Traspasar a los bancos toda responsabilidad de cualquier fraude con tarjeta. Ese era el objetivo del proyecto que el Senado aprobó el año pasado, y que promete acabar con los seguros contra fraudes.
La votación de la Cámara Alta fue unánime. Parecía haber consenso absoluto entre los partidos en que éste era un proyecto que debía ser despachado, pese a la oposición de la banca. El presidente de la Asociación de Bancos, Segismundo Schulin-Zeuthen, durante la discusión de la iniciativa sostuvo que trabaría la bancarización, porque "están mal distribuidos los riesgos".
Pero luego el escenario cambió. En enero de este año los diputados de la Comisión de Economía aprobaron de forma unánime indicaciones que recogieron parte de las preocupaciones de la industria. Con esto acordado, el Gobierno le dio urgencia a la iniciativa, y el ministro de Economía, José Ramón Valente, puso en su agenda de este martes que asistiría a la Cámara a la primera sesión en sala que hacía el Congreso tras el receso de febrero, para oír la votación de este proyecto.
Finalmente la iniciativa fue pospuesta para ayer porque no alcanzó a ser vista, pero tampoco se vio, siendo sacada de la tabla y postergándose para la próxima semana.
La explicación de este traspié es que las indicaciones que aprobaron los diputados en enero habían pasado inadvertidas y al quedar expuestas esta semana causaron una polémica en el Congreso.
De partida, desataron la molestia en uno de los autores de la iniciativa, el senador Manuel José Ossandón (RN), que acusa que "esto cambia el espíritu del proyecto", y que "el ministro de Economía debe velar por el interés del público, no por el de los bancos.
El proyecto que salió del Senado justamente protegía a los clientes de los bancos, pero él se ha encargado de que se transforme en todo lo opuesto: en un proyecto de ley orientado a perjudicar a los clientes".
Si bien no hubo una respuesta desde el Ministerio de Economía, cercanos comentan que no son indicaciones realizadas por el Ejecutivo, sino por los diputados.
La preocupación se extendió a otros partidos. La bancada de la DC está evaluando crear una Comisión Mixta, lo que implica que no hay acuerdo para aprobar el proyecto, por lo que se crearía una comisión integrada por igual número de diputados y senadores para resolver las divergencias. Eso es lo que explica el diputado Gabriel Silber (DC), quien agrega que se debe "mejorar el proyecto, si no será finalmente un retroceso para los consumidores".
Por su parte, el senador Felipe Harboe (PPD), dice que "hay que revisarlo en detalle, porque recordemos que el incentivo de este proyecto es dar mayor protección a los clientes de bancos frente a eventuales fraudes por negligencia o falta de inversión de la banca, entonces no parece lógico (que se hagan estos cambios)".
La polémica indicación. En concreto, fueron tres los cambios que aprobó de forma unánime la Comisión de Economía mediante una indicación sustitutiva que "fue trabajada y consensuada entre el Ejecutivo y los diputados miembros de la Comisión y sus asesores", según dice el documento.
En primer lugar, permite que los bancos cobren un deducible de hasta UF 0,5 ($13.781) a los usuarios cuando son víctimas de un fraude, cobro que no estipulaba el proyecto inicial que fue aprobado en el Senado. Además, aumentó el plazo para que la banca pueda devolver el dinero robado al usuario, pasando desde los 3 días hábiles que proponía el proyecto original, a 7 días hábiles.
Pero la tercera modificación sería una de las más relevantes, a juicio de algunos parlamentarios, ya que se invierte la carga de la prueba. Esto, porque se les permite a los bancos devolver los dineros, pero se agregó una palabra: la restitución de fondos será "provisional". Esto quiere decir que si un banco determina que no hubo fraude, puede quitarle el dinero al cliente sin necesidad de tener la sentencia de un tribunal, como exigía el proyecto inicial.
Con todo, el informe de la Comisión de Economía relata que la jefa de asesores del Ministerio de Economía, Michele Labbé, al momento de dar lectura a las indicaciones previo su aprobación, observó que "con esto se le entrega el tiempo suficiente a las instituciones financieras para poder investigar la procedencia del fraude, pero pagando los fondos en el plazo de 7 días".
Los diputados que aprobaron la indicación fueron Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (FA), Sofía Cid (RN), Renato Garín (independiente), Harry Jürgensen (RN), Miguel Mellado (RN), Jaime Naranjo (PS), Alexis Sepúlveda (PR), Gabriel Silber (DC), Enrique Van Rysselberghe (UDI), y Pedro Velásquez (independiente).
