El debate por una ayuda estatal a grandes empresas ya se instaló, y está avanzando. Mientras el ministerio de Hacienda ha destacado el rol de las empresas estratégicas, a raíz de la delicada situación financiera de Latam, los parlamentarios se han manifestado disponibles para llegar a un acuerdo en esta materia.

Las garantías estatales parecen ser una alternativa que gana terreno en Teatinos 120, pero esa es una vía aún en discusión. El consenso político es necesario como punto de partida.

Así, a medida que se retrasa esa medida, surgen distintas miradas al respecto. Gonzalo Sanhueza, de Econsult, sostuvo este lunes en Pulso que ya están atrasados para un plan: “Esta no es una política masiva a implementar de la noche a la mañana. No hay que esperar que las empresas estén en situación crítica”. El economista cree que “los países están usando todos los mecanismos, porque no hay uno solo que funcione para todas las empresas. En Chile hay bastante liquidez, por lo tanto el aporte con garantías probablemente será suficiente, pero lo más importante es que exista flexibilidad”.

En este contexto, el centro de estudios Horizontal, ligado a Evopoli, entra al debate con una fórmula para atender a este segmento de grandes corporaciones.

El documento elaborado Sebastián Izquierdo y Alfredo Maira, sugiere la creación de un fondo de capitalización financiado ya sea por una línea de crédito con aval estatal o por instrumentos de deuda o bonos convertibles en acciones, al que solo puedan optar aquellas grandes empresas de carácter sistémico que hayan experimentado problema de liquidez a raíz de la pandemia y que a su vez, vean agotadas sus opciones de proveerse de recursos en el mercado de capitales chileno e internacional.

La primera alternativa que propone Horizontal, emula de cierta forma la actual línea de crédito con aval estatal Fogape que funciona para las empresas de menor tamaño, y la segunda, en tanto, se traduce en una suerte de punto intermedio entre el aporte de capital en el que el Estado entra a la propiedad de la empresa y la deuda que contrae determinada empresa con el Estado a través de un bono, que luego puede convertirse en un porcentaje de la propiedad transitorio.

Para llevarlo a cabo, entonces, plantea la fijación de una serie de criterios de elegibilidad dentro del universo de empresas que componen este segmento, entre ellos, figuran: la exposición de la compañía frente a los efectos de la pandemia, su importancia para el país debido a su protagonismo en el sector en la cual se encuentra, y la cantidad de trabajos que esta genera.

Otro requisito debe ser demostrar un desempeño económico positivo y estable en el periodo previo a la pandemia que asegure su recuperación una vez pasada esta En cuanto al impacto, facilitar liquidez a través de herramientas de deuda podría traer consigo beneficios indirectos.

Según el estudio, la entrega de algún tipo de financiamiento por parte del Estado hacia una empresa privada sería interpretada por el mercado como otra buena señal que busca evitar su quiebra y, por ende, indirectamente, podría bajar el riesgo de la compañía. “El objetivo de un rescate es evitar la pérdida social que implica, como la pérdida de miles de trabajos y la destrucción de valor. Para esto, es necesario contar con mecanismos que aseguren que la ayuda esté dirigida a salvar la empresa y no a sus dueños”, señala.

Otro punto que es mencionado es la necesidad de asegurar buenas prácticas al momento de realizar el rescate financiero, evitando el riesgo moral que una acción de este tipo conlleva. “El objetivo de un rescate de esta naturaleza es evitar la pérdida social que el cierre de una gran empresa implica, como la pérdida de miles de trabajos y la destrucción del valor que esta crea. Para esto, es necesario contar con mecanismos que aseguren que la ayuda esté dirigida a salvar la empresa y no a sus dueños”, concluye.