El factor político será clave en cómo se desarrollen las conversaciones entre el sindicato N° 1 de Minera Escondida y la administración de la empresa, controlada por BHP.

Esto, dada la preocupación del gobierno por los impactos para la economía de una paralización de 30 días, que según estimaciones de la consultora Plusmining impactaría en US$ 690 millones a la firma. Este mensaje fue entregado ayer por distintas carteras, que apelan a que las partes lleguen a acuerdo en el marco de una mediación, instancia que sin embargo, el sindicato informó que no solicitará y frente a la cual la minera no se ha pronunciado.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a los resultados de la votación que terminó el miércoles por la noche, arrojando que el 84% de los trabajadores (1.955 personas) rechazaron la última oferta presentada por la minera, que incluye un total de bonos por $18 millones, la que fue aceptada por el 16% de ellos, 370 personas.

"Esperamos que las instancias se agoten para que se encuentre una solución negociada, y conversada y se evite la huelga (...). Esperamos que haya una mediación y que sea exitosa para evitar una huelga", señaló la autoridad.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, también realizó un llamado al diálogo, indicando que era necesario "agotar todas las instancias a fin de evitar una nueva huelga".

Ayer, en tanto, el sindicato fue claro e informó que no pedirá los buenos oficios, en espera de que la compañía de una señal de flexibilización al hacerlo. "Hasta el lunes estamos disponibles para sentarnos a conversar (...). El sindicato tomó la decisión de no pedir la mediación", dijo su presidente, Patricio Tapia.

La empresa, por su lado, respondió que la propuesta realizada era el mejor esfuerzo de la compañía, sin entregar claridad sobre si solicitará la mediación. Asimismo, instó a los trabajadores a reflexionar sobre las implicancias del pronunciamiento emitido por la Dirección del Trabajo, respecto a que los trabajadores que se descuelguen no podrán negociar en hasta 36 meses.

"Queremos que los trabajadores tengan claro que la última oferta se mantiene vigente hasta el 5 de agosto, posterior a esa fecha se perderán los beneficios de $2 millones por firma de contrato, de $1,5 millón por compensación del préstamo habitacional, además de la condonación de intereses a quienes tienen el beneficio habitacional vigente y las 500 UF ($13,6 millones) de préstamo de libre disposición para los que no cuentan con él", dijo el vicepresidente de Asuntos Corporativos y vocero de Minera Escondida, Patricio Vilaplana.

Frente a lo anterior, fuentes sindicales señalaron que un porcentaje de los trabajadores que votaron antes del pronunciamiento de la DT estaban "arrepentidos", por lo que esperaban que la firma entregara una nueva propuesta "maquillada".

Desde el mundo privado, en tanto, también existía preocupación y el llamado era al diálogo. Por ejemplo, Joaquín Villarino, del Consejo Minero, instó al gobierno a vigilar el respeto del estado de

Derecho

Mientras que el presidente de la Sonami, Diego Hernández, dijo que "esperamos que se agoten todas las instancias de diálogo".

Escenario de huelga

La compañía también señaló que dado a que el escenario de huelga es posible, está revisando los planes de contingencia para minimizar sus impactos.

"Una huelga en Escondida tendría efectos muy negativos para nuestros trabajadores y sus familias, la empresa, la región y el país. Todos perdemos en una huelga, esa fue la experiencia que vivimos en 2017 y creo que nadie quiere repetirla", indicó.

Según el socio y gerente general de Gemines Consultores, Tomás Izquierdo, al considerar que Escondida produce en torno al 20% del cobre del país, y que el metal pondera el 10,8% del PIB, "cada mes que está sin producir, resta 1,7 puntos al Imacec. Es decir, sin huelga por ejemplo, el país crece 4,8 en junio (Imacec). Si Escondida hubiera parado todo junio el crecimiento sería sólo 3,1%".

Fuentes de la industria minera con cálculos menos conservadores, indicaron que en la eventualidad de una paralización por 44 días, lo que dejaría de producir (Escondida) sería similar al año 2017, dado a que para este año se espera una producción del orden de 1.250.000 a 1.300.000 toneladas.

Sindicato aprueba nuevo fondo de más de $ 70 millones

"Vamos a tener que hacer un aporte", fueron las palabras que utilizó en una de las últimas asambleas el presidente del Sindicato de Escondida, Patricio Tapia a los socios, solicitando una cuota extraordinaria de $30.000 a cada uno, para formar un fondo por $ 73,35 millones destinados a quienes "se inmolen", en la denominada estrategia "B".

Lo anterior tiene que ver con que la mayor parte de los trabajadores se someterá al descuelgue al día 30 de la eventual huelga recibiendo $14,5 millones, mientras que la dirigencia, junto a un pequeño número de personas, se acogerá al artículo 342 del Código del Trabajo, que permite negociar en 18 meses más, manteniendo el sueldo congelado durante ese tiempo.

Dicha estrategia, a juicio del sindicato, permitiría tener un contrato individual para los descolgados y uno colectivo en 18 meses más, según el cual todos podrían volver a negociar.

Pese a lo anterior, la DT regional se refirió al tema, señalando que los descolgados sólo podrán volver a negociar en 36 meses.