Un encarecimiento en su financiamiento podrían sufrir las pymes, estiman en la industria financiera, luego de la publicación de la nueva normativa de provisiones de la Superintendencia de Bancos (SBIF).
La nueva regulación establece un modelo estándar para el cálculo de las provisiones de la cartera grupal de empresas, y se explicita que el porcentaje de provisión mínimo de 0,50%, sobre las colocaciones y créditos contingentes de la cartera normal, debe cumplirse para el banco considerado individualmente, para su consolidado local (el banco solo con sus filiales en Chile) y para el consolidado global (incluyendo, además, las operaciones de sus filiales y/o sucursales en el exterior), según corresponda.
Según la SBIF, la nueva normativa tendría un costo de US$300 millones a nivel de industria, pues la provisión mínima implicaría para el sector constituir más provisiones para dicha cartera.
Ese monto representa cerca del 1% del patrimonio actual del sistema y un aumento del índice de provisiones de esta cartera de 3,7% a 4,7%, de acuerdo con cifras a diciembre de 2017.
En la banca, más allá de los costos - en su primer cálculo el déficit de provisiones llegaba a US$500 millones- apuntan a que el mayor efecto de la nueva norma se sentiría sobre las pequeñas y medianas empresas, pues la regulación señala que no se considerarán, para efectos del cálculo de la relación entre obligaciones y las garantías reales, aquellas asociadas a los créditos para la vivienda, independiente de las condiciones de sus cláusulas de cobertura.
Para los emprendedores su casa suele ser el activo más relevante, el cual es usado habitualmente como garantía a la hora de pedir un crédito. Pero la normativa de provisiones impide utilizarla si sobre ella se mantienen deudas hipotecarias. Es decir, si una persona debe el 1% de la casa, el otro 99%, que ya está pagado, no puede ser usado como garantía, dicen fuentes de la industria.
Así, estas nuevas exigencias implicarían una reducción o encarecimiento de la oferta de créditos -a pymes, hecho que se suma a lo ocurrido con la baja de la Tasa Máxima Convencional (TMC), mecanismo que ha sido tildado por la banca como el culpable de la desbancarización que se ha producido desde entonces.
Este modelo estándar para la cartera comercial grupal se suma a la normativa que entró en vigencia en 2016 y que llevó a desincentivar a los bancos a entregar créditos hipotecarios por más del 80% del valor de la vivienda, y a un incremento en el nivel de provisiones para este segmento.
Pero a estos cambios, se podrían sumar otros que implique costos adicionales para la industria. De hecho, la propia SBIF ha señalado que está estudiando incorporar un método estándar de provisiones para la cartera de créditos de consumo grupales, y para la cartera de deudores comerciales evaluados individualmente.
