Indura y su exgerente general, Marcelo Torres, presentaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dos recursos de reposición solicitando acceso a los audios de las declaraciones de ejecutivos de Linde Gas Chile en el proceso de delación compensada. En sus escritos, en el marco del juicio por presunta colusión en gases industriales, ambos lanzaron duras críticas contra la Fiscalía Nacional Económica (FNE), cuestionando la integridad de la investigación y la validez de las pruebas presentadas.

Indura señaló que “la acusación de la FNE no tiene fundamento, y ha sido el resultado de una injusta y deficiente investigación que prosperó, únicamente, sobre la base de la delación mal habida de Linde”. En su presentación, además, acusó una tergiversación de hechos por parte de la Fiscalía, sosteniendo que “la FNE se sirvió de dicha tergiversación para traer ante este Tribunal una acusación desproporcionada y general”.

Uno de los principales reclamos de la defensa apunta al acceso restringido a la evidencia contenida en los registros audiovisuales de las declaraciones de Linde. Indura planteó que “¿Qué teme la FNE para negarse a la revelación de dichas declaraciones? ¿No debería la FNE acceder a exhibir –y, por qué no, a difundir– las declaraciones sobre las cuales basa su acusación? Su negativa sólo genera más dudas acerca de la transparencia y legalidad del proceso de delación que se llevó a cabo”.

En el mismo sentido, denunció que la Fiscalía incumplió con la entrega íntegra de los antecedentes investigativos, afirmando que “la decisión adoptada por la FNE de no acompañar oportunamente los registros audiovisuales referidos contradice el criterio expresado por este Tribunal”.

Por su parte, la defensa de Marcelo Torres apuntó que la actuación de la Fiscalía compromete derechos constitucionales, argumentando que “la resolución recurrida vulnera la garantía a la igualdad de partes, cuyo sustrato normativo se encuentra en los artículos 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República” y que, además, “priva a esta parte de acceder a los medios adecuados para la preparación de su defensa y que son pertinentes al juicio” .

Indura también criticó la falta de exhaustividad en la investigación liderada por la FNE, indicando que “el presente caso es un caso complejo con múltiples aristas que involucran, incluso, potenciales acuerdos anticompetitivos entre Linde y otra empresa del mercado que la FNE negligentemente dejó de investigar –¡¿Se conformaron con una ‘auditoría’ elaborada por la propia parte investigada?!–” .

Ambas defensas sostienen que el acceso a las grabaciones de las declaraciones es esencial para ejercer su derecho a una defensa efectiva y para poder observar y objetar la calidad de las pruebas presentadas en su contra. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia deberá resolver en los próximos días si acoge las solicitudes de reposición.

Indura y su exgerente general Marcelo Torres son representados por Claudio Lizana y Javier Velozo, respectivamente. Mientras que Linde Chile es asesorada por Ignacio Larraín.

Disputa

El 29 de abril de 2024, la FNE presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acusando a Indura, Linde y tres ejecutivos, de colusión, y solicitó multas por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos US$ 31,3 millones. Mientras que pidió aplicar una fuerte sanción a Indura y su exgerente general, solicitó que se eximiera de multa a Linde y sus ejecutivos, como premio por haber delatado el acuerdo.

Según la Fiscalía, el caso de colusión en el mercado de gases industriales comenzó a raíz de una reunión entre los gerentes generales de Indura y Linde Gas Chile en noviembre de 2019. De acuerdo a la FNE, en ese encuentro, ambas empresas acordaron no competir entre ellas y respetar los clientes de cada una, dividiéndose así el mercado de gases industriales, medicinales y especiales en todo el país.

La investigación de la FNE arrojó que este acuerdo, que se habría mantenido hasta enero de 2021, afectó a múltiples sectores productivos como la minería, hospitalario, la industria alimentaria y la acuícola, entre otros. Para mantener el pacto, las compañías evitaban participar en licitaciones, ofrecían precios más altos para no ganar nuevos contratos, e incluso se retiraban si un cliente mostraba interés en su propuesta.

La investigación comenzó formalmente en julio de 2019 luego de una denuncia, y avanzó gracias a interceptaciones telefónicas y allanamientos a las oficinas de los ejecutivos involucrados. Tras estos operativos, en enero de 2021, Linde decidió acogerse al programa de delación compensada, colaborando con la FNE y entregando antecedentes relevantes.