimaciones dicen que si este ejercicio se hace de manera seria, rigurosa, sería posible financiar al menos la etapa uno sin necesidad de recursos frescos”, resalta Izquierdo.

De hecho, su ejercicio incorpora pasar a una segunda etapa con techo salarial de $500.000 para suplementar, y una tercera que aumentara el IGU a $50.000.

Este centro de pensamiento ligado a Evopoli y al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anticipa que una renta universal de estas características promovería la incorporación de más personas a la fuerza de trabajo (196.390 en una primera etapa) con el horizonte de obtener un ingreso más alto.. Y por otro lado, reduciría la precariedad de los hogares pues los No Pobres pasarían de un 91,4% de la población a un 99,1%.