Horizontal propone 16 medidas por crisis de fundaciones: incluye concursabilidad competitiva de fondos e implementar registro único

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió el miércoles con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en el marco de las conversaciones por un pacto fiscal, encuentro que tuvo como foco la modernización del Estado y se presentaron 18 propuestas para avanzar en este tema, donde destacan cambios a la forma de realizar transferencias de dinero a las organizaciones sin fines de lucro, reduciendo la discrecionalidad. Esto, en medio de las polémicas de las últimas semanas que comenzaron con el caso de la Fundación Democracia Viva y que se ha extendido a otras fundaciones en diferentes regiones del país.

“Es positivo que el ministro Marcel apunte a disminuir la discrecionalidad en la entrega de fondos públicos. Esta agenda podría partir por aplicar la concursabilidad como norma, extender normas de transparencia a fundaciones y estandarizar registros, sin necesariamente aumentar burocracia. No se trata de limitar el rol público de la sociedad civil, sino que fortalecerlo con un mejor control”, señala el director ejecutivo del centro de pensamiento Horizontal, ligado a Evópoli, Juan José Obach.

Sin embargo, añade que “lamentablemente, ninguna de las 18 medidas presentadas apunta a modernizar el empleo público. No olvidemos que uno de los problemas que subyace al caso Fundaciones es la designación de funcionarios por afinidades políticas y no por criterios técnicos. Para esto último, es fundamental crear un nuevo estatuto administrativo, separando a funcionarios de carrera de asesores de gobierno”.

En este contexto, Horizontal plantea sus propias 16 medidas para modernizar el Estado y salir de la crisis de las fundaciones, entre las que se incluyen temas de corto plazo, como aumento de la transparencia, hasta de más largo plazo, como cambios a la Contraloría.

El documento, al que tuvo acceso Pulso, señala que esta crisis “afecta gravemente la fe pública. No solo debe investigarse cada caso y asignar las responsabilidades penales, civiles y políticas que correspondan, sino que también deben identificarse aquellos aspectos de la gestión pública que fallaron para permitir un uso indebido de los recursos públicos, que son de todos los chilenos”.

Por esto, plantea que se debe avanzar en una agenda de modernización del Estado, que devuelva los niveles de confianza en el Estado, tenga un gasto público más eficiente y que sea “meritocrático”. Esos son los dos ejes en los que se agrupa la propuesta.

En el primer grupo y como medidas de corto plazo, el documento pide acelerar la tramitación del proyecto de Ley de Transparencia 2.0, el que está en el Parlamento desde 2018. Este incorpora una serie de nuevas normas que establecen, entre otros, que las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos del Estado deben acogerse a obligaciones de transparencia activa. Adicionalmente, incorpora a las asociaciones, fundaciones y corporaciones municipales dentro de los órganos regidos por Ley de Transparencia. Lo mismo hace con los poderes y autonomías estatales, como el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, entre otros. Por último, se introducen una serie de mejoras respecto de la normativa vigente, elevando las exigencias de probidad, información y transparencia en la administración del Estado.

Además, se plantea acelerar la tramitación del proyecto de Ley de Compras Públicas e Incorporar la concursabilidad competitiva de los fondos públicos asignados a instituciones privadas como norma. La competencia es un criterio de asignación ciego, abierto y anclado en el mérito, contrario a como ocurre con la mera discrecionalidad, puntualizan. Para ello, el Ministerio de Hacienda, junto al Congreso, debe realizar una revisión exhaustiva de situaciones en que la ley de presupuestos establezca criterios que arriesguen eludir injustificadamente el principio general de concursabilidad, competencia y transparencia en el uso de los recursos fiscales. De igual manera, se debe legislar para darle más fuerza y estabilidad en el tiempo a una disposición que hoy está vigente en la ley de presupuestos, la que solo tiene una vigencia anual, señalan en el documento.

También señalan que se debe Implementar un Registro Único de organizaciones privadas que reciben fondos públicos, administrado por el Ministerio de Hacienda, el que debe, entre otras cosas, contar con información detallada del giro, experiencia y gobierno corporativo de cada una de estas organizaciones.

Adicionalmente, postulan que se exija el cumplimiento de la ley que obliga a los servicios públicos a reportar la dotación de funcionarios, a partir de una mejor coordinación de la Contraloría y Dipres.

Otras medidas que plantea el documento de Horizontal requieren un mayor tiempo para su ejecución. Entre estas están la creación de una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas que evalúe la efectividad y eficiencia de servicios, programas y políticas públicas; incorporar en todos los programas recién creados cláusulas de cierre en base a su desempeño y/o gatillos que activen evaluaciones ex-post; modernizar a la Contraloría General de la República, convirtiéndola en un órgano colegiado en vez de unipersonal; e imponer a la CGR que notifique a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la falta de oportunidad, integridad y veracidad del contenido de la declaración de intereses y patrimonio.

También se aconseja establecer un canal de denuncia de corrupción electrónico y un sistema de protección a víctimas, testigos y denunciantes de corrupción, así, cuando quien realice la denuncia sea un funcionario público, este no podrá ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión de empleo o de destitución, o del término anticipado de su contrato, como tampoco ser trasladado de localidad, dependencia o función.

Respecto del empleo público meritocrático y los servicios autónomos, se indica que se debe adscribir al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) todos los cargos de primer y segundo nivel jerárquico, con el fin de que todo director de servicio sea elegido a través de un sistema transparente de concursos públicos y sea sometido a evaluación; transformar al Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) en un Consejo Autónomo del Servicio Civil (CASC); definir un sistema único de ingreso en base al mérito, con estándares exigentes respecto a las competencias necesarias para la función y promoviendo la eficiencia e igualdad de acceso para todos los ciudadanos.

Otro punto a considerar es evitar la politización de la decisión de remoción de los jefes de servicio de las instituciones y aumentar la estabilidad de los cargos directivos, aumentando a seis años la duración mínima de los cargos y prorrogables por una vez; crear un nuevo Estatuto Administrativo en el que existen solo dos estamentos de funcionarios, los funcionarios de carrera y asesores de gobierno; y, finalmente, estructurar a las instituciones administrativamente descentralizadas que fiscalizan, emiten dictámenes, normas, instructivos y/o pueden sancionar, como organismos con autonomía legal y dirigidos por consejos.

Desde Horizontal señalan que buscarán acordar una reunión con el ministro Marcel para presentarle las medidas.