Suele ocurrir que con la buena intención de proteger a las personas o trabajadores, se realizan normas, leyes o procedimientos que, en el mejor escenario, no solucionan nada. En el peor, termina siendo peor, perjudicando a las personas.
Uno de esos casos en los que la normativa será inocua es lo ocurrido esta semana en relación a los contratos por obra y faena.
Por mayoría de 128 votos la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que consagra la indemnización a los trabajadores contratados bajo la modalidad de obra o faena.
Tras siete años de tramitación, y luego de un acuerdo con el gobierno, se logró el avance de esta iniciativa que obliga al empleador a otorgar una indemnización al trabajador, al término de la obra equivalente a dos y medio días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días.
El Ejecutivo aceleró este articulado tras un consenso con el Senado que fijó una gradualidad en la aplicación de esta ley que recaerá en los nuevos contratos celebrados a contar del 1 de enero de 2019.
La intención del grupo transversal de parlamentarios que promocionó esta iniciativa legislativa, fue equiparar derechos a una serie de trabajadores que estaban en una menor calidad frente a otros grupos.
Pero pese a este fin, en la práctica no se logrará el objetivo. Esto porque los salarios se ajustarán al "nuevo valor" por una sola vez. No tiene ninguna utilidad, salvo para quienes perciban el sueldo mínimo.
Por lo tanto, parece pertinente recordar que el mayor beneficio a los trabajadores (y para los que buscan empleo) es el crecimiento acompañado de un adecuado marco normativo laboral.
